"Es urgente realizar de modo decidido y con prontitud un giro decisivo en la historia de la Nación. La existencia de la CVR, su trabajo y su Informe Final tienen que ser mirados como una nueva y afortunada ocasión para que empiecen a cambiar asuntos fundamentales en el Perú".

 

Esta es una de las conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el 2003 y que hoy parece haber pasado desapercibida, pues la sensación general es que no se ha avanzado mucho.

Recomendaciones vs. Realidades: Avances y Desafíos en el Post CVR Perú, es una publicación del Instituto de Defensa Legal (IDL) a cargo de Sofía Macher, responsable del Área de Gobernabilidad y Derechos Humanos del IDL, que plasma un balance de la ejecución de las 85 recomendaciones de la CVR estipuladas en su Informe Final, cuya conclusión indica que en casi el 60 por ciento de las recomendaciones se han tomado medidas e iniciado acciones, pero aún existen grandes vacíos.

En materia de reformas institucionales, hasta la fecha prácticamente no se han producido avances respecto a la situación descrita por la CVR, que abarcaba cuatro grandes áreas, como son la Reforma del Estado, de la Defensa y el Orden Interno, del Sistema de Administración de Justicia y la Reforma en Educación, afirmó Sofía Macher, también presidenta del Consejo Nacional de Reparaciones.
 
"En lo que menos se ha avanzado es en las reformas institucionales, que tiene que ver con una concepción de Estado, con una posibilidad de alianza total. En la materia de la memoria, de aprendizaje de lo vivido, de lo pasado, de los errores o aciertos, se ha avanzado muy poco. Los avances más importantes se tienen en reparaciones, que siguen estando en proceso, aún no se ha culminado, pero es en lo que más se ha avanzado. En justicia, a pesar de todas nuestras exigencias y sabemos de las deficiencias en los procesos y protección de víctimas, también hay avances que consideramos de alguna manera significativos", mencionó.

Macher Batanero, consideró además que el Ministerio de Educación ha aportado realmente poco en materia de aprendizaje, en cuanto a lo vivido durante el conflicto armado interno, pero aclaró que desde el Consejo buscarán impulsar la integración del informe de la CVR en la currícula escolar de los Centros Educativos de Huancavelica, para que los niños y adolescentes conozcan la historia de lo vivido hace más de dos décadas.

Para Javier Abugattas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), este es el momento adecuado para que el Estado promueva medidas en busca de que las comunidades más afectadas cuenten con servicio básicos, se asegure la calidad de vida de las personas y se empiecen a cerrar las brechas sociales.

"Hay once acciones prioritarias, nacieron de la Mesa de Concertación pero se discutieron en el Acuerdo Nacional y ahora están en dos leyes nacionales, la de Equilibrio y la de Presupuesto, donde se listan esas acciones que son básicamente de prevención en salud, de mejora de calidad de educación primaria, agua segura e identidad. Tiene que persistirse en estas acciones por tres, cuatro o cinco años. Hay 60 por ciento de las recomendaciones con algún grado de avance, en estos temas, como servicios universales, atención desde el Estado y demás, hay un esfuerzo enorme, pero no es cuestión de un sólo gobierno, creo que nos va a tomar décadas, pero hay que empezar ya, pues no podemos perder esta oportunidad, donde hay un poquito más de recursos para empujar un poco más el cerrar esos déficit que en zonas más alejadas son mucho peores", dijo.

Eduardo Vega, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, sostiene que existe la necesidad de descentralizar los casos relacionados a violaciones a los derechos humanos, mediante juzgados y fiscalías especializadas en las zonas más afectadas por la violencia política.

En ese sentido dijo que el avance en materia de cumplimiento de las recomendaciones de la CVR respecto a la judicialización de los casos es insatisfactorio. Asimismo refirió que no existe un Plan Nacional de Investigaciones Antropológico Forense que atienda los más de 4 mil sitios de entierros, por lo que dijo, el progreso en este encargo es nulo.
 
"Hay la necesidad ahora de descentralizar los casos, que se creen instancias, juzgados y fiscalías a nivel de distritos judiciales que sufrieron más con la violencia, a parte de Ayacucho estamos hablando de Junín, de Huancavelica, apurímac y Huánuco. El tema de la protección a testigos, víctimas y colaboradores, es un tema sensible y que lamentablemente hasta la fecha los avances son insuficientes, por lo tanto de lo que se trata es mejorar la disposición legal y dotar de los recursos efectivos. La Comisión de la Verdad propuso la creación de un Plan Nacional de Investigaciones Antropológico Forense, pero lo que está faltando es una mayor coordinación entre las instancias que tienen que ver con estos y un mayor apoyo logístico", señaló.

Es importante resaltar que de las 85 recomendaciones planteadas, 53 se refieren a reformas institucionales, 22 a recomendaciones para el Plan Nacional de Reparaciones (PIR), una para el Plan de Exhumaciones, una para un mecanismo de seguimiento, 2 sobre memoria y 6 respecto a judicialización.

Ante este panorama, la voluntad política del Estado en materia de cumplimiento de las recomendaciones es frágil, pues hasta la fecha existen grandes vacíos en el reconocimiento de los pueblos indígenas y la implementación de un Plan de Emergencia en Educación que abarque un Programa Nacional de Alfabetización, aseguró Julie Guillerot, consultora del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
 
"A punta a un progreso nulo de la educación rural, de planes de alfabetización, de planes de emergencia educativa, pero también a aspectos como la mejora del acceso a la justicia a todos y especialmente en las zonas más vulnerables, más pobres o la cuestión de los pueblos indígenas. Eran esos elementos de exclusión, discriminación, que permitieron que la violencia tuviera este impacto tan fuerte en las zonas rurales. Las reparaciones individuales que abarcan educación, salud, restitución de derechos ciudadanos, reparaciones simbólicas, aún están en cero. El problema es que falta una herramienta práctica para poder llevar a cabo estas reparaciones individuales, que es un Registro Único de Víctimas que está en proceso", afirmó.

Además señaló que en su momento el ex presidente Alejandro Toledo mostró una sensibilidad limitada con respecto al mensaje de la CVR, situación que aseguró se viene repitiendo con el actual mandatario Alan García.

El proceso de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad debe consolidarse como una política de Estado, pues aún existen comunidades que demandan inclusión y que no están consideradas ni en el Registro Único de Víctimas, ni en el Censo por la Paz, aseguró Jesús Aliaga, Secretario Técnico de la Comisión de Alto Nivel encargada del seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CMAN).

En ese sentido se mostró convencido que el próximo año, el gobierno avanzará en el cumplimiento de las reparaciones colectivas a las comunidades víctimas de la violencia y otras recomendaciones, pues aclaró que sí existe voluntad para realizar esta tarea, pero dijo que aún existen trabas burocráticas que retrasan el proceso.
 
"Es indispensable que el proceso se consolide realmente como una política de Estado, es decir que no quede sujeto a la voluntad de protagonistas que pueden ser muy notable o comprometidos en el tema, sino que esto se afirme y trascienda al próximo gobierno. Es un proceso que hemos procurado continuar y empezar nuevamente desde un principio, aquí no podemos estar rehaciendo las cosas cada cinco años, sino darle la continuidad que garantice que todo este horizonte que ha comprometido la Comisión de la Verdad en su Informe Final, se vaya cumpliendo por lo menos en lo más sustantivo. El proceso necesita para que se afirme, una, gran dosis de sensibilización, de preparación previa a la comunidad respecto a lo que es una acción de reparación, de cómo priorizar un proyecto. Con toda seguridad la próxima etapa del programa ha de ser mucho mejor que esta y va a tener evidentemente también, un financiamiento mayor al que tiene en este año", dijo.

Según este balance, sólo se ha avanzado satisfactoriamente en un 17 por ciento y las mayorías de acciones desarrolladas están referidas al tema de reparaciones. Un 42 por ciento adicional posee un desarrollo insatisfactorio, es decir, que no se han cumplido completamente, pero se han dado algunos pasos en la dirección sugerida. Asimismo, existen avances que aún permanecen sólo en el papel.

Esta publicación desarrollada hasta julio del 2006, muestra una visión integral que debe convertirse en una herramienta práctica para que el actual gobierno avance en este ámbito e impulse un debate político respecto a tomar en cuenta las fracturas económicas sociales y políticas que permitieron el conflicto armado interno. Esta será la línea base para medir los resultados de las acciones que se vienen desarrollando y que desarrollará el gobierno aprista antes de culminar su gestión.