El pasado 16 de junio, el presidente de la República, Alan García, encabezó el lanzamiento del Programa de Reparaciones Colectivas para las víctimas de la violencia política, en una concurrida ceremonia denominada “Haciendo Justicia con los Pueblos Heroicos” celebrada en la provincia de Huanta (Ayacucho).

Como se recuerda, 440 comunidades campesinas afectadas en diversos departamentos recibirán cien mil nuevos soles cada una para que realicen obras de infraestructura elaboradas, diseñadas y propuestas por las propias comunidades.

El monto total será distribuido entre 134 comunidades de Ayacucho; 88 de Huánuco; 72 de Junín; 65 de Huancavelica; 47 de Apurímac; nueve de Puno; siete de Cusco; siete de Ucayali; seis de Pasco y cinco de San Martín.

Han pasado cinco meses y medio desde el lanzamiento de dicho programa, que respondía a las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y no era un programa más del gobierno, de afán populista. Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido, existe desconfianza y desorientación en algunas regiones que deben ser objeto de estas reparaciones.

Dentro de las regiones beneficiada, se encuentra Ayacucho, una de las las zonas más golpeadas por la violencia política entre las décadas de los ochenta y noventa. Y según la información de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) para Políticas de Paz, Reparación y Reconciliación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), es el departamento que tiene la mayor cantidad de proyectos presentados, de las cuales 19 ya cuentan con la resolución ministerial para su ejecución

 Desinformación y falta de estrategia

A pesar de los esfuerzos, de las instituciones de Derechos Humanos y del gobierno, la desinformación y la falta de capacitación son el común denominador en este proceso de reparaciones colectivas.

Percy Rivas, coordinador regional del Movimiento Para que no se Repita, en Ayacucho, asegura que ha existido problemas con respecto a la capacitación de los alcaldes de las zonas beneficiarias para la aplicación de proyectos.

“Los alcaldes han estado siguiendo los convenios con la CMAN, han elaborado sus proyectos; sin embargo, el principal problema ha sido la identificación de los proyectos con las características necesarias para el proceso de reparaciones. No ha habido capacitación suficiente y muchos han creído que eran simples proyectos de infraestructura”.

Similar situación se observa en Apurímac, donde el problema de la inexactitud en la elaboración de proyectos ha ido acompañada de la falta de difusión, tal como lo señala Enver Quinteros, responsable regional de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) en dicho departamento.

“Lo que para nosotros ha sido deficiente es el tema de la difusión del proceso, pues muchas autoridades de centros poblados no sabían para que era el dinero, no ha habido capacitación necesaria”, expresó.

Ruth Luque, integrante de la Coordinadora Interinstitucional post Comisión de la Verdad en el Cusco, considera que en esta región del país las autoridades locales han priorizado sólo las obras de infraestructura.

Además, Luque coincide con los anteriores entrevistados en que el problema pasa “por la información inadecuada y el desencuentro con la autoridad regional que no ha brindado mucho apoyo al tema”.

En la zona centro del país, el panorama se repite. Javier Magallanes es coordinador de la Asociación de Afectados por la Violencia de la Región Huánuco, y ha expresado su crítica a la demora que muestra el alcalde del distrito de José Crespo y Castillo, Wilder Miranda Ordóñez, frente a las observaciones que debe resolver en los proyectos enviados

“Sentimos un malestar inmenso por que de las 13 comunidades beneficiarias, 12 han sido observadas y el alcalde se demora en responder las observaciones y desde la CMAN regional tampoco nos dan una fecha precisa (...) no avanzamos nada”, expresó en diálogo con CNR.

Pese a estos impasses, no se debe perder de vista, que el próximo objetivo en el proceso de reparaciones pasa por lo que manifestó el primer mandatario, aquel 16 de junio en Huanta, de priorizar también las reparaciones individuales.

Cabe señalar que la CMAN intenta resolver estos problemas, para lo cual ha solicitado al titular de la PCM, Jorge Del Castillo, una mayor colaboración por parte de las entidades públicas en cuanto a la entrega de información y así reducir los plazos que toma la inscripción en el Registro Único de Víctimas.