Después de veintidós largos años de maniobras leguleyescas y hasta el pretendido secuestro del principal inculpado, el capitán AP, Álvaro Artaza Adrianzén, Comandante Camión, la desaparición forzada del periodista, Jaime Ayala, sigue en las sombras mientras un manto de execrable impunidad protege a los verdugos.

Pero la sangre derramada de este mártir del periodismo nunca fue olvidada. La fiscal de derechos humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal, formalizó la denuncia penal contra los miembros de las fuerzas armadas que prestaron servicio en la provincia de Huanta en agosto de 1984, con lo que el caso deberá entrar en la esperada etapa de investigación judicial.

Karim Ninaquispe Gil, representante de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR) y abogada de los familiares de Jaime Ayala, informó que en la denuncia también se comprendió la desaparición de más de 50 pobladores de Huanta, así como el asesinato de seis evangélicos de Callqui, y el hallazgo de fosas en Pucayacu, trágicos sucesos acaecidos en junio, julio y agosto de 1984.

Entre los denunciados figura el general EP, Adrián Huamán Centeno, quien se desempeñaba como jefe político militar de Ayacucho, así como Alberto Rivero Valdeavellano, jefe del Comando Político Militar Huanta-La Mar, Augusto Gabilondo García del Barco, jefe de la Base Contra Subversiva de Huanta, y Luis Alberto Celis Checa, jefe de la patrulla contrasubversiva de Huanta.

De esta manera, el juez del Segundo Juzgado Supraprovincial, Omar Pimentel, debe evaluar y analizar en un plazo de 15 días la denuncia fiscal, y luego deberá abrir el proceso, debido a que existen suficientes elementos de prueba que ameritan un proceso en contra de los oficiales denunciados, además de una orden de detención en contra de estos.

Aunque parezca increíble, el principal sospechoso de la desaparición de Jaime Ayala, el capitán Alvaro Artaza, Comandante Camión, no es denunciado porque existe una declaración judicial de muerte presunta, producto de una sospechosa desaparición y un presunto secuestro que nadie investigó. Tampoco se esclarecieron las versiones de que el militar se encontraba en Estados Unidos.

Las desapariciones

La Defensoría del Pueblo señala que entre el 1 de enero de 1983 y el 23 de agosto de 1984 se registraron 302 detenciones- desapariciones en Huanta. Las cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación resultan contundentes: la provincia reúne la mayor cantidad de muertos de todo el departamento de Ayacucho, y por consiguiente de todo el país, entre 1980 y 1984, de la misma manera que es la provincia con mayor número de muertos en todo el período investigado por la Comisión, que va de 1980 al año 2000.

La CVR presenta como el más duro y aleccionador ejemplo de la violencia que vivió nuestro país en 1984 el asesinato de seis personas pertenecientes a la Iglesia Evangélica Presbiteriana en la comunidad de Callqui, el 1 de agosto de 1984; en segundo lugar, el 2 de agosto, el secuestro y desaparición del periodista Jaime Ayala Sulca, corresponsal del diario La República, en la base de la Infantería de Marina acantonada en el Estadio Municipal de Huanta. Y, algunos días después, el 23 de agosto, el descubrimiento de 50 cadáveres enterrados en las fosas en Pucayacu, algunos kilómetros al norte de la ciudad de Huanta, en territorio perteneciente a la provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica.

Se señala que las ejecuciones extrajudiciales, secuestros y torturas no fueron producto de iniciativas individuales, sino manifestación de la propia estrategia adoptada de facto y que existe evidencia suficiente para afirmar una presunción razonable de responsabilidad por parte de agentes de la Infantería de Marina.

En aras del deber

Jaime Ayala, fundador de la filial de la Asociación Nacional de Periodista, ANP, en Huanta, se desempeñaba en la corresponsalía de Ayacucho del diario La República. Sus denuncias de los abusos que perpetraban infantes de la Marina de Guerra provocaron que fuera intervenido y detenido entre agosto y septiembre de 1983.

El periodista no se amedrentó y siguió adelante en el cumplimiento de su deber. La madrugada del 2 de agosto, un grupo de agentes del orden irrumpió violentamente al domicilio de su madre, Julia Sulca, viuda de Ayala, con el fin de detenerlo y, al no encontrarlo, destruyó gran parte de la vivienda y golpeó sin piedad a sus familiares.

Ayala acudió en horas de la mañana de ese día a la Comandancia de la Policía de Investigaciones para presentar la denuncia. Al no encontrar ninguna acogida se dirigió al Estadio de Huanta (Base Militar de la Marina) en compañía del administrador de Radio Huanta 2000, Carlos Paz Villantoy.

Por las inmediaciones se encontró con Zenaida Fernández Hernando, quien le pidió que intercediera por su padre Nemesio Fernández Lapa, quien había sido detenido el 15 de julio del mismo año por personal de la Marina.

Jaime Ayala Sulca ingresó el 2 de agosto de 1984 al estadio de Huanta, lugar donde funcionaba la base de la Marina de Guerra al mando de Álvaro Artaza Adrianzén, conocido como "Comandante Camión". Nunca más se le volvió a ver.

Hacia las 3 de la tarde de ese mismo día, la hermana del periodista, Zaira Ayala Sulca, se acercó a la Base de la Marina para preguntar por él. Se le respondió que su hermano había estado en la base tan sólo 15 minutos y que luego se había retirado.

Al día siguiente, 3 de agosto de 1984, Rosa Luz Pallqui Medina de Ayala, esposa del periodista, presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Huanta por la desaparición de Jaime. Sus familiares también formularon una denuncia ante el jefe político-militar de Ayacucho, general EP Adrián Huamán Centeno, por presunto delito de secuestro en agravio del citado periodista.

El 4 de diciembre del mismo año, Julia Sulca, viuda de Ayala, madre de Jaime, reiteró y amplió la denuncia ante el Fiscal de la Nación, Álvaro Rey de Castro.

Teniendo en cuenta las múltiples evidencias del ingreso de Jaime Ayala a la Base de Infantería de la Marina, y pese a que la detención era negada por las autoridades militares.

El 18 de febrero de 1985 el fiscal provincial, Mario Gilberto Miranda Garay, formalizó denuncia penal contra el Capitán de Corbeta A.P. Álvaro Francisco Serapio Artaza Adrianzén y el Oficial de Mar Román Manuel Martínez Heredia, como presuntos autores del delito contra la libertad individual (secuestro) en agravio de Jaime Ayala Sulca.

Los Altos Mandos de la Marina de Guerra aceptaron que Jaime Ayala se había acercado a la Base Militar de Huanta donde informó que se iba a la localidad de Callqui Nisperosniyocc, pero aseguraron que nunca ingresó a esta dependencia, y que la Marina de Guerra no detuvo al periodista ni mucho menos que éste haya permanecido detenido en el Estadio de Huanta.

El fiscal Gilberto Miranda Garay estableció como principales responsables al Jefe del destacamento de la Marina, Álvaro Artaza Adrianzén, y al Oficial de Mar Roman Manuel Martínez Heredia.

Paralelamente a estas investigaciones judiciales el fuero militar abrió proceso en contra de Artaza y Martínez, quienes negaron los hechos ante los fueros de la justicia común y castrense. En ese momento se estableció una contienda de competencia que fue resuelta por la Corte Suprema a favor del fuero común el 24 de enero de 1986.

El 2 de febrero de 1986, Álvaro Artaza Adrianzén fue supuestamente secuestrado por desconocidos cuando transitaba por una calle de Surco mientras que Martínez Heredia hizo abandono de destino el 31 de enero de 1986.

También se montó una estrategia de encubrimiento en la que Guillermo Ayala Chavez, suscribió un documento en el que afirmaba haber visto a Jaime Ayala con posterioridad a su ingreso al Cuartel de Huanta. Lo mismo afirmaron Eduardo Aguirre Cunto, Mauro Cunto Chocce. Los testimonios eran tan burdos y ostentaban una serie de contradicciones por lo que desde un inicio fueron desestimadas por las autoridades judiciales.

En este tinglado de luces y sombras, en el proceso penal que se le sigue por el delito de secuestro en agravio de Jaime Ayala Sulca, Álvaro Artaza Adrianzén tiene la condición de no habido y ha sido declarado reo ausente. El expediente se encuentra en reserva en la Corte Superior de Ayacucho.

Sin embargo, también se ha atribuido a Artaza Adrianzén la condición de muerte presunta, como consecuencia de un supuesto secuestro ocurrido el 2 de febrero de 1986. Tal atribución apareció publicada el 15 de septiembre de 1989 en el diario oficial El Peruano. Se trata de un aviso judicial sobre declaración de muerte presunta solicitada ante el vigésimo segundo Juzgado Civil de Lima por el Procurador Público del Ministerio de Defensa a cargo de los Asuntos Especiales relativos a la Marina de Guerra del Perú.

En su informe final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación sostiene que hay evidencia suficiente para solicitar una revisión de la decisión judicial que declara muerte presunto a Álvaro Artaza Adrianzén y exige que se agoten todos los medios legales para aclarar la situación real de quien es presumiblemente responsable de hechos que no pueden quedar impunes.

Publicado el sábado 07 de octubre de 2006, en la página web Crónica Viva.