La Sala Penal Nacional declaró nula la denuncia que la fiscalía especializada de Derechos Humanos de Ayacucho presentó el 2006 contra el ex jefe del Comando Político Militar de Ayacucho general Adrián Huamán Centeno y el jefe de la base contrasubversiva de Huanta, Augusto García del Barco, por delitos de lesa humanidad, entre ellos, la desaparición del corresponsal de La República Jaime Ayala Sulca.

El tribunal estableció que la fiscalía no cumplió con precisar las acciones y cargos específicos que se imputa a dichas personas en las desapariciones y asesinatos denunciados, pues no basta, precisa, para abrir proceso judicial que hayan dirigido la lucha contrasubversiva en Ayacucho en la época en que sucedieron los hechos a que se refiere la denuncia.

Con ese argumento, el tribunal devolvió el expediente a la fiscalía para que amplíe las investigaciones y formule una nueva denuncia contra los mismos personajes u otros que resulten responsables de los delitos ocurridos en Ayacucho, como la desaparición del corresponsal de La República.

En la misma resolución, la Sala Penal absolvió al ex jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar Alberto Rivero Valdeavellano al precisar que este no se encontraba en Ayacucho en la época en la que sucedieron los hechos que se le atribuyen, entre julio y agosto de 1984, por lo que no se le puede atribuir responsabilidad penal.

Karim Ninaquispe Gil, abogada de la familia Ayala Sulca y otras víctimas, consideró contradictoria la resolución del tribunal. "Por un lado los magistrados dicen que en la denuncia no existen indicios para establecer la responsabilidad de Rivera Valdeavellano, mientras en otro consideran que no cumple con las formalidades exigidas por ley y la declaran nula, es decir, para exculpar a Rivera la denuncia está conforme a ley, pero en el caso de Huamán Centeno y Gabilondo García la declaran nula", afirmó la abogada Ninaquispe.

Instancias internacionales

Karim Ninaquispe, quien también patrocina a los familiares de Cirilo Barboza, Graciela López Medina y Juan Medina Garay, afirmó que agotarán todos los recursos legales para que se investigue y procese a los responsables de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que se produjeron en Huanta en 1984: la desaparición de Jaime Ayala, la ejecución de seis evangélicos y la matanza de Pucayacu.

"La investigación del caso Jaime Ayala así como las de las demás víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial perpetradas en el estadio de Huanta están debidamente acreditadas. La Sala Penal ha dado la espalda a la verdad y a todas las pruebas que existen sobre los delitos de lesa humanidad que se cometieron en este lugar. Agotaremos todas las vías legales y de no encontrar justicia en el Perú acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", advirtió la abogada Karim Ninaquispe.