La abogada de los deudos de la matanza de Accomarca, Karim Ninaquispe, advirtió ayer a LA PRIMERA que existe un “entendimiento” entre gobernantes y militares del Perú y Estados Unidos para boicotear la extradición del teniente del Ejército Telmo Hurtado, el ex militar sindicado como el principal responsable del asesinato de 69 comuneros de la localidad ayacuchana de Accomarca en agosto de 1985.
“Existe un entendimiento entre los gobiernos y las Fuerzas Armadas de ambos países para no traer a Telmo Hurtado, incumpliendo una resolución judicial de extradición. La orden para traerlo fue aprobada en mayo pasado y hasta el momento el principal responsable de esta matanza no puede ser juzgado. Quieren ocultar un hecho criminal ocurrido durante el primer gobierno de Alan García. Tres agentes de Interpol Perú están listos, tienen sus pasajes y hasta viáticos, para viajar a Miami y escoltar a Hurtado hasta nuestro país, pero no pueden hacerlo porque siguen esperando la orden política del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos para traerlo”, sostuvo la letrada.
Asimismo, Ninaquispe denunció que existe un gran hermetismo y “un silencio cómplice” de nuestras autoridades, que no quieren informar las acciones que realiza el Estado peruano para lograr la extradición de Hurtado, detenido en la prisión federal de Miami desde el año 2007.
Por ello, la abogada anunció que hoy martes los deudos del caso Accomarca acudirán a la Embajada de Estados Unidos en el Perú y demandarán información oficial sobre la demora en la extradición. Irán también al Palacio de Justicia y la Cancillería.
“El gobierno y los militares obstaculizan a la justicia para ocultar un crimen perpetrado durante el primer régimen de Alan García”, apuntó Karim Ninaquispe, la representante legal de los deudos de la matanza de Accomarca.
DETALLE
En el mismo caso, el Consejo de Ministros tiene encarpetado el pedido a Estados Unidos de la extradición del subteniente David Castañeda, acusado de haber dirigido la patrulla “Tigre” que se encargó de bloquear las salidas del poblado de Accomarca para evitar que ningún campesino saliera de la zona donde ocurrió la masacre. Castañeda está acusado de los delitos de asesinato y desaparición forzada.
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