Los detuvieron ilegalmente, los torturaron, les dispararon en la cabeza, los enterraron en fosas comunes y posteriormente cremaron sus cuerpos para que nadie supiera de su existencia. Con esta brutalidad miembros del Ejército asesinaron durante la década de los ochenta a centenares de campesinos, con la confianza de que sus crímenes jamás serían descubiertos.

Hoy con la ayuda de la ciencia forense, huesos enteros y calcinados en el área del cuartel militar Nº 51 de Ayacucho más conocido como Los Cabitos, salen a la luz con el objetivo de que la impunidad no continúe de pie. Recientemente, concluida ya la octava etapa de las investigaciones y exhumaciones en la zona conocida como “La Hoyada”, el Instituto de Medicina Legal ha recuperado 81 cuerpos que corresponden a hombres, mujeres, niños y no nacidos enterrados en estas fosas clandestinas.

Para Mariela Valcarcel, integrante del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), la recuperación de restos enterrados en este cuartel militar, confirman lo señalado en su momento por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que concluyó que existió un patrón sistemático de actuación en la lucha contrasubversiva, que implicó la violación de derechos humanos, caracterizada por detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales de pobladores ayacuchanos.

“El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación llegó a una cifra de más de cien personas que habría sido detenidas y desaparecidas al interior del cuartel, esta cifra estuvo respaldada con una cierta cantidad de testimonios que fueron cruzados y verificados. Las causas de las muertes en el caso de Cabitos o por lo menos los 81 restos indican que todos fueron ejecutados con disparo de bala a corta distancia, lo que demuestra que no fueron muertos por un enfrentamiento, también señalan que muchos se encontraban atados, lo cual también lleva a poder verificar la hipótesis inicial que este lugar no solamente era un lugar donde se conducía a las personas detenidas e inmediatamente se les ejecutaba, sino también eran víctimas de torturas. Anteriormente el informe de la CVR señala de que habían muchas modalidades de torturas que se aplicaban en es lugar, información que fue brindada por personas que lograron salir del cuartel”, mencionó.

En ese sentido recordó que este caso cobra gran importancia debido a la magnitud y brutalidad de los hechos; y a que Cabitos fue la base central del Comando Político Militar de Ayacucho, primer departamento declarado en Estado de Emergencia y que posteriormente se convertiría en la región con el mayor número de víctimas desaparecidas durante el conflicto armado interno.

El Estado debe destinar más recursos al Instituto de Medicina Legal (IML), porque se requiere contratar a personal especializado para que se agilicen los trabajos de búsqueda de los desaparecidos, aseguró a Ideeleradio el jefe de esta institución, Luis Bromley, quien añadió que hasta la fecha se han explorado dos hectáreas de la zona denominada “La Hoyada”, quedando pendientes por explorar quince más. Precisó que fueron aproximadamente mil las personas que ingresaron a este cuartel durante la década del 80 y nunca más salieron.

Bromley Coloma informó que gracias a la cooperación internacional, se viene trabajando en la identificación de algunos cuerpos, mediante pruebas de ADN y se mostró convencido que en los próximos meses se tendrán los primeros resultados de dichas evaluaciones genéticas, pues resaltó, la verdad no se puede seguir ocultando.

“Tenemos información fundamentada de que aproximadamente serían mil las personas desaparecidas en este lugar de Los Cabitos. Los recursos por parte del Estado peruano continúan siendo escasos específicamente para este tema y necesitamos contar con mayor número de médicos, arqueólogos, antropólogos, odontólogos forenses y psicólogos; con los cuales podríamos constituir tres o cuatro equipos más para que nuestro trabajo sea más rápido. Hemos encontrado cuatro hornos subterráneos con conexiones a través de las cuales llegaba energía y dentro de ellos algunos restos humanos carbonizados. La verdad se va a saber, se está sabiendo y se va a continuar sabiendo”, indicó.

Yuber Alarcón, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) reveló que ya han exigido a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, programe cuanto antes la próxima diligencia de las exhumaciones, pero refirió que es evidente que existe un problema económico para poder contratar la maquinaria pesada, que ayude a la remoción de los terrenos.

“Nosotros hemos presentado documentos exigiendo al fiscal que programe las nuevas diligencias a fin de que se continúe con todo este trabajo de exhumación en la zona adyacente, que ahora como todos conocemos era un cementerio clandestino. En su oportunidad Jesús Sosa Saavedra (ex miembro del Grupo Colina), hoy detenido, señaló que en esa zona se enterraron entre el 83 y el 85 más de quinientos cuerpos. Nosotros tenemos conocimiento que no sólo se habrían enterrado a personas que desaparecieron entre estos años, sino también aquellas personas que desaparecieron posteriormente, es decir, del 86, del 88, 89, 90 y 91. Se han hallado fosas conteniendo partes de los restos que fueron enterrados y posteriormente exhumados, trasladados a un horno que construyeron en la mismo zona y cremaron los restos”, señaló.

Alarcón Quispe exigió además que el Ministerio Público, ordene la paralización de todo tipo de construcción u obra que se pretenda realizar en la zona inmovilizada, pues denunció que el Ejército trataría de perturbar las investigaciones y destruir las evidencias a fin de lograr la impunidad, esto tras la donación de terrenos de la zona de excavación de La Hoyada, a la Asociación de Vivienda de Suboficiales del Ejército.

Es necesario recordar que en general el caso Los Cabitos, se encuentra dividido en tres etapas, que corresponden a las desapariciones realizadas en los años 1983, 1984 y 1985, estas dos últimas aún en proceso de judicialización.

La Sala Penal Nacional juzgaría en los próximos meses al ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del año 1983, General de División EP (r), Carlos Briceño Zevallos y a otros ocho ex altos mandos militares, por su responsabilidad en la detención, desaparición y cremación de 55 personas al interior del cuartel Los Cabitos, así lo anunció a Ideeleradio la abogada de los familiares de estas victimas , Karim Ninaquispe.

Añadió que la crueldad con que se actúo en esa época fue tal, que hasta la fecha se han encontrado más de 100 kilos de huesos cremados, por lo que existen suficientes pruebas que demuestran que estas acciones no fueron aisladas, sino que pertenecieron a una política y práctica sistemática de violaciones de derechos humanos.

“El caso de Cabitos 83 se encuentra ante el Poder Judicial y lo tiene el juez de Ayacucho, Willy Ayala Calle a quien se le ha otorgado un plazo de treinta días que ya venció. El expediente estaría retornando en estas semanas a Lima a la Sala Penal Nacional, a fin de que se emita la acusación fiscal y de ser así, se iniciaría el juicio oral. Va a ser un juicio histórico y particular porque se estaría procesando al presidente del Comando Conjunto del año 83 y a la vez se estaría dando inicio a una restitución de derechos y de poner en conocimiento de los familiares y la ciudadanía, de las circunstancias que obedecieron las desapariciones, detenciones arbitrarias, las torturas y la cremación de los cuerpos”, informó.

La letrada de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR) recordó que el principal responsable de estas muertes sería el fallecido ex jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, General de Brigada (r) Clemente Noel Moral quien lideró una política contrasubversiva ilegal.

No existe voluntad política del gobierno central para llevar adelante el proceso de judicialización, de las ejecuciones realizadas en el cuartel Nº 51 del Ejército, pues existe una pila de restos óseos exhumados que no son objetos de estudios de laboratorio por falta de instrumentación, aseguró Nolberto Lamilla, coordinador del Grupo de Trabajo Jurídico de Ayacucho de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Afirmó además que ya es hora que las autoridades que forman parte de la administración de justicia realicen investigaciones serias que permitan determinar a los responsables de esta y otras ejecuciones extrajudiciales.

“Hacemos un llamado primero al Instituto de Medicina Legal, porque se ha instalado aquí un laboratorio hermoso, pero cuando uno visita este edificio, no encuentra maquinaria, ni siquiera para las pruebas de ADN. Entonces se tiene a la fecha una pila de restos que no son objeto de estudio de laboratorio, por la falta de instrumentación. Por otro lado el llamado va al Ministerio Público para que se pueda hacer las acciones a fin de que se pueda dotar de la instrumentalidad necesaria. Creemos que desde el gobierno central no hay voluntad política en el tema de judicialización. Los efectivos del Ejército Peruano, para realizar estos entierros utilizaron cal, lo que permite la mayor degradación del cuerpo, lo cual evidencia que existían grupos de efectivos preparados para poder borrar las evidencias”, indicó.

Aún no se ha podido determinar el número exacto de personas, cuyos restos estarían enterrados en las fosas ubicadas en esta base militar, pero cifras extraoficiales oscilan entre 500 y 1500 personas. Es indispensable que se agilicen los trabajos forenses y que en un mediano plazo se realice una efectiva judicialización de este y todos los casos vinculados a estos graves delitos, pues existe la necesidad de que se conozca la verdad, para que finalmente se obtenga justicia, reparación y las lecciones sean aprendidas.