Justicia, reparación y no a la impunidad, es el sentimiento de decenas de familias que perdieron a algún ser querido durante los años 80s y 90s, producto de ejecuciones extrajudiciales. Hoy, algunos fallos viene opacando este derecho.

 

En una increíble y polémica decisión, la Sala Penal Nacional, archivó la investigación, sobre las denuncias por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en la provincia de Huanta ocurridas entre julio y agosto de 1984, entre las que se encuentra la desaparición del corresponsal del diario La República, Jaime Ayala, y otras 16 víctimas, así como la ejecución extrajudicial de 50 personas cuyos cuerpos con huellas de tortura y orificios de bala fueron hallados en dos fosas en Pucayacu.

Esta instancia judicial sostiene sorprendentemente que no existen "indicios suficientes o elementos de juicio reveladores" que involucren en violaciones a los derechos humanos a los efectivos de la Marina y del Ejército que estuvieron a cargo de esa provincia.

Karim Ninaquispe, abogada de los familiares de Ayala Sulca, anunció que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se ordene la judicialización del caso, pues aseguró que están acreditadas las pruebas suficientes que determinan que el ex jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, Alberto Rivero Valdeavellano, el ex jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, general Adrián Huamán Centeno y el jefe de la base contrasubversiva de Huanta, Augusto Gabilondo García del Barco, son los responsables de esta desaparición y de la ejecución de decenas de personas.

“El caso de Jaime Ayala Sulca cuenta con un informe favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay un acuerdo de solución amistosa firmada por el Estado peruano hace más de seis años con la Comisión, en el que el Estado se comprometió a hacer una investigación exhaustiva en cuanto a la desaparición de Jaime Ayala Sulca, así como hacer todo lo posible para la ubicación del cuerpo del periodista. A la fecha a pesar de que ya son más de seis años de una profunda investigación no sólo por parte e la Comisión de la Verdad, sino además por la Fiscalía de Derechos Humanos, la sala ha establecido una nulidad respecto a toda una investigación. Existe una dejadez por parte del Estado peruano durante todo este tiempo y obviamente eso implica una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos y por ende una responsabilidad a nivel estatal ante la Comisión Interamericana”, mencionó.

Para Rosa Pallqui, viuda del periodista Jaime Ayala, es indignante la decisión de dicha sala, pues se mostró segura que Alberto Rivero Valdeavellano, es el principal responsable de la desaparición de su esposo. Pallqui Medina recordó que Jaime Ayala ingresó al cuartel de Infantería de la Marina, para pedir explicaciones por el allanamiento que se hizo en la casa de su madre, así como indagar por la muerte de seis evangélicos, producida un día antes de su desaparición. Siendo esta la última vez que fue visto por la población, existiendo diversos testigos de este hecho.

La viuda de Ayala también pidió a las autoridades que se culmine con la exhumación de los restos quemados que se encontraron en una fosa común cerca de Huanta y que fueron enterrados posteriormente en el cementerio local, para determinar si entre ellos, se encuentra su esposo.

“Mi esposo como periodista constantemente mandaba noticias de lo que estaba pasando en Huanta, desapariciones y el hallazgo de las primeras fosas comunes. Más o menos el 22 de agosto después que hicimos todas las gestiones los familiares, fue el fiscal de la Nación (Alvaro Rey de Castro) a buscar a la Base Naval, no encontraron nada dentro de la base, pero días después encontraron una fosa común con 50 cadáveres, que es el caso Pucayacu, posiblemente puede estar ahí, pero no sabemos porque en ese momento cuando sacaron de la fosa y lo llevaron al hospital, nadie pudo reconocerlos porque estaban quemados y tenían signos que habían sido asesinados por bala, pero no se podía reconocer. Estos cuerpos están más de 23 años en el cementerio de Huanta”, relató.

Otra caso de homicidio a un hombre de prensa que no debe quedar sin una sanción ejemplar, es el brutal asesinato del periodista ayacuchano Hugo Bustíos, quien el 24 de noviembre de 1988, fue baleado por un grupo de oficiales militares y posteriormente cuando agonizaba, ultimado con una granada, esto tras investigar el asesinato de una familia en Huanta. Hace más de un mes la Sala Penal Nacional condenó a 17 y 15 años de prisión, respectivamente, al comandante EP Víctor La Vera Hernández y al capitán Amador García Sanbento, al hallarlos responsables de este hecho. La decisión fue apelada por ambos oficiales, así como por los familiares de Bustíos. El caso será resuelto en instancia definitiva por la Corte Suprema.

Gustavo Campos, abogado de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y representante de la familia del ex corresponsal de la Revista Caretas, es primordial que la Corte Suprema resuelva en el menor tiempo este caso, pues señaló que la espera por justicia, ya lleva más de 19 años.

“La fundamentación de nuestro recurso de nulidad es que el monto no está acorde con el daño causado y lo más favorable sería que la Corte Suprema pueda confirmar las penas que se impusieron y aumentar el monto de la reparación civil tal como lo solicitó la Fiscalía, que era alrededor de 70 mil soles. Finalmente lo que interesa a la familia no es el monto económico, sino que las reparaciones tienen que ver mucho con el tema de la justicia, una forma de reparar es que haya justicia en el caso. La Corte Suprema toma su tiempo, alrededor de tres o cuatro meses se podría demorar la Corte Suprema en resolver este caso en última instancia”, mencionó.

Por otro lado, un hecho que podría cambiar el rumbo de los procesos que se siguen en contra de los implicados en el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), a manos del Grupo Colina, es la orden de detención dictada por el Quinto Juzgado Anticorrupción, contra el ex jefe de la Dirección de Fuerzas Especiales del Ejército, Luis Pérez Documet.

Para Antonio Salazar, abogado de las víctimas de La Cantuta, la Policía Nacional está en la obligación de detener cuanto antes a Pérez Documet, esto al abrírsele instrucción por los asesinatos en esta sede universitaria. El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), recordó que el general en retiro, permitió y apoyó el ingreso del grupo Colina a La Cantuta y tras enterarse de lo sucedido no denunció el caso.

“Luis Pérez Documet, fue uno de los militares, altos oficiales del Ejército que supo de los planes operativos que se ejecutaron por ordenes de él para cometer este acto criminal. Tanto él, como (Nicolás) Hermoza Ríos, (Julio) Salazar Monroe y (Juan) Rivero Lazo son responsables e los hechos de La Cantuta, son los que conjuntamente ejecutaron el plan acordado por el presidente de la República (Fujimori Fujimori) con Vladimiro Montesinos Torres. Es importante que ahora la justicia se imponga y que la Policía actúe debidamente y detenga a este señor, porque cuando estaba con orden de captura por el caso e la Universidad del Centro incluso se paseaba tranquilamente. Es una persona que no sólo está implicada en el caso La Cantuta, debe ser procesada y en el caso ser sancionada por los terribles crímenes de violación de derechos humanos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori”, refirió.

*El pedido del IDL en este caso fue fundamental y tuvo eco, pues hace menos de 24 horas, el jefe de la DIFE fue detenido en el distrito de Lince y puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario.

Finalmente un juicio trascendental que no puede pasar desapercibido es el proceso que se iniciará el próximo 26 de noviembre contra el ex presidente Alberto Fujimori implicado directamente en las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y las torturas en los sótanos del desactivado Sistema de Inteligencia del Ejército. Lo delicado de estos casos es que la procuraduría Ad Hoc quedó oficialmente fuera, pues la sentencia de extradición de la justicia chilena, excluye el delito de desaparición forzada en estos hechos.

El procurador adjunto para casos de derechos humanos Pedro Gamarra sostuvo que pese a que el Estado no participará en este juicio, el interés de la procuraduría es el mismo que persiguen las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad y mencionó que no tendrán ningún inconveniente en colaborar y apoyar a los abogados de la parte civil.

“Nosotros en todo momento hemos participado en el proceso, hemos coadyuvado para que la extradición llegue a buen puerto, ha ocurrido esto, pero sin embargo, nuestro interés es el mismo interés que los familiares de las víctimas. Lo más importante ahí no es el asunto económico, sino que el ciudadano peruano conozca la verdad, que sí existió una política de Estado violatoria de derechos humanos y eso es lo que se va a dilucidar en el juicio. Los familiares de las víctimas son defendidos por importantes instituciones de derechos humanos, que tienen su equipo de abogados, con los cuales somos amigos, han reforzado sus equipos tengo entendido y nuestro nivel sería de coordinación de algunas cosas, brindarles el apoyo, porque al final de cuentas la prueba es una sola y llevamos el juicio del Grupo Colina juntos”, destacó.

Debe garantizarse la justicia y reparación en estos y en todos los casos de violaciones a los derechos humanos, pues es evidente que sí existió un patrón sistemático y generalizado de detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, durante los años que se cometieron estas atrocidades masivas.