Discúlpenme una licencia personal, pero cuando escuché el flash de la fiscal de Chile pronunciándose por la extradición de Alberto Fujimori me vinieron a la memoria las imágenes de Gustavo Mohme Llona, de los miles de trabajadores despedidos, de los perseguidos y torturados por el SIN de Montesinos, de los líderes políticos, gremiales y de los periodistas difamados por la prensa del extraditable; de los rostros de los familiares de La Cantuta, y de Barrios Altos, y en especial de la madre símbolo de esta lucha, doña Raida Cóndor.

A medida que los fujimoristas comienzan a percibir el efecto del informe de la fiscal suprema de Chile, Mónica Maldonado –el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra lo llama un misil–, su desesperación y frustración van en aumento. Personas presuntamente calmadas, como Keiko Fujimori, salen de pronto a decir –en lo que suena a una amenaza política para el actual gobernante– que "a García no le conviene que Fujimori vuelva a Lima" porque "obviamente causará mucho revuelo (léase movilizaciones) a favor y en contra". Martha Chávez y Martha Moyano hablan de "sacar a los fujimoristas a las calles" y han vuelto a la desgastada frase de que la justicia peruana no ofrece garantías para procesar al extraditable.

¿Por qué tanta desesperación si decían, al comienzo, que el informe de la fiscal Maldonado no es lo más importante?

Tal vez porque recién ahora empiezan a percibir que la justicia chilena pondrá a Fujimori en Perú para que sea procesado por los crímenes y la corrupción ocurridos bajo su mandato, con su conocimiento y autorización. El informe de la fiscal, como ella misma lo ha expresado, tiene "indicios demoledores". Primero, en su documento la magistrada trae abajo la tesis de la inmunidad alegada por la defensa de AFF. No existe –ha dicho– en el Tratado Bilateral de Chile y Perú y convenios internacionales una cita que hable de la inmunidad de los Jefes de Estado que "hubieran cometido, ordenado o participado de otra forma en los delitos que dan lugar a la extradición, más aún delitos contra los derechos humanos".

Para la fiscal es claro que "hay indicios racionales de la culpabilidad" de Fujimori, quien tenía "dominio del hecho, respecto de estos crímenes" (los de lesa humanidad) y porque además –anota–"existen indicios vehementes de que sus acciones (las del grupo Colina) contaban con el conocimiento y aprobación de Alberto Fujimori". Igual de contundente es cuando se refiere a los fondos de la privatización (dinero de los peruanos) que desviaron para su ilegal reelección.

La magistrada rebate también en las 54 páginas de su informe la supuesta prescripción de los delitos –argumento también utilizado en Lima por los defensores del extraditable–. Lo hace en base al Código penal de su país, aclarando que, salvo un caso, los de los demás expedientes, remitidos por la justicia peruana, "no se encuentran prescritos". Ahora el juez instructor chileno, Orlando Álvarez, deberá emitir sentencia en los próximos días. Si nos atenemos a lo que dice Federico Andreu, de la Comisión Internacional de Juristas, Chile no tiene escapatoria y sólo le queda el camino de autorizar la extradición porque "un Estado no puede invocar su derecho interno para no cumplir con las obligaciones internacionales", un principio consagrado en la Convención de Viena, de la cual son firmantes Lima y Santiago. Mientras tanto, las aguas han comenzado a moverse en el Apra y en el fujimorismo. Uno y otro grupo, que han mantenido una alianza –o un acuerdo para determinados temas, como dice Martín Tanaka–, han empezado a replantearse de cara a la realidad de un Fujimori preso en Lima. Es evidente que para García el mejor escenario sería el del expresidente expulsado por Chile hacia Japón. Así mantendría los 13 votos fujimoristas y la casa en paz. Un presente que no se lo traerá la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, cuando llegue a Lima en noviembre próximo. ¿Qué les queda a García y al Apra? Construir nuevas alianzas o acuerdos. UPP es una de las bancadas a las que han comenzado a mirar con simpatía, aun cuando algunos "compañeros" dicen que mejor estarían con Unidad Nacional.

En el fujimorismo, como se ve, suenan tambores de guerra. Saben por último que basta con que Fujimori sea extraditado por un solo delito de lesa humanidad, Barrios Altos, La Cantuta o sótanos del SIE, para que sea juzgado y probablemente condenado a 25 años de prisión. Hasta el próximo domingo.

Artículo publicado el sábado 16 de junio de 2007, en diario La República.