La Segunda Fiscalía Supranacional de Ayacucho y el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) realizarán hoy en la comunidad de Putis, distrito de San José, provincia de Huanta (Ayacucho), la exhumación de los restos de más de ciento veinte campesinos, que fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros el Ejército en 1984.

Así lo informó Nolberto Lamilla Aguilar, director de la Asociación Paz y Esperanza, al precisar que el Ministerio Público declaró a los especialistas del EPAF como peritos de oficio en esa investigación, toda vez que el Instituto de Medicina Legal (IML) no podía encargarse de esa tarea, por falta de presupuesto.

“Nosotros hemos querido que sea el equipo de peritos del Instituto de Medicina Legal, el que se encargue (de las exhumaciones). Sin embargo, por razones presupuestales y de tiempo nosotros hemos sugerido que sea el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), quien además cuenta en este momento con apoyo de la cooperación internacional”, explicó en diálogo con el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

El activista de derechos humanos comentó que con la resolución de la Segunda Fiscalía Supranacional de Ayacucho se llevará a cabo una exhumación humanitaria única e histórica en el país, pues los restos fueron enterrados “a flor de tierra”. La diligencia es trascendental porque los huesos y prendas de vestir de las personas asesinadas se encuentran visibles y afectan la salud mental de sus familiares que transitan por esa zona.

Lamilla Aguilar recordó que en diciembre de 1984 efectivos de la Base Militar de Putis –integrados directamente a la Base Contrasubversiva de Huanta- reunieron a pobladores de diversos caseríos y anexos para que sean trasladados a una zona aparentemente estratégica con la finalidad de brindarles protección.

Relató que un grupo de efectivos del Ejército persuadió a los comuneros ya instalados en Putis, para excavar zanjas que iban a servir supuestamente para un vivero de truchas, sin saber que el lugar se convertiría en el propio lecho de muerte de los pobladores.

“Fueron aproximadamente 126 personas, entre niños, ancianos, hombres y mujeres, quienes llegaron a esa comunidad (…). Cuando los campesinos concluyeron las zanjas, el Ejército convocó a toda esta población con el fin que observaran que se había terminado el trabajo. Allí fueron fusilados con varios disparos al cuerpo. Según los testimonios ese día perecieron entre 124 y 126 personas, quienes luego fueron enterrados en esas fosas por los mismos efectivos militares”, concluyó.