Accomarca. Para que no se repita

Son veintitres los años que han transcurrido de la masacre de Accomarca, y los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de tan abominable crimen aún no tienen un real acceso a la justicia. Hasta el momento, apenas diez víctimas han sido plenamente identificadas en el marco de las investigaciones que realiza el Tercer Juzgado Supranacional sobre el caso. Y es que las malas condiciones en las que han sido encontrados los cuerpos de algunas víctimas y la difícil ubicación de las fosas comunes en las que fueron enterradas, no permiten a los forenses identificar con prontitud y en su totalidad a los setenta comuneros asesinados entre el 14 de agosto y el 13 de setiembre de 1985.

Y por si fuera poco, la falta de competencia y sensibilidad de las autoridades judiciales para concluir con las exhumaciones correspondientes a la investigación extiende innecesariamente el proceso penal. Proceso que, por cierto, ya tiene más de tres años. En tanto, los deudos esperan enterrar a sus muertos, aun cuando es muy probable que diez familias jamás puedan recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Así, el dolor que atañe haber perdido a una madre, un hijo o un hermano, o casi toda una familia, difícilmente podrá ser paliado.  

Familiares exigen sanción a Juan Rivera Rondón.

El 31 de mayo de 2005, el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial aperturó proceso penal en contra de 29 personas implicadas en la matanza de Accomarca. Entre los denunciados se encontraban el entonces voceado candidato presidencial Alan García Perez, altos mandos militares, personal subalterno y, desde luego, los oficiales Juan Rivera Rondón y Telmo Hurtado Hurtado. Tras recoger la denuncia que formalizó en febrero del mismo año la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho a partir de las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el juez Walter Castillo comenzó a recabar declaraciones de los denunciados, testigos de la masacre y familiares de las víctimas, así como ordenar la exhumación de tres de las siete fosas que habían sido señaladas por la CVR. Sin embargo, pese a las pruebas que había presentado el Ministerio Público, el Dr. Castillo excluyó del proceso al actual presidente Alan García, a Jorge Flores Torres (ex Ministro de Guerra), a Sinesio Jarama Dávila (Ex Jefe de la Segunda Región Militar) y a Cesar Enrico Praeli (Ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas).

Polvo, cenizas y dolor

Telmo Hurtado Hurtado

En mayo de 2006 se llevó a cabo la primera jornada de exhumaciones en tres de las siete fosas desenterradas en 1985. Los peritos del Equipo Forense Especializado de Ayacucho recuperaron los restos de Juliana Baldeón García (80), en la fosa llamada Apuspata; de Pastor Gómez De la Cruz (81) y Gerardo Ochoa Lizarbe (10), en Hatumpampa, y de María Baldeón Reza (58) y Jose Chuchón Janampa (66), en Huancayoccpampa.

El Informe Medico Legal Nº 011-85-JUS/IMLP de 1985 determinó que los restos encontrados “pertenecían a individuos que habían muerto como consecuencia de acciones violentas, y en los que se apreciaban lesiones destructivas en los huesos de la cara, tórax y abdomen producto de la acción de una fuerza expansiva y del fuego”. Luego de veintiún años, los restos que fueron hallados estaban en similares condiciones.

A pesar de ello, tres víctimas fueron identificadas plenamente sin que fuera necesario realizar prueba de ADN alguna. En cambio, los restos de Pastor Gómez y el niño Gerardo Ochoa tuvieron que ser sometidos al mencionado examen para obtener diferenciaciones individualizantes, puesto que ambos fueron encontrados en la misma fosa. Recientemente Gómez ha sido identificado, mientras los resultados acerca del menor pronto serán difundidos.

De otro lado, los restos de Juliana Baldeón, Jose Chuchón y María Baldeón fueron devueltos a sus respectivos familiares el año pasado. Sin embargo, hasta hoy dichos restos se encuentran en un ambiente especial de la municipalidad de Accomarca a la espera de que se acabe con la exhumación de todas las fosas. “Mis hermanos y yo nos sentimos apenados de tener a mi madre en un ataúd. Aunque, de hecho, ahora estamos más tranquilos. Sólo esperamos que se recuperen todos los cuerpos para que juntos puedan ser enterrados en el mausoleo que queremos construir en Accomarca”, señala Emiliano Quispe Baldeón, hijo de María Baldeón.

Exhumaciones realizadas en el 2006. Prendas que vestían las víctimas son reconocidas por los familiares.

Exhumaciones realizadas en el 2006. Cadáver de una de las víctimas.

Exhumaciones realizadas en el 2006. Familiares llevan ataudes para sus seres queridos.

En el 2007 continuaron las exhumaciones, aunque esta vez la titularidad del tribunal era ejercida por Teofilo Salvador Neyra. Lamentablemente, los resultados no fueron tan alentadores como en el 2006. Entre el 23 de abril y el 4 de mayo, fue exhumada otra fosa en Apuspata y, como en la vez anterior, el trabajo fue realizado por peritos del Equipo Forense Especializado de Ayacucho. En esta oportunidad se recuperaron prendas de vestir, restos óseos desarticulados, destruidos y calcinados y un conglomerado de 12 kilos.

Los análisis de laboratorio fueron realizados tanto por peritos del Instituto de Medicina Legal (IML) así como por especialistas de la defensa a cargo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). El IML estableció que, a partir de 37 muestras obtenidas, los restos recuperados pertenecen como mínimo a 18 personas, entre ellas 11 niños, 6 adultos (4 mujeres y 2 cuerpos cuyo sexo todavía no ha sido establecido) y un feto de aproximadamente 7 meses. Mientras tanto, el EPAF sostiene que existen no menos de 16 personas en las 31 muestras que consideró convenientes para realizar el proceso de individualización e identificación de los restos exhumados.

No obstante, el EPAF le tomó la delantera al IML al identificar positivamente a seis víctimas a traves del análisis de ADN que realizaron los laboratorios BODE en los Estados Unidos y la comparación de los datos ante-mortem y post-mortem que recolectaron los forenses peruanos. Por el momento, los nombres de las víctimas se mantienen en reserva hasta que concluya el proceso de identificación por parte del Estado. Posteriormente, ambos peritajes serán evaluados por la Sala Penal Nacional con el fin de establecer el número tentativo de víctimas encontradas en la exhumación. “El tema es determinar si hay correspondencia entre los resultados”, sostiene Juan Carlos Tello, perito del EPAF a cargo del caso Accomarca.

Y precisamente sobre la prueba de ADN, el especialista agrega que esta “no arroja el nombre de una persona, sino que es una comparación genetica en la que se demuestra si existe compatibilidad genetica entre la muestra de un resto y las muestras de saliva de familiares vivos”. Lamentablemente, es probable que ni siquiera con el ADN se pueda identificar un número aún indeterminado de víctimas muertas y enterradas en Apuspata, pues los restos se encuentran en muy malas condiciones.

Según se señala en el Informe Final de la CVR, aproximadamente cincuenta personas fueron asesinadas en la casa de Cesar Gamboa de la Cruz, en Apuspata. Luego que los comuneros habían sido reunidos en Hatumpampa con el pretexto de celebrar una reunión, un grupo de mujeres y niños fueron introducidos en la cocina y otro grupo en dos ambientes de la vivienda. Cuando todos los pobladores estuvieron en el interior de la casa, el subteniente Hurtado ordenó a sus subalternos a disparar contra ellos. Pero lo peor aún estaba por llegar. El oficial lanzó una granada sobre los detenidos que agonizaban o intentaban escapar de las ráfagas de metralleta, lo que provocó un incendio que calcinó la mayoría de los cuerpos.

“Yo vi que arrastraban y golpeaban a hombres y mujeres. Vi cómo disparaban a las personas dentro de las casas. Escuche bombas. Hubo fuego. Tenía mucho miedo. Yo estaba con mi hermanito Gerardo, pero luego el corrió al ver el humo, y entonces los soldados empezaron a dispararnos. Sentía cómo las balas pasaban cerca de mi cuerpo. Fue un momento horrible”, cuenta Teofila Ochoa Lizarbe, una de las sobrevivientes de la masacre. El cuerpo de su hermano Gerardo, de 10 años, fue recuperado durante las exhumaciones del 2006.

Cabe mencionar que en Apuspata se encuentran las dos fosas desenterradas más importantes, puesto que allí fueron enterrados el mayor número de víctimas de la masacre y porque los restos que fueron recuperados poseen las características específicas que dieron los deudos y sobrevivientes antes de llevarse a cabo las exhumaciones.

Entre tanto, prosiguen los análisis de laboratorio para establecer el número de individuos y las identidades de otro conglomerado de restos óseos y algunas prendas de vestir recuperados en las exhumaciones del pasado marzo en la fosa denominada Apuspata 2.

Pero las exhumaciones no tienen cuando acabar. Del el 20 al 25 de octubre del presente, los forenses realizan su trabajo en la localidad de Lloccllapampa para identificar más víctimas. El juez para casos de derechos humanos de Ayacucho, Dr. Willy Ayala Calle, dará cumplimiento al exhorto enviado por el Dr. Salvador para que se ejecute la exhumación de cuatro fosas más. Los restos que serán recuperados pertenecen a Seferino Baldeón Palacios (55), Agustín Chávez Baldeón (54), Filomeno Chuchón Teccsi (45), Brígida Perez Chávez (90) y Alejandro Baldeón Perez (55). Los dos primeros se hallan enterrados en la localidad de Pitecc y sus fosas ya han sido ubicadas. En tanto, el cuerpo de Chuchón se encontraría en una fosa al lado del camino de herradura que une Huambalpa con Accomarca. Por su parte, los cadáveres de doña Brígida y su hijo Alejandro estarían enterrados en algún lugar debajo de la carretera de repartición al distrito de Independencia-Accomarca. Y he ahí el problema. Según Juan Carlos Tello, los trabajos realizados en dicha ruta habrían originado lo que tecnicamente se conoce como una disturbación del área. Es decir que los restos de estas víctimas estarían destruidos y dispersos, haciendo más que difícil su recuperación. “Cuando la pala mecánica hace su trabajo sobre un determinado terreno, es posible que no se encuentre gran parte de los restos que se están buscando ahí”, precisa Tello. 

Exhumaciones realizadas en el 2007. Búsqueda de restos.

Exhumaciones realizadas en el 2007.

Exhumaciones realizadas en el 2007. El cráneo de alguna de las víctimas.

Eterno descanso

Sin duda, el papel más dramático en este caso es protagonizado por diez familias que jamás podrán enterrar a sus muertos, aun cuando estos irónicamente se encuentran sepultados en un cementerio hace más de veintitres años.

El 19 de setiembre de 1985, la fiscal de Ayacucho Elva Barrios dirigió las labores de exhumación de siete fosas ubicadas en Apuspata y alrededores como parte de las investigaciones que realizaba el Congreso y el Ministerio Público para esclarecer los hechos ocurridos en Accomarca. De esta manera, en Hatumpampa se recuperaron los cuerpos pertenecientes a Bonifacia Sulca Teccsi (60), María Flores Baldeón (10) y Gervasio Flores Baldeón (6).

Karim Ninaquispe (ADEHR)

Sulca murió acribillada por los militares cuando intentaba esconderse en el bosque de Lloccllapampa junto a dos niños. Los hermanitos Flores fueron abaleados por tres soldados en el paraje de Huancaccata. Todo esto ocurrió el 14 de agosto. La fiscal continúo su diligencia en el cementerio de Accomarca, y ahí fueron hallados dos cadáveres más. Se trataba de Cornelio Quispe Baldeón y Pelayo Quispe. Se presume que ambos fueron ejecutados el 14 ó 15 de agosto. Por su parte, las otras siete víctimas fueron asesinadas el 13 de setiembre en el cementerio como parte del afán de Hurtado para encubrir la masacre del 14 de agosto.    

Al final de la diligencia, los diez cuerpos fueron llevados en helicóptero a Ayacucho para hacer la necropsia de ley correspondiente. Luego, por decisión de la Fiscalía, fueron enterrados en una fosa común que ahora se encuentra destruida. “Por más que tuvieramos la orden del juez para que los peritos vayan al cementerio, va a ser imposible destruir las nichos y ubicar la fosa común… Esos cuerpos ya los damos por perdido”, asegura Karim Ninaquispe, abogada de los familiares y sobrevivientes de la masacre y representante de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR).

Tremendos jueces

Los resultados de las exhumaciones han sido confortantes para algunos deudos e incomparablemente aciagos para otros. Pero para todos, la incertidumbre por saber si podrán enterrar a sus muertos o tendrán que resignarse a recordarlos en un mausoleo comunitario ha sido y sigue siendo un calvario. A las dificultades naturales que han encontrado los peritos de la defensa y del Estado para identificar a las víctimas de la masacre, hay que añadir el lento y por demás cuestionable trabajo de las autoridades judiciales para terminar con las exhumaciones. “Los jueces que han tenido a su cargo el caso han demostrado su falta de conocimiento, de voluntad y de sensibilidad frente al proceso de recuperación de los cuerpos de las víctimas”, sostiene Ninaquispe.

Para comenzar, desde mayo de 2005 hasta la actualidad, los más de 20 mil folios con los que cuenta el caso Accomarca han pasado por los despachos de tres magistrados. A fines de 2006, el Dr. Walter Castillo fue removido de su puesto en el Tercer Juzgado Supranacional porque, según la Sala Penal Nacional, no tenía competencia para asumir el proceso siendo un juez suplente. El caso, entonces, pasó al Cuarto Juzgado Supranacional, cuya titular era la Dra. Miluska Cano. Sin embargo, en menos de tres meses, el Tercer Juzgado Supranacional fue creado nuevamente y el Dr. Teofilo Salvador asumió la investigación que se extiende hasta estos días.

Asimismo, la ignorancia y poca seriedad de los magistrados se pusieron de manifiesto en su incapacidad para establecer el número de días pertinentes para que los forenses realicen su trabajo. En promedio, los jueces han determinado apenas cinco días de exhumación para cada diligencia cuando, según Ninaquispe, hace falta por lo menos veinte. “Esta situación ha hecho que cada año se programe una exhumación y se obstaculice el proceso de identificación aún más, y para los familiares esto es una burla”, sostiene la indignada abogada.

Pero la muestra más clara de desidia la ha dado, probablemente, el Dr. Teofilo Salvador.   

De las tres exhumaciones que el juez ha ordenado que se lleven a cabo, tan solo una ha contado con su presencia (en mayo del 2007). Este año, en lugar de participar de las diligencias que le corresponden a nivel de la instrucción, el magistrado ha enviando un par de exhortos al juez Willy Ayala para que ejecute las exhumaciones. Lo ideal hubiese sido que el mismo Dr. Salvador se apersonara a Accomarca el pasado marzo, con el fin de evitar procesos administrativos largos que retrazan más el inicio del juicio oral. “De tener una estrategia clara por parte del juez, ya se hubiera logrado realizar todas las exhumaciones y, por ende, la identificación de las víctimas”, destaca la defensora de los familiares y sobrevivientes de la masacre.

Se hizo el esfuerzo por conocer la versión del titular del Tercer Juzgado Supranacional respecto a los reclamos de la defensa, pero no se tuvo resultados positivos. El pasado 3 de octubre se recibió con expectativa la propuesta de una reunión con el magistrado para el martes 7 en las instalaciones de la Sala Penal Nacional. Ese día, lamentablemente, las actividades del juez no le dieron tiempo a responder ninguna pregunta sobre el caso, pero sí para recomendar, por medio de su secretario, que se pida una cita en la Oficina de Prensa de Palacio de Justicia para conversar con el. Y es así como nuevamente el jueves 9 se solicitó una entrevista con el Dr. Salvador. Hasta el momento se está a la espera de la respuesta de parte de los voceros del Poder Judicial. Lo curioso es que, según información recogida en la mencionada Oficina de Prensa, las actividades de los juzgados de Sala Penal son autónomas y no requieren la intermediación de dicha oficina.

Luego de 23 años, Cirila Pulido y Teófila Ochoa aún recuerdan la cruenta masacre. Aún tienen pesadillas sobre aquel día donde vieron morir a sus hermanos, padres y amigos. Exigen justicia.

Más que el cuerpo del delito

Las muestras de restos recuperados que sirvieron a los forenses para identificar a las víctimas constituyen evidencia a favor de los deudos. Con fallecidos plenamente identificados se puede demostrar fehacientemente la crueldad e insania con la que actuaron los militares al quemar los cuerpos de los pobladores con el fin de encubrir sus actos. Asimismo, cuanto más víctimas puedan ser identificadas, será posible probar que el número de fallecidos fue, ciertamente, setenta y no menos, tal como lo señalan los sobrevivientes de la masacre y los deudos.

Sin embargo, que los restos de las víctimas sean recuperados y devueltos a sus respectivos familiares es tambien una labor humanitaria incomparable. “No solo me preocupo por la cuestión legal, sino además para facilitar que los deudos puedan encontrar a sus familiares y enterrarlos según sus costumbres y tradiciones”, señala la representante de ADEHR. Y es que con un debido proceso penal, que implique la pronta y total identificación de las víctimas, no sólo se evitará que la parte demandada cuestione el número de fallecidos, sino que tambien contribuirá a cerrar el ciclo el dolor que acarrea veintitres años de incomparable e injusto duelo.

Descansarán en paz

Concientes de las dificultades que tienen y tendrán para recuperar los restos de sus familiares, los deudos de Accomarca, agrupados en la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del Distrito de Accomarca (AFAVPDA), piensan construir un mausoleo en el que al fin descansarían en paz los restos de sus seres queridos. Sin embargo, sus deseos podrían quedarse en buenas intenciones si es que no llegan a conseguir el apoyo por parte del Estado, alguna embajada, o una ONG que pueda solventar los gastos de construcción del recinto. “Queremos tener nuestro propio mausoleo aunque sea para recordar el nombre de nuestros familiares”, confiesa Celestino Baldeón, Presidente de la AFAVPDA.