“De la casa yo veía que arrastraban a los hombres y a las mujeres, que se los llevaban, que los golpeaban, nosotros teníamos miedo, yo vi que mi mamá se fue a la pampa, ella pensó que con mis hermanitos no le iban hacer nada. Yo vi todo lo que pasó, fue triste, vi como disparaban a las personas dentro de las casas, escuché como bombas, luego se prendió fuego. Los militares empezaron a buscar a las personas que quedaron con vida, mi hermanito Gerardo al ver el humo salió corriendo, diciendo: “yo voy a morir con mi mamá”, entonces, los soldados, empezaron a dispararnos, el corrió hacia abajo para Lloccllapampa y yo para arriba, los soldados fueron tras mi hermano disparando, corrí desesperada, quería esconderme, (…) empezaron a dispararme, sentía como, las balas pasaban cerca de mi cuerpo, por mis brazos por mis pies, fue un momento horrible, yo no me explicaba qué es lo que estaba pasando…”. (Testimonio de Teofila Ochoa Lizarbe).

 

El 14 de agosto de 1985 en horas de la mañana, incursionaron la patrullas militares Lince 6 y Lince 7 al mando de los oficiales Juan Manuel Elías Rivera Rondón y Telmo Hurtado Hurtado respectivamente, a la comunidad campesina de Accomarca con la finalidad de dar cumplimiento al Plan Operativo Huancayocc que había sido aprobado por las máximas autoridades del Comando Político Militar de Ayacucho. Este operativo militar tenía como objetivo “capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes en la quebrada de “Huancayoc” (Accomarca). Para la consecución de la misión participaron cuatro patrullas, dos ingresarían a la comunidad y las otras dos (patrulla Lobo y Tigre) cerrarían las posibles rutas de escape.

Al promediar las 8:30 de la mañana del 14 de agosto de 1985, los militares habían reunido a más de 60 personas en la zona de Lloccllapampa, específicamente en el lugar denominado Hatumpampa. A los hombres los encerraron en la casa del campesino Cipriano Gamboa, no sin antes golpearlos; mientras a las mujeres y niños los encerraron en la casa del comunero Cesar Gamboa, previamente las mujeres fueron llevadas a unos arbustos donde fueron ultrajadas sexualmente. Una vez en las viviendas, los militares acusaron de terroristas a los campesinos, procediendo a disparar contra las personas recluidas en dichas viviendas. Los gritos eran desgarradores tanto de hombres, mujeres y niños. En medio del estruendo de las balas los militares procedieron a incendiar las casas, para finalmente lanzar granadas. [Vea la lista de las víctimas de la masacre de Accomarca]

 

Siendo aproximadamente las cuatro de la tarde, los efectivos militares procedieron a retirarse. Los pobladores que habían logrado escapar de la matanza y que se encontraban escondidos por los matorrales, se acercaron al lugar de los hechos, siendo testigos de las espeluznantes escenas.

Los hechos se hicieron públicos un mes después de la matanza gracias a las denuncias de los familiares y testigos de la masacres. Pese a estas denuncias los altos oficiales del Ejército  negaron las ejecuciones. Mientras en Lima los militares se reunían con el Presidente de la República y eran citados por el Senado, la prensa informaba de lo sucedido y algunos sobrevivientes y testigos de los hechos eran ejecutados en Accomarca por militares, quienes recibieron la orden de “limpiar la zona” para encubrir los hechos. Es así, que el 8 de setiembre de 1985 fueron asesinados por los efectivos militares la anciana Brígida Pérez Chávez y su hijo Alejandro Baldeón Pérez.

El 13 de setiembre de 1985, siendo las tres de la tarde, Fernando Olivera arribó a Accomarca en un helicóptero junto a los medios de prensa y oficiales del Comando Político Militar de Ayacucho. En esas circunstancias, en el cementerio del pueblo, se encontraron ocultos cinco cadáveres pertenecientes a Marcelina Janampa Baldeón, Ciriana Janampa Martines, Cecilio Gamboa Mendoza, Agustina Melgar de Baldeon, y el niño Padua Quispe Chuchón, comuneros que habían sido ejecutados antes de la llegada de dicha comisión por el Ejército. De acuerdo a las investigaciones posteriores y a la confesión de Telmo Hurtado ante el Fuero Militar, el General Mori Orzo le habría ordenado regresar el 15 de setiembre a Ayacucho y transmitir la orden para que “envíen patrullas a limpiar la zona para que cuando la Comisión del Senado viaje el 17 de dicho mes, no encuentren ningún vestigio que cause problemas al Comando de la Segunda División de Infantería”.

El 17 de setiembre de 1985, Mori Orzo, el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Cesar Enrico Praeli), el Ministro de Guerra (Jorge Flores Torres) y Sinesio Jarama, Jefe de la Segunda Región Militar, fueron llamados al Senado para que informen sobre los hechos. Todos ellos negaron la matanza en Accomarca.

El General Sinesio Jarama dio lectura a los partes entregados por las patrullas negando la existencia de un enfrentamiento y la muerte de los campesinos. Asimismo, los generales del Ejercito Wilfredo Mori y Sinesio Jarama declararon públicamente que las denuncias sobre la masacre constituía una campaña de los subversivos para desprestigiar a las Fuerzas Armadas, versión que pretendieron sustentar ante las Comisiones del Senado. Sin embargo, luego de haberse encontrado los restos de las víctimas, estos fueron destituidos al igual que Presidente del Comando Conjunto de las Fuerza Armadas, a través de un comunicado oficial en el que se señalaba además, que se había procedido a someter al Fuero Castrense a Telmo Hurtado, por haber presentado un parte operativo de campaña falso con omisiones sobre hechos ocurridos que dieron lugar a la  investigación.

El 12 de octubre de 1985, la Comisión Investigadora emitió sus informes finales. La mayoría concluyo que “los hechos de Pucayacu y Accomarca, se inscriben dentro de la política contrainsurgente que tiene su origen en el régimen anterior, muchas veces violadoras de los derechos humanos” y que “los autores materiales de los hechos son solamente la pieza del engranaje y e necesario estudiar si actuaron en virtud de órdenes verbales o si actuaron así por que así se les ha formado”. Pese a que todo estaba claro en cuanto a la responsabilidad de los oficiales y subalternos por la  matanza de Accomarca, y que estos hechos eran producto de una política errada -para hacer frente a la subversión- dirigida desde el Estado, el caso, por decisión de la Corte Suprema, fue ventilado en la justicia militar.

Telmo Hurtado fue investigado por la Justicia Militar. El Sub Teniente, trató de exculpar a los altos mandos por las ejecuciones que se habrían producido a consecuencia del plan de operaciones, sin embargo era evidente que los “excesos” no eran un hecho aislado, sino que respondían a una política de guerra sucia que provenía desde el Estado tal como lo refirió el General Sinesio Jarama ante el Senado: “La población sirve a Sendero para sustentarla...para curar sus heridas... para darle protección y encubrirla... para renovar sus cuadro… La contra subversión debe impedir que la subversión gane a la población y debe encuadrar dentro de sus planes;...y como lo señala el Operativo Huancayoc de eliminar las zonas rojas”.

Telmo Hurtado, señaló que después de capturar a los terroristas tomó la decisión de eliminar a las personas reunidas en Lloccllapampa porque ello era parte del sistema de trabajo de las fuerzas del orden en los años 84 y 85, en las zonas declaradas en emergencia. {...} y no consignó los datos de las muertes en la quebrada de Huancayoc, porque en una reunión que tuvieron en la Compañía Lince, Williams Zapata, Jefe de la Compañía, le refirió que las bajas de los elementos terroristas no se comunicaba por escrito sino en forma oral en una reunión de crítica ante el Coronel Jefe del Estado Mayor Operativo y todos los “G” de la Segunda División, versión que fue confirmada ante la Justicia militar por José Enrique Cuadro García. Asimismo señaló que el 7 de setiembre de 1985 fue convocado por el General Mori Orzo para viajar a la ciudad de Lima. En esta reunión, realizada entre el 11 y 13 de setiembre de 1985, Hurtado por decisión del General Mori aceptó asumir la responsabilidad de los hechos con el propósito de no perjudicar la carrera del citado General.

Pese a estas declaraciones vertidas por Telmo Hurtado, fue absuelto de los delitos de homicidio, negligencia y desobediencia, y sólo fue condenado –por abuso de autoridad– a seis años de prisión y al pago de 500 soles por concepto de reparación civil a los deudos de las víctimas. Pero en mayo de 1999, a través de una denuncia televisiva, se descubrió que Telmo Hurtado no fue dado de baja, que se había beneficiado de las leyes de amnistía y que laboraba normalmente en la Sexta Región Militar y que incluso había ascendido a Mayor.

 

 

 

Inicio del Proceso Judicial

En febrero del año 2005 la Fiscal de Derechos Humanos de Ayacucho, doctora Cristina Olazabal Ochoa, formalizó la denuncia penal por la Masacre de Accomarca en la que se incluía  a Alan García Pérez y altos mandos militares. Conocida la denuncia miembros del partido aprista iniciaron una campaña de difamación en contra de la citada magistrada sindicándole afiliación a grupos subversivos.

El 31 de mayo de 2005, el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima aperturó proceso penal en contra de 29 personas. Se excluyó del proceso a Alan García Pérez, Jorge Flores Torres (ex Ministro de Guerra), Sinesio Jarama Dávila (Ex Jefe de la Segunda Región Militar) y Cesar Enrico Praeli (Ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas).

El proceso Judicial formalmente se inicio el 31 de mayo de 2005, habiéndose hasta la fecha recabado las declaraciones de militares y personalidades, de los testigos de la masacre y familiares de las víctimas. Asimismo, se han realizado tres procesos de exhumaciones, logrando recuperar los restos de las víctimas, aún queda  pendiente su identificación y las entrega de los restos a los familiares.

A fines de marzo de 2007 la justicia estadounidense capturó a Telmo Hurtado y Juan Rivera Rondón, ambos prófugos de la justicia peruana por la masacre de Accomarca, iniciándose el proceso de deportación a la par que el Estado Peruano solicitaba su extradición. Posteriormente en Junio del mismo año el Centro de Justicia y Responsabilidad de San Francisco interpuso demandas en la vía civil en contra de estos dos ex militares prófugos, demandas civiles que fueron amparadas por la justicia norteamericana, tal es así, que en marzo de 2008 la Corte Federal de Miami sentenció a Telmo Hurtado a pagar la suma de 37 millones de dólares a favor de Teófila Ochoa y Cirila Pulido, ambas sobrevivientes de la masacre.

Asimismo, las autoridades de migraciones de Estados Unidos fallaron a favor de la deportación de Rivera Rondón, militar que en los próximos días deberá estar llegando al Perú y siendo puesto a disposición de la justicia peruana.

 

 

 

 

Oficiales del Ejército Peruano:

   1. Wilfredo Mori Orzo
   2. Nelsón Gonzáles Feria
   3. César Gustavo Martínez Uribe Restrepo
   4. Carlos Dario Pastor Delgado Medina
   5. Manuel Enrique Aparicio Saldaña
   6. José Daniel Williams Zapata
   7. Helber Alejandro Gálvez Fernández (además se le procesa por la desaparición forzada de los esposos Martín Baldeón Ayala y Paulina Pulido de Baldeón)
   8. Ricardo Alberto Sotero Navarro
   9. Telmo Ricardo Hurtado Hurtado (además se le procesa por la desaparición forzada de Filomeno Chuchon Teccsi )
  10. Luis Armando Robles Nunura
  11. David Eduardo Castañeda Castillo (además se le procesa por la desaparición forzada de Severino Baldeón Palacios)
  12. Juan Manuel Elías Rivera Rondón

Personal de Tropa:

  13. Francisco Marcañaupa Osorio
  14. Héctor Castro Ramos
  15. Remo Daniel Salas Ávila
  16. Víctor Julca Cayetano
  17. Walter Delgado Rodríguez
  18. Pedro Néstor Amaya Miranda
  19. Vicente Dionisio Chupan Herrera
  20. Hugo Arratea Pérez
  21. Bernal Flores Consuelo
  22. Clider Venancio Ramírez
  23. Hugo Aquiles Salcedo Gómez
  24. Eugenio Cruz García
  25. José Contreras Paulino
  26. Roberto Contreras Matamoros
  27. Juan Carlos Dávila Salazar
  28. Víctor Andrés Sierra Poma
  29. Teófilo Fortunato Amarú Rivera