Siete oficiales del Ejército, que estuvieron destacados en el Frente Huallaga y en el batallón contrasubversivo Nº 313, Los Laureles, están siendo procesados por la desaparición de Esaú Cajas Julca, Samuel Ramos Diego y Jesús Liceti Mego, ocurridas en mayo y noviembre de 1990.

El registro de las de las víctimas de la violencia política en la provincia de Huanta estará a cargo de la municipalidad, al suscribirse un convenio con el Consejo de Reparaciones, pues el pasado 25 de junio el módulo del Consejo de Reparaciones concluyó sus funciones en la zona.

Los nativos asesinaron a 12 de los 38 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones (Dinoes) cautivos al advertir que helicópteros de las fuerzas armadas sobrevolaban la estación petrolera Nº 6 y no necesariamente por las noticias propaladas por las emisoras radiales, según el reporte de un militar en la zona.

La Municipalidad del centro poblado menor de Putis, Asociación de Afectados y Víctimas por la Violencia Política, MPH, y la Asociación Paz y Esperanza, lanzaron la campaña "Ayúdame a construir mi campo santo", que tiene como objetivo proveer de un sitio de entierro digno para las víctimas de Putis.

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) suspendió a la vocal Nancy Ávila León, esposa del ex jefe de los procuradores, Moisés Tambini, y a otros dos vocales, por haber declarado prescrito el caso “El Frontón” al acoger el hábeas corpus presentado por el ex marino Teodorico Bernabé Montoya.

Veinte años después del cruel asesinato de ocho campesinos en Pucará, Junín, La Sala Penal Nacional empezó el juicio oral de 28 militares procesados por estos crímenes.

El presupuesto asignado al Consejo  de Reparaciones les permitirá seguir trabajando, con el mismo ritmo, solo hasta julio, pese a haber reducido ya el 30% de su personal.