El pasado 8 de agosto del 2008,  la justicia peruana, nuevamente les dio la espalda a los familiares de los desaparecidos Albino Quino Sulca, Martín Escriba, Melchor Tineo y Seferino Quispe, campesinos detenidos y desaparecidos en Cangallo, Ayacucho, en Julio de 1986 por miembros de las Fuerzas Armadas provenientes de la Base Contrasubversiva denominada BIM 34, instalada en ese entonces en el Colegio Santa Rosa en el Distrito de Cangallo.

Tras 22 años de incesante lucha por alcanzar justicia, los familiares de las víctimas tuvieron que escuchar un fallo indignante, dictado por la Sala Penal Nacional. Las esposas, los hijos y hermanos de los desaparecidos tenían la expectativa de ser reivindicados por la justicia, que esta vez por fin serían escuchados, que no se les negarían, que lo que presenciaron el 25 y 30 de julio de 1986, de verdad sí ocurrió, que una patrulla militar se llevó sin explicación alguna a Seferino Quispe Pillaca y Francisca Janampa, esposa del desaparecido Albino Quino. Y que luego, el 30 de julio del mismo año, fueran detenidos, Albino Quino, Martin Escriba y Melchor Tineo, cuando bajaron de su Comunidad de Matero hacia la ciudad de Cangallo con la finalidad de presentarse ante las autoridades, pues Francisca Janampa, quien estuvo detenida en la referida Base Militar, con sus dos menores hijos, fue puesta en libertad con la condición que su esposo y los otros dos agraviados se presenten ante las autoridades, pues le habían dicho que  “los estaban buscando”.

Albino Quino Sulca

En ese entonces, 1986,  cuando denunció los hechos, no sabía la identidad del “Teniente Robin”,  todos los militares enviados a las zonas de emergencia utilizaban apelativos, los fiscales de ese entonces, nada pudieron hacer, era una consigna militar que provenía desde los inicios de la guerra interna, negar las detenciones, las torturas, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y las masacres. Las respuestas siempre eran las mismas: “seguro que se enrolaron a las filas de Sendero, no han sido detenidos, o ya los soltamos”. No olvidemos los casos de los cientos de desaparecidos en el Cuartel Los Cabitos de Ayacucho, los desaparecidos en el Estadio de Huanta, los ejecutados en las Fosas de Pucayacu, la Masacre en la Comunidad de Accomarca, entre otros cientos de casos, que vienen siendo judicializados.

En todos esos casos el común denominador ha sido siempre negar las violaciones en contra de los derechos humanos que se perpetraban en las zonas de emergencia, donde las víctimas provenían del campo, en su mayoría, eran quechua-hablantes y analfabetos. Estos factores, favorecieron a que se les negara la posibilidad de alcanzar justicia, a que se les tratara como ciudadanos. Carlota Raymi Sulca, esposa de uno de los desaparecidos, lo grafica en una de sus declaraciones rendidas luego de la detención de su esposo, en la que sostuvo que el Fiscal de Cangallo de ese entonces, cuando fueron a interponer la denuncia les contestó: “ustedes son terrucas, fuera de aquí”.

Estas frases que han quedado impregnadas no sólo en papeles, sino, además en la mente de los familiares de las víctimas, nuevamente hicieron eco con la sentencia absolutoria de dos de los militares responsables de la detención y posterior desaparición de sus familias. La  Sala Penal en su fallo absolutorio, les dio entender, “que lo que vieron el 25 y 30 de julio de 1986, se lo imaginaron, que fantasearon, que los testigos entraron en contradicciones, que no hay lógica”, que pese a que Francisca Janampa, estuvo presa en el Cuartel de Cangallo, conjuntamente con uno de los desaparecidos, “de seguro ella tiene interés, que no hay pruebas que respalden su dicho”.

De varias formas, poco serias, la justicia ha tratado de exculpar a los militares acusados. Sin embargo las pruebas se encuentran en el propio expediente judicial, donde abunda  la existencia de testigos que vieron las detenciones;  declaraciones de oficiales de las fuerzas del orden que también identificaron al “Teniente Robin” como Ambia Vivanco.  Asimismo, se ha demostrado que  el “Comandante Tigre”, Carlos Armando Bardales Angulo, tenía conocimiento de las detenciones que realizaban las patrullas militares, de las torturas, ejecuciones y desapariciones, quien, además, en ese entonces hablara con los familiares de los desaparecidos, sólo para humillarlos o negar los hechos.

Pese a todas las evidencias, la justicia los absolvió de toda responsabilidad dando la espalda nuevamente a un pueblo andino, que aún sigue conviviendo con el amargo recuerdo de haber visto cómo se llevaban a Seferino Quispe, y días después a Albino Quino, Martin Escriba y Melchor Tineo, sin que hasta la fecha, se les explique qué paso con ellos, dónde están sus restos y por qué no han sido condenados los responsables.

Después de más de seis años que se reabrió el caso por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los  familiares de los desaparecidos se preguntan: ¿valió la pena tanta lucha?, ¿valió la pena tanta espera?, ¿valió la pena confiar nuevamente en la justicia peruana? Púes la respuesta la encontraron en la sentencia absolutoria dictada el 8 de agosto a media mañana en una Sala de Audiencias, rodeados de policías y hombres de seguridad que fueron llamados -por los jueces- a contener su rabia e indignación que de por sí  compartimos no solo por haber asumido su defensa en todos estos años, sino, porque además estamos plenamente convencidos en la culpabilidad de los efectivos militares que actuaron de forma equívoca y deleznable, que ahora están libres y personifican los rostros de la impunidad.