El juicio fue entablado bajo el Estatuto de Delitos Extranjeros y Ley de Protección de Víctimas de Tortura, que permite a ciudadanos de otros países iniciar juicios por violaciones del derecho internacional si el acusado vive o posee bienes en Estados Unidos.

 

Hurtado llegó a Estados Unidos en 2002 y recientemente cumplió una condena de seis meses en una prisión federal en Miami por mentir al solicitar su visa. Sigue preso mientras se ventila un pedido de deportación en su contra. Rondón vivía en Montgomery, Maryland, desde principios de los 90 y está preso en ese estado bajo cargos inmigratorios.

Hurtado asistió brevemente a la audiencia, pero se le permitió salir después que dijo al juez federal Adalberto Jordán que carecía de representante legal y no quería participar.

El Centro por la Justicia y la Responsabilidad, un grupo defensor de derechos humanos con sede en San Francisco, inició los juicios en Miami y Greenbelt, Maryland, en nombre de Ochoa y Cirila Pulido, quien tenía 12 años cuando los soldados mataron a su madre y hermano. Acusan a los es oficiales de crímenes de guerra, tortura, crímenes de lesa humanidad y matanza ilegal, y solicitan indemnizaciones por montos no especificados.