La Defensoría del Pueblo, a través del defensor adjunto para Derechos Humanos, Eduardo Vega, ha efectuado un importante pronunciamiento que no debe quedar inadvertido. En primer lugar, consiste en un llamado de atención al gobierno por la lentitud inexplicable que toma la aplicación de la Ley de Compensaciones para las víctimas de los años de violencia entre 1980-2000; en segundo lugar , la adopción de una serie de medidas tendientes a evitar que funcionarios públicos estigmaticen a quienes defienden los DDHH.

En cuanto a lo primero, la Defensoría hace notar que la Ley de Compensaciones y su reglamento llevan más de un año y medio de vigencia, que las partidas necesarias para iniciar estas compensaciones han sido provistas en el presupuesto vigente, y que se llegó a un acuerdo respecto de que las primeras compensaciones serían colectivas e irían a poblaciones andinas que fueron diezmadas por la violencia. Sin embargo, nada se ha hecho.

Es verdad que el gobierno dio un paso fundamental al proceder al nombramiento de una Comisión encargada de elaborar el listado de las víctimas –la misma que es presidida por la ex comisionada de la CVR Sofía Macher– pero la labor que viene desarrollando esta instancia no impide que se avance en otros terrenos. Por ejemplo, en la resolución de casos de ciudadanos que permanecen requisitoriados por problemas de homonimia, los mismos que siguen produciéndose –pese a los avances logrados por el Reniec– por la existencia de dos registros que duplican datos y que hasta hoy no han sido unificados.

En lo referente al segundo tema, que es el de evitar que los defensores de los DDHH sean satanizados por funcionarios públicos, basta recordar que el país fue testigo, con escándalo, de los excesos verbales del premier Jorge del Castillo, quien hace dos meses calificó a los abogados especializados en DDHH de "comunistas disfrazados", "tontos útiles del senderismo" y otras lindezas, utilizando un lenguaje inaceptable y muy poco adecuado para el alto cargo que ocupa en el Ejecutivo.

Al respecto, el defensor adjunto para DDHH recordó la existencia de una resolución del TC colombiano, quien se pronunció sobre este tema a fin de evitar los excesos verbales en que incurría el presidente Uribe para deslegitimar la labor de los defensores de los DDHH. Similar actitud se ha registrado en la Comisión Interamericana, que ha emitido una recomendación en ese sentido, la misma que la Defensoría tratará de incorporar a nuestra legislación. Si bien el retroceso que representaría la implantación de la pena de muerte en el Perú parece asunto superado, hace bien la Defensoría en oponerse a cualquier retroceso que pueda registrarse en materia de DDHH en el país.
 
Editorial publicado el sábado 26 de mayo de 2007, en diario La República.