Las declaraciones del presidente Alan García sobre los sucesos de El Frontón, vuelven a poner sobre la mesa el tema del poder y los derechos humanos.

La matanza de centenares de internos en los penales de Lima el 18 y 19 de junio de 1986, se realizó cuando se reunía en Lima una conferencia mundial de la Internacional Socialista, bajo el auspicio de Alan García. Presos de Sendero Luminoso aprovecharon la situación para realizar un levantamiento con demandas en torno a su situación carcelaria. Inicialmente, el Gobierno envió una comisión para negociar, pero luego optó por recuperar los penales por la fuerza. Alan García promulgó el Decreto Supremo N° 006-86-JUS, declarando a los establecimientos penales como "zonas militares restringidas", impidiendo así el ingreso de jueces y fiscales.

La tarde del 18 de junio se presentó en El Frontón el entonces viceministro del Interior y brazo derecho de Alan García, Agustín Mantilla, afirmando que procedía por órdenes del presidente. Ordenó la suspensión del diálogo con los internos, a pesar de la protesta de las autoridades judiciales y del director del penal. Luego, miembros de la Marina de Guerra bajo el mando del capitán de navío AP Luis Giampietri Rojas, actual primer vicepresidente de Alan García, y del capitán de navío AP Juan Carlos Vega Llona, realizaron un operativo en que se usaron bazucas, morteros, lanzacohetes, cañones de 81 milímetros, dinamita y explosivos de alto poder contra internos que disponían de tres armas de fuego.

Fallecieron al menos 118 internos, la mayor parte de ellos torturados y posteriormente ejecutados, luego de rendirse. Asimismo, se registró un gran número de desaparecidos. La edificación donde se realizaron estos hechos fue demolida deliberadamente. En Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara murieron más de doscientos internos, varios de los cuales no tenían sentencia judicial. Según testimonios de oficiales de la Marina a la Comisión de la Verdad, Agustín Mantilla estuvo presente durante todo el operativo, reportando radialmente los hechos a un superior. En las semanas siguientes, la Marina enterró clandestinamente los cadáveres de muchos internos en diferentes cementerios de Lima, sin ningún tipo de identificación, para impedir su reconocimiento.

El Informe de la Comisión creada por el Parlamento para investigar estos hechos, presidida por el senador Rolando Ames, y firmado, entre otros, por el hoy alto dirigente del partido aprista Agustín 'Cucho' Haya de la Torre, señaló en octubre de 1990 que en Lurigancho se fusiló con un disparo en la nuca a un número superior de 90 internos ya rendidos. En El Frontón, la Marina voló el Pabellón Azul, a sabiendas de que en su interior se encontraban aún internos con vida. El Informe Ames atribuyó responsabilidad directa al presidente y al Consejo de Ministros. El antejuicio constitucional a los ministros y a Alan García no prosperó gracias a la alianza entre el Apra y los fujimoristas.

Veinte años después, estos hechos siguen reclamando justicia.

Publicado el lunes 12 de febrero de 2007, en diario Perú 21.