Notas de Prensa / Adehr - Notas de Prensa: Institucional

Fiscal había denunciado a presidente García por la masacre de Accomarca.
Fiscalía de la Nación podría apelar decisión del Poder Judicial.

La Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR) saludó la decisión del Poder Judicial de archivar la denuncia por prevaricato contra Cristina del Pilar Olazábal Ochoa, Fiscal Adjunta de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Penal de Ayacucho.

Karim Ninaquispe Gil, representante legal de ADEHR calificó la decisión del Poder Judicial como "muy acertada" pues reafirma la confianza de los jueces y fiscales en materia de derechos humanos.

"Los fiscales recuperarán esa confianza, volverán a tener esa libertad de incorporar criterios jurídicos, trasladando la normatividad internacional a los casos sobre derechos humanos”, afirmó la abogada de las víctimas de la masacre de Accomarca, de los deudos del periodista Jaime Ayala Sulca, de la mayoría de las víctimas del Caso Huanta, entre otros.

“No olvidemos que la Fiscal Olazábal jamás cedió a presiones y amenazas por la férrea labor que ha realizado como Fiscal de Derechos Humanos en Ayacucho. Al contrario se ha desenvuelto con imparcialidad y arregló a ley al denunciar el caso de la masacre de Accomarca, Cayara, Los Cabitos, Chuschi y Huancapi, entre otros casos emblemáticos”, aseveró Ninaquispe Gil.

Fiscalía podría apelar decisión de Poder Judicial

La abogada de ADEHR aclaró que pese a que el Poder Judicial se pronunció a favor de la Fiscal Olazábal, existe la posibilidad de que la Fiscalía de la Nación apele en un plazo no mayor de tres días.

En enero de 2010 la Fiscalía de la Nación declaró fundada la denuncia interpuesta por el presidente de la República, Alan García Pérez, contra la doctora Cristina Olazábal, por la supuesta comisión del delito de prevaricato en la formulación de la denuncia penal -delito de genocidio– por los hechos de Accomarca, ocurridos en su primer gobierno.

La denuncia afirmaba que el delito de genocidio no estaba tipificado en la ley nacional y por lo tanto, no se ajustaba a derecho; sin embargo, la denuncia de la fiscal Olazábal se sustentaba en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la Convención contra el Genocidio, que el Perú está en obligación de cumplir, debido a que la suscribió en 1948.

Al igual que ADEHR, varias organizaciones de derechos humanos han saludado dicha decisión judicial, al considerarla justa. Entre ellas figuran la organización Paz y Esperanza, Asociación de Familiares Víctimas de la Violencia Política del Distrito de Accomarca (AFAVPDA), entre otros.

Datos:

• El delito de prevaricato consiste en denunciar a un juez o fiscal por agravios contra el Estado. Según las leyes peruanas el delito de prevaricato puede tener una pena no menor de tres años.
• En 1985 agentes del Ejército ejecutaron a 69 comuneros en Accomarca, por este caso, la Fiscal Olazábal denunció a Alan García por delito de Lesa Humanidad (omisión impropia), la cual no procedió, es por ello la Fiscal de la Nación denunció por prevaricato a Olazábal.
• En 1985 nuestra legislación interna no contemplaba los delitos de Lesa Humanidad.

Lima, 28 de abril de 2010