La sala especial de la Corte Suprema constituida en primera instancia da inicio hoy a una serie de procesos que no dudamos en calificar de históricos, pese a lo desgastado del término. Se juzgará a Alberto Fujimori, extraditado hace poco de Chile, por los delitos contra los derechos humanos, fraude, peculado y abuso de poder cometidos durante el decenio que estuvo al frente del gobierno, en una autocracia cuya prepotencia, cinismo y venalidad llevaron a la ONU a considerarla entre los 10 gobiernos más corruptos a nivel planetario del siglo XX.

A nivel nacional, el caso solo tiene como precedente el juicio entablado hace más de 75 años contra otro dictador que se perpetuó en el poder y que fue Augusto B. Leguía. Pero los delitos reprochados a Leguía parecen ínfimos si los comparamos con los que pesan sobre la conciencia y actuación de AFF. Y, desde luego, el Estado peruano deberá cuidarse bien de no caer en la serie de abusos que caracterizaron el proceso a Leguía, que tuvo mucho de venganza política.

Nada de eso debe ocurrir aquí. Menos mal, el terceto de magistrados supremos que conforma el tribunal que juzgará a Fujimori es intachable y cuenta entre lo mejor que puede aportar el Poder Judicial. Esto es importante, por cuanto ya la defensa del ex dictador comienza a argumentar un ""temor a las presiones mediáticas" que puedan darse sobre los jueces a propósito del caso.

No habrá tal presión mediática y, si se diera, los miembros de este alto tribunal cuentan con la suficiente autoridad y solvencia moral como para rechazarla. Son conscientes de que los ojos del mundo están puestos sobre la justicia peruana, que debe asegurar al autócrata todas las ventajas de un debido proceso de acuerdo con los estándares internacionales. Es decir, aquello que tantos inocentes juzgados expeditivamente por cortes castrenses o jueces sin rostro no tuvieron durante su gobierno.

Pero hay algo más que hace a este proceso algo muy especial. Del mismo modo que aquel que se siguió contra los terroristas del 11-M en Madrid fue el primero de su tipo en Occidente, este proceso contra Alberto Fujimori pone fin a una larga tradición de impunidad que hacía que los violadores de DDHH y responsables de regímenes corruptos nunca tuviesen que responder de sus tropelías y disfrutasen de la riqueza malhabida. La época de los Duvalier, Stroessner o Pinochet ha terminado, y quienes sigan su sangriento camino deben saber que terminarán en el banquillo de los acusados.