La fiscal superior Carmen Ibáñez Carranza pidió una pena de 30 años de prisión para siete ex miembros del Ejercito al acusarlos de las desapariciones forzadas de 54 personas en el cuartel militar Los Cabitos, en Ayacucho. Así lo informó ayer la abogada Karim Ninaquispe, representante legal de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq, que defiende a las víctimas.

La acusación fiscal responsabiliza de torturas, desaparición forzada y asesinatos de 54 personas al ex presidente del Comando Conjunto de las FFAA en 1983 Carlos  Briceño Zevallos y a los integrantes de la 2da División de Infantería de Ayacucho, Julio Carbajal Dangelo, Carlos Millones Destefano, Roberto Saldaña Vásquez y Humberto Bari Orbegoso.

Además, a Pedro Paz Avendaño y Arturo Moreno Alcántara, jefes de la Casa Rosada, como se conocía en Ayacucho, al centro de detención de la inteligencia militar.

Argumenta la fiscal que dichos personajes ejercían el control político-militar en la zona de Ayacucho durante el año 1983, por tanto son directos responsables de las atrocidades y crímenes que se cometían dentro del cuartel Los Cabitos.

Los cuerpos de las víctimas eran luego enterrados, con la intención de ocultar los crímenes, en  tumbas clandestinas en un terreno anexo al cuartel, donde peritos del Instituto de Medicina Legal de la fiscalía  realizan excavaciones y exhumación de cadáveres.

Entre los desaparecidos se encuentra Eladio Quispe Mendoza, esposo de la activista ayacuchana Guadalupe Ccallocunto Olano, quien tambien fue secuestrada y desaparecida en 1990.

El dato

Restos. Hasta la fecha se han encontrado más de 100 cuerpos de  niños, mujeres y hombres en el cuartel Los Cabitos, el principal centro de reclusión, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada de civiles en Ayacucho.