Se entiende el miedo de vértigo que debe embargar ahora a Alberto Fujimori. Es obvio que le asusta venir a responder ante los tribunales peruanos sobre los graves casos señalados por la fiscal chilena. Teme, pues ahora carece de tantos jueces y fiscales prevaricadores que distinguieron a su régimen. Imagina un eventual careo con Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza o Martin Rivas. Presiente la sensación de vacío que se abrirá a sus pies cuando no sepa responder, cuando se contradiga o cuando suelte esas pueriles mentiras que los culpables siempre dejan escapar.

También le teme, Fujimori, a ese otro juez llamado opinión pública. Si se lo extradita en los términos propuestos por la fiscal Maldonado, será inevitable que los aspectos más grotescos y delincuenciales de su régimen vuelvan a la mirada pública. Desfilarán, ante ella, los testimonios, imágenes, documentos, declaraciones, testigos, reportajes, todo. Y ya no tiene a los medios sumisos que compraba su ex asesor. Sabe que el olvido colectivo que lo beneficiaba dará paso a una memoria pública que no lo va a querer mucho.

El otro miedo que se entiende totalmente es el de los fujimoristas. Se han contagiado del temor pues saben que su destino como corriente está uncido a la persona de su líder. Lo curioso es que, frente al mal momento, su respuesta ha consistido en trabajar al susto a los demás. Lo hacen en Chile, en donde sus abogados argumentan contra la extradición señalando que las relaciones entre nuestros Estados podrían quedar deterioradas a futuro. Y lo hacen aquí, donde la heredera de Fujimori ha dicho que la extradición podría generar inestabilidad al gobierno.

Lo que se entiende sólo en parte es la exagerada ansiedad, si no miedo, que el tema también está generando en los círculos de gobierno. Se entiende porque la extradición de Fujimori pondrá a prueba la capacidad del gobierno para vencer tres retos simultáneos: 1) Ganar el juicio en el cual es parte demandante; 2) Hacer visible el respeto a la autonomía del Poder Judicial; y 3) Rechazar la evidente oferta fujimorista de dar respaldo al gobierno en el Congreso a cambio de obtener ayuditas en el litigio.

Pero no hay razón para tanta tensión gubernamental. Keiko no es la Pasionaria y la bancada fujimorista no es de hierro. Se desarmarán cuando vea a un país indiferente a sus pataletas y una opinión mayoritariamente a favor del castigo para el extraditable.

En este caso, lo único que deberían temer los peruanos es que, llegada la hora, el Poder Judicial no esté a la altura de las circunstancias. Mientras tanto, la preocupación del gobierno debería concentrarse en darles a los procuradores todo el respaldo institucional y logístico que necesitan para su delicada labor.