Un juez de Estados Unidos emitirá en marzo el dictamen sobre la demanda civil presentada contra el ex militar peruano Telmo Hurtado Hurtado, acusado de violación de derechos humanos en una masacre perpetrada en el Perú en 1985, informó Almudena Bernabeu, abogada internacional del CJA.

 

La profesional del Centro de Justicia & Responsabilidad (CJA, por su sigla en inglés), organización que entabló la demanda, dijo a EFE que el lunes concluyó la presentación de los testimonios de dos víctimas y de expertos en un tribunal de Miami.

"En unas dos semanas vamos a presentar los argumentos de cierre y los fundamentos jurídicos. Después el juez emitirá su dictamen y creo que todo (se hará) en los primeros días de marzo", declaró Bernabeu.

El CJA, con sede en San Francisco (California), presentó la acción judicial en nombre de Teófila Ochoa Lizarber y Ciria Pulido que acusan a Hurtado y a otro ex militar, Juan Rivera Rondón, de presuntos asesinatos extrajudiciales, tortura, crímenes contra la humanidad y de guerra.

Ochoa perdió seis miembros de su familia en la masacre, incluyendo a su madre y cinco hermanos, mientras Pulido reclama por la muerte de su madre y un hermano.

"La gente está muy contenta porque el juez fue muy receptivo a la presentación de las pruebas", destacó la abogada.

La demanda fue interpuesta bajo las leyes de Demandas Civiles para Extranjeros y de Protección para Víctimas de Tortura para víctimas de violaciones de derechos humanos y se entablan ante tribunales de Estados Unidos.

Ochoa y Pulido regresarán al Perú para estar presentes en la exhumación de dos fosas comunes que se efectuará en Accomarca, en el sur de la nación andina, donde se registró la masacre en la que fallecieron 69 civiles.

"Eso es en el contexto del caso criminal que se está llevando a cabo en el Perú contra Hurtado y en el que todavía se están practicando diligencias", precisó Bernabeu.

Las dos mujeres, que buscan una compensación por daños, testificaron el lunes contra el mayor peruano que estuvo brevemente en el tribunal esposado y con el uniforme de prisionero.

Hurtado cumplió en enero pasado con una condena de seis meses de prisión por mentir en su solicitud de un visado estadounidense, tras ser sentenciado en julio del año pasado en un tribunal de Miami.

Ahora está bajo custodia del ICE mientras se tramita su deportación al Perú.

Hurtado rechazó participar en el juicio, escuchar los testimonios e invocó su derecho a acogerse a la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lo protege de tener que testificar contra sí mismo.

Ambas mujeres dieron un emotivo testimonio sobre la masacre que habría sido el resultado del llamado Plan de Operaciones Huancayoc, llevado a cabo por el Ejército para combatir la subversión en el distrito de Vilcashuamán, al que pertenece la comunidad de Accomarca.

También testificaron Eduardo González del Centro Internacional para la Justicia de Transición y uno de los autores del informe de la Comisión de la Verdad de Perú.

González describió cómo las unidades de patrulla militar, incluyendo una que lideraba Hurtado, forzaron a los pobladores de Accomarca a salir de sus casas y llevaron a muchas de las mujeres a un campo cercano y las violaron.

Después obligaron a los civiles a entrar a un edificio, abrieron fuego y quemaron la edificación con las personas adentro, según el testigo.

El ex senador peruano Javier Diez Conseco subió al estrado y testificó sobre las declaraciones que Hurtado hizo ante una comisión de investigación del Senado en 1985 en defensa de su papel en la masacre.

Hurtado admitió, según el testigo, que había lanzado una granada al edificio donde había mujeres, niños y ancianos y sintió que sus acciones estaban justificadas bajo las órdenes que había recibido de "capturar y destruir" al enemigo.

El ex militar tenía sospechas de que los pobladores colaboraban con la banda maoísta Sendero Luminoso.

Hurtado fue detenido en Miami en el 2007 y acusado de suministrar información falsa para lograr la aprobación de la visa al declarar que "nunca había sido detenido" o "condenado por un delito".

En 1986 fue acusado de "homicidio, negligencia y desobediencia" por su implicación en la matanza y lo condenaron en Perú en 1993 a seis años de prisión.

Dos años después recibió una amnistía que luego quedó derogada en el 2002.