Por iniciativa de 57 países, entre ellos una docena de América Latina, se firmó en París una norma fundamental en materia de derechos humanos: la Convención Internacional Contra las Desapariciones Forzadas, destinada a calificar como crimen contra la humanidad este tipo de práctica identificada con dictaduras y autocracias que enfrentan conflictos internos pero con nuevas características en tiempos recientes.