La reciente negativa del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), general Juan Pablo Ramos, de anular el proceso seguido en el fuero militar por el asesinato de un profesor y 9 estudiantes de La Cantuta, es el corolario de una serie de acciones orientadas a desconocer el debido proceso en los casos de derechos humanos.

Se dice, y con mucha razón, que el Perú es una nación que sufre constantemente de amnesia, que nuestra debilidad ciudadana es el olvido, que solemos olvidar casi todo acudiendo a la práctica constante del clásico- borrón y cuenta nueva-…allí están las páginas de nuestra historia, allí están el perdón y olvido alimentando cada día un futuro sin memoria, allí quedan heridas abiertas supuestamente “curadas” por perdones inexistentes.

Uno de los capítulos más importantes del Informe Final de CERIAJUS fue el referido al Acceso a la Justicia, no solamente porque se ubicaba en el primer orden de dicho documento sino porque en la sustentación del mismo se señalaba que el propósito reformador que orientaba este trabajo tenía como objetivo la búsqueda de un sistema de justicia inclusivo que eliminase las desigualdades existentes en el país

En la década pasada la justicia militar estuvo sometida a Montesinos. Los militares jueces aplaudieron al ex asesor primero; lo condecoraron, luego; y suscribieron el "acta de sujeción", después; desviaron dinero de la entidad hacia el SIN; se abocaron indebidamente al conocimiento de los crímenes perpetrados durante la dictadura –particularmente, los del grupo Colina–; acudieron con marcial frecuencia a la oficina de Montesinos a recibir indicaciones; suscribieron como suyas las resoluciones allí redactadas sobre los casos de derechos humanos más significativos; para, finalmente, decretar la impunidad de los crímenes cometidos.

En relación con los conflictos sociales vinculados a la extracción de los recursos naturales, diferentes voces públicas han hecho hincapié en la necesidad de que el gobierno garantice el orden social para favorecer las inversiones sin llamar la atención sobre la necesidad de asegurar la plena vigencia de los DDHH, que están siendo vulnerados en las poblaciones donde realizan sus actividades las industrias extractivas. Un clima de paz social es fundamental para la convivencia en democracia y para el éxito de una buena gestión económica nacional.

La Defensoría del Pueblo, a través del defensor adjunto para Derechos Humanos, Eduardo Vega, ha efectuado un importante pronunciamiento que no debe quedar inadvertido. En primer lugar, consiste en un llamado de atención al gobierno por la lentitud inexplicable que toma la aplicación de la Ley de Compensaciones para las víctimas de los años de violencia entre 1980-2000; en segundo lugar , la adopción de una serie de medidas tendientes a evitar que funcionarios públicos estigmaticen a quienes defienden los DDHH.

Las declaraciones del presidente Alan García sobre los sucesos de El Frontón, vuelven a poner sobre la mesa el tema del poder y los derechos humanos.

La matanza de centenares de internos en los penales de Lima el 18 y 19 de junio de 1986, se realizó cuando se reunía en Lima una conferencia mundial de la Internacional Socialista, bajo el auspicio de Alan García. Presos de Sendero Luminoso aprovecharon la situación para realizar un levantamiento con demandas en torno a su situación carcelaria. Inicialmente, el Gobierno envió una comisión para negociar, pero luego optó por recuperar los penales por la fuerza. Alan García promulgó el Decreto Supremo N° 006-86-JUS, declarando a los establecimientos penales como "zonas militares restringidas", impidiendo así el ingreso de jueces y fiscales.