A la caída del régimen de Fujimori, factores tales como la apertura democrática, el ensayo de una nueva política en materia de derechos humanos, el acatamiento de las sentencias de la Corte Interamericana de DDHH, el trabajo de la CVR, el fortalecimiento de determinadas instituciones de la democracia y la debilidad de la corporación militar, permitieron y, en algunos casos, alentaron la judicialización de las violaciones de los DDHH ocurridas entre 1980 y 2000.

En un corto periodo de tiempo, y pese a un conjunto de dificultades, tal judicialización alcanzó innegables avances: entre ellos, la paulatina configuración de un especializado sistema de justicia para los casos de DDHH; el número de investigaciones fiscales en curso (las cifras oficiales disponibles alcanzaron un total de 516, de los cuales 356 se abrieron en Ayacucho) y de procesos penales incoados (36 en total); la identificación y encausamiento de los responsables; la aplicación directa del Derecho Internacional de los DDHH; el justificado dictado de mandatos de detención en contra de los procesados; el rechazo de las diversas excepciones deducidas para impedir la prosecución penal; y la imposición de las primeras sentencias condenatorias.

Lamentablemente, con la llegada del gobierno aprista, su apuesta a una política antiderechos humanos (pena de muerte, cuestionamiento a los allanamientos practicados ante el sistema interamericano, sostenimiento de la justicia militar, ataque a la Corte de San José, al Informe Final de la CVR y al plan nacional de DDHH) y su crítica a las investigaciones y procesos en desarrollo, el impulso de judicialización empezó a amainar.

En este escenario institucional, que se completa con la falta de apoyo político del Ejecutivo, la indiferencia del Congreso y la abierta oposición de las Fuerzas Armadas, un número importante de jueces y fiscales encargados de la persecución penal de las violaciones de los DDHH, se ha mostrado dispuesto a arriar las banderas de la judicialización; a no desarrollar una estrategia encaminada a colectar la evidencia probatoria; y a no poner en mayor cuestionamiento la actitud de los mandos castrenses que regularmente les niega la información sustentatoria de los casos en estudio. Todo ello ha derivado, particularmente, en un virtual estancamiento de diversas investigaciones fiscales en materia de DDHH.

Obviamente, la última palabra aún no está dicha en el Ministerio Público. Sobre todo ahora que situaciones tales como la extradición de Alberto Fujimori, por emblemáticos casos de DDHH, y la presencia del correcto doctor Cubas Villanueva, en la coordinación de las fiscalías especializadas, confluyen para darle un nuevo aire y una renovada oportunidad a la institución. Ciertamente, las condiciones parecen dadas para que el Ministerio Público retome la senda de la investigación y el esclarecimiento de los crímenes del pasado.