 Aunque suene increíble, el ex mayor del Ejército y principal acusado de la matanza en la localidad ayacuchana de Accomarca (1985), Telmo Hurtado, anunció ante un tribunal norteamericano que recurrirá a la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas (Ginebra) a fin de evitar su extradición. |
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 El militar peruano retirado Telmo Hurtado, acusado de violación de derechos humanos en una masacre perpetrada en Perú en 1985, recurrirá a la Convención contra la Tortura de la ONU para evitar ser deportado por EEUU a su país. |
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Informe: LA SALUD MENTAL EN AYACUCHO IEn el 2007, Ayacucho registró más de 18 mil atenciones en salud mental. Se trata de secuelas dejadas por la violencia sufrida por una población que, sin embargo, sobrevive. Aquí sus historias. |
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Informe. LA SALUD MENTAL EN AYACUCHO II"Alguien limpia la celda de la tortura/ lava la sangre/ pero no la amargura", escribió Mario Benedetti. Los montes verdes y repoblados de los distritos de Huanta, Huamanguilla, Iguaín son una postal preciosa, casi bucólica, que se conserva en el alma. |
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 Ya culminaron las exhumaciones en la tercera fosa común que se encontró en la localidad de Lloccllapampa, Accomarca, donde estuvieron enterrados más víctimas de la masacre en dicha zona del país, informó el jefe del Instituto de Medicina Legal (IML), Luis Bromley. |
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 La Oficina de Migraciones de Estados Unidos definiría aún en abril si expulsa o no de dicho país al ex comandante EP (r) Telmo Hurtado Hurtado, principal responsable de la matanza de 69 campesinos en Accomarca (Ayacucho) en 1985. Así lo informó a Correo la abogada de los deudos, Karim Ninaquispe. |
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Por terrenos del Ministerio de Justicia destinados víctimas y familiares de casos de violación de DDHH que están en la CIDH
 Rosa Pallqui Medina, esposa del periodista desaparecido en 1984 en Ayacucho, Jaime Ayala Sulca, denunció que un grupo de invasores de terrenos, liderados por Walter Avilés Huatupo, la amenazaron de muerte a ella y a otros familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos e invadieron sus precarias viviendas de estos beneficiarios, entre viudas y huérfanos, cuyos casos están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el Estado peruano tiene un compromiso firmado de reparaciones, siendo dicho terreno parte de ellas. |
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