En una burda opereta con la complicidad de agentes de inteligencia, el capitán de corbeta AP Álvaro Artaza, Comandante Camión, fue extrañamente secuestrado en 1984 para burlar el proceso judicial por la desaparición del periodista, Jaime Ayala y seis evangélicos de la comunidad ayacuchana de Callqui, así como por el asesinato de 57 víctimas, cuyos restos fueron hallados en las fosas de Pucayacu.

El escurridizo militar que ha logrado burlar la justicia durante más de dos décadas, cobró triste fama en la lucha antisubversiva cuando convirtió el estadio municipal de Huanta en su cuartel general, donde torturaba y asesinaba a todo el que caía en sus manos.

Su autosecuestro, perpetrado impunemente el 21 de febrero de 1986 y la presunta muerte judicial, publicada en el diario oficial El Peruano, determinaron que se excluya al Comandante Camión de la denuncia fiscal contra el ex jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, Adrián Huamán Centeno, por los delitos de asesinato y desaparición forzada cometidos en ese departamento en 1984.

Después de veintidós años de larga espera, el Segundo Juzgado Supraprovincial de Lima recibió la denuncia del Ministerio Público y los casos Pucayacu, Callqui, del periodista Jaime Ayala, entre otros, lograron ser judicializados por recomendación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

La denuncia fue presentada por Cristina Olazábal, titular de la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho, quien investigó a los encargados de las bases militares de las provincias de Huanta y La Mar y comprendió también el descubrimiento de restos pertenecientes a 50 personas que fueron hallados en tres fosas comunes en la localidad de Pucayacu (Huancavelica), el 22 de agosto de 1984.

La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, confirmó que el principal responsable de estos crímenes, el entonces jefe de la base de la Marina en Huanta, Alvaro Artaza Adrianzén, Comandante Camión, fue lamentablemente excluido de la denuncia fiscal.

La denuncia también comprende a Alberto Rivero Valdeavellano, jefe del Comando Político Militar Huanta-La Mar; Augusto Gabilondo García del Barco, jefe de la Base Contrasubversiva de Huanta; y Luis Alberto Celis Checa, jefe de la patrulla contrasubversiva de Huanta.

EXTRAÑA PROTECCION

Es un secreto a voces que Alvaro Artaza gozaba de la más amplia protección de sus compañeros de armas, para quienes las violaciones a los derechos humanos en las zonas de emergencia eran solo daños colaterales de la lucha antisubversiva.

Tras el escandaloso autosecuestro del Comandante Camión, precisamente cuando iba a ser juzgado por su responsabilidad en la desaparición del periodista, Jaime Ayala, un manto de silencio se tendió en torno al Verdugo de Huanta, pese a denuncias insistentes sobre su fuga a Estados Unidos.

Se informó que la CIA se encontraba tras sus pasos y circularon incluso versiones de que habría regresado al Perú utilizando el pasaporte número 035211359, correspondiente a su hermano Hernando Artaza Adrianzén, residente en Los Ángeles, Estados Unidos.

En el 2003, el entonces ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, anunció que se iba a investigar para corroborar el presunto retorno de Alvaro Artaza y a proceder como indica la ley en caso tenga alguna citación judicial pendiente. Pero todo quedó a fojas cero.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Francisco Soberón Garrido, demandó iniciar el proceso de anulación de las decisiones judiciales que declararon su muerte presunta, a fin de que sea detenido para que responda por la desaparición del periodista Jaime Ayala, así como el asesinato de los seis evangélicos de Callqui y las 50 personas cuyos cadáveres aparecieron en Pucayacu, en 1984.

Recordó que en 1986, mediante una contienda de competencia, la Corte Suprema decidió que Artaza Adrianzén sea enjuiciado en el fuero común por el secuestro del corresponsal de La República, Jaime Ayala, por lo que sería necesario revisar si las órdenes emitidas entonces, que incluían su captura, se encuentran vigentes.

Soberón Garrido señaló que los organismos de derechos humanos del Perú ya habían recibido información que aseveraban que Artaza Adrianzén estaba vivo, en Estados Unidos y en Costa Rica, y que había escapado del país con la ayuda de los altos mandos de su institución.

EL VERDUGO DE HUANTA

En las conclusiones del informe entregado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al Ministerio Público se señala que el capitán AP Alvaro Artaza, Comandante Camión, en su calidad de jefe de Destacamento de Infantería de Marina de Huanta y La Mar, es uno de los principales responsables del secuestro, desaparición y ejecución de un total de 114 personas detenidas por las fuerzas del orden en la provincia de Huanta entre julio y agosto de 1984.

Se le acusa directamente por la desaparición de 57 personas, entre las que figuran el corresponsal de La República Jaime Ayala Sulca, seis evangélicos de Callqui y las 50 víctimas halladas en las fosas de Pucayacu.

El informe de la CVR incluye el relato de decenas de pobladores que fueron testigos de las detenciones; de miembros de las rondas campesinas que sirvieron de guías de los marinos; así como de un ex infante de Marina destacado en Huanta en 1984. Todos detallan la forma en que actuaban los efectivos navales.

NO RESPETABA NADA

En el caso de la masacre de seis evangélicos de la comunidad de Callqui, ocurrida el primero de agosto de 1984, la CVR acusa a Artaza Adrianzén no como autor directo pero sí como autor intelectual del hecho, al haber promovido que el personal bajo su cargo lleve a cabo ejecuciones extrajudiciales como parte de las acciones de lucha antisubversiva.

En el informe se explica que los infantes de Marina destacados en Huanta actuaban dentro de un aparato de poder organizado, es decir, los miembros de la patrulla que ejecutó a los pobladores de Callqui lo hicieron por orden de sus superiores.

Se le atribuyó haber diseñado una política contrasubversiva basada en acciones fuera de la ley, lo que explica la matanza de los evangélicos. La CVR también recogió las declaraciones de cinco personas, cuyas identidades guarda en reserva, que confirmaron que Artaza Adrianzén no sólo ordenó la detención del corresponsal de La República, sino que participó en las torturas que le infligieron en el interior del estadio de Huanta.

ENEMIGO DE LA PRENSA

Los testigos señalan que Camión consideraba como enemigo a Ayala Sulca debido a sus reportes periodísticos sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden.

La CVR estableció que Artaza Adrianzén decidió eliminar a Ayala para evitar así que el periodista lo denuncie por maltrato, tarea criminal que encargó a uno de sus suboficiales. Por todo ello consideró que existían indicios suficientes para afirmar que el periodista fue asesinado en la Base de la Infantería de Marina instalada en el Estadio Municipal de Huanta.

Además, los comisionados encontraron elementos suficientes que demuestran que, entre julio y agosto de 1984, al menos 57 pobladores de distintas comunidades de la provincia de Huanta fueron detenidos por efectivos policiales y de Infantería de Marina, fueron conducidos al Estadio Municipal de esa ciudad y luego no se sabría nada de ellos.

Los testimonios recogidos permiten determinar que el estadio, que funcionaba con la autorización de Artaza Adrianzén, fue un centro de detención y tortura clandestina a donde eran trasladadas las personas acusadas de subversión.

Un testigo que durante un tiempo fue guía de los efectivos de Marina, declaró que en una oportunidad observó que al interior del estadio había sacos negros que contenían personas que se quejaban y se movían. Dijo que el Comandante Camión estuvo presente en esa oportunidad, e incluso amenazó con introducirlo a él también dentro de un costal si alguna vez lo traicionaba.

LA MATANZA

Otro de los crímenes que la CVR imputa a Alvaro Artaza Adrianzén es la ejecución de las 50 personas cuyos cadáveres fueron hallados en las localidad de Pucayacu, a tan sólo una hora de Huanta.

Las condiciones en las que se encontraron los cuerpos (desnudos, atados y 35 con heridas de bala en la cabeza y cuello) descarta que - tal como afirmó en un inicio el Comando Conjunto- la fosa fuera parte de un cementerio clandestino donde los subversivos enterraban a sus compañeros muertos durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Un ex infante de Marina declaró en forma reservada ante la CVR la forma en que los marinos enterraban a los terrucos, que coincide con la manera en que fueron hallados los cuerpos en Pucayacu.

Publicado el lunes 09 de octubre de 2006, en página web Crónica Viva.