Deudos llevan más de 27 años esperando justicia.

La jueza del Primer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, Doctora Janeth Lastra, aperturó proceso penal contra el ex jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, general Adrián Huamán Centeno, el ex jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, Alberto Rivero Valdeavellano, y el ex jefe de la base contrasubversiva de Huanta, Augusto Gabilondo García del Barco, como presuntos responsables de la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala Sulca, las ejecuciones de 50 civiles (Fosas de Pucayacu 2) y por la desaparición forzada de más de 20 personas, hechos acaecidos en la ciudad de Huanta (Ayacucho) entre los meses de julio y agosto de 1984.

Así lo anunció Karim Ninaquispe, abogada de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR), quien precisó que el caso denominado "Huanta 1984" fue investigado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y remitido a la Fiscalía de Derechos Humanos el año 2003.

"En dos ocasiones la denuncia que formalizara el Fiscal de Derechos Humanos de Ayacucho fue observada por el Juez. Es así que durante 8 años el caso estuvo en investigación preliminar", explicó la letrada.

Rosa Pallqui Medina, directora de ADEHR y esposa del periodista desaparecido Jaime Ayala Sulca, señaló que hace varios meses estaban esperando que la jueza Janeth Lastra se pronunciara al respecto. "Por muchos años venimos exigiendo que se esclarezca la desaparición de mi esposo así como más de medio centenar de víctimas y se establezca las responsabilidades penales", indicó.

DATOS:

El año 2006 la fiscal de Ayacucho Dra.  Cristina Olazabal formuló denuncia penal en contra del entonces jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, general Adrián Huamán Centeno, el jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, Alberto Rivero Valdeavellano, y el jefe de la base contrasubversiva de Huanta, Augusto Gabilondo García del Barco, como responsables de la desaparición del periodista Ayala Sulca y de más de 50 de personas detenidas y desaparecidas entre julio y agosto de 1984. El caso fue derivado al Segundo Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, el cual archivó la denuncia. La Fiscalía y los agraviados apelaron la resolución, elevándose el caso a la Sala Penal Nacional, instancia que a mediados de setiembre del 2007 devolvió la denuncia a la Fiscalía con el fin que se subsane las omisiones que fueron observadas.

En enero del año 2011, luego de 4 años adicionales de investigación, el Fiscal formalizó denuncia penal y envió el caso al 1er Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, que en mayo del 2011 emitió una insólita resolución judicial que nuevamente vulneraba los derechos de los familiares de las víctimas “de saber” lo que pasó con sus seres queridos, ha obtener justicia y reparación conforme los estándares de protección de derechos humanos.

El Juez Penal acoge el Acuerdo Plenario numero 09-2009-CJ116 emitido por la Corte Suprema de Justicia  (Desaparición Forzada de Personas), cerrando el caso en contra de los denunciados Adrian Huaman Centeno, Rivera Valdeavellano y Gabilondo García del Barco por el delito de desaparición forzada, argumentando que el año 1998 cuando se incorpora el delito de desaparición forzada de personas en el Código Penal Peruano y los denunciados no tenían la calidad de funcionarios públicos, pues estos habían pasado a la situación de retiro a inicios de la década del 90. Asimismo, el Juez ordena que la investigación regrese nuevamente a la Fiscalía para que subsane otras observaciones.

En Agosto del año 2011, el Fiscal de Ayacucho volvió a enviar la denuncia y los actuados al 1er Juzgado Penal Supraprovincial  de Lima,  a cargo de la Jueza Janeth  Lastra, a fin que continuara el trámite correspondiente y emitiera un pronunciamiento respecto a la denuncia del Fiscal. Desde el 19 de Agosto del año 2011 el expediente se encontraba en el despacho del 1er Juzgado Penal, hasta que finalmente fue aperturado.

El caso de la Desaparición Forzada de Jaime Ayala Sulca y más de medio centenar de víctimas se encuentra en investigación fiscal desde el año 2002, siendo 10 años sin que se pueda establecer los hechos así como las responsabilidades penales. A ello se suma  17 años (1984-2001) en que los familiares de las victimas no han obtenido justicia por los obstáculos sistemáticos que el Estado Peruano ha interpuesto en todos esos años. Siendo en total 27 años sin que a la fecha el Estado haya cumplido con investigar, procesar y juzgar a los responsables de esta desaparición forzada.

Lima, 16 de enero de 2012