Notas de Prensa: Institucional
ADEHR insta a jueces y fiscales a no aplicar decretos legislativos contrarios a los DDHH
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Decreto Legislativo encubre una nueva ley de amnistía a favor del grupo Colina y otros militares como Telmo Hurtado y Juan Rivera Rondón, responsables de la masacre de Accomarca.
Rosa Pallqui Medina, esposa del periodista Jaime Ayala Sulca, desaparecido el 02 de agosto de 1984 por agentes de la Marina de Guerra, en la provincia de Huanta, en Ayacucho, instó a los jueces y fiscales a no aplicar los recientes decretos legislativos aprobados por el Gobierno de Alan García Pérez que son contrarios a los derechos humanos.
“El Decreto Legislativo 1097 es un claro retroceso en materia de procesamiento de crímenes contra los derechos humanos y que vulnera el derecho de las victimas de encontrar justicia", sostuvo la también directora de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR).
En ese sentido, informó que pondrán en conocimiento a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre la promulgación del referido decreto que pretende cerrar todas las investigaciones y procesos judiciales que se encuentran en marcha. “Esta estrategia de impunidad del Estado solo hará que la CIDH condene nuevamente al Perú por violar la Convención Americana de Derechos Humanos y le obligue a pagar indemnizaciones".
Karim Ninaquispe Gil, abogada de ADEHR afirmó por su parte, que solicitarán a los fiscales y jueces en las investigaciones y procesos en curso que no apliquen el decreto legislativo 1097 respecto al sobreseimiento (archivo) y prescripción de los casos en merito a las facultades constitucionales que tienen los magistrados como es el control difuso y señalen su inconstitucionalidad haciendo respetar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los fallos del Tribunal Constitucional.
ADEHR patrocina diversos casos de violaciones de los derechos humanos como son la masacre de 69 personas en Accomarca, el asesinato de 7 pobladores en Pucayacu, la ejecución de 23 campesinos en Chilcahuaycco, el asesinato de 8 periodistas en Uchuraccay, así como el caso Huanta (que abarca la desaparición forzada y asesinato de más de un centenar de personas en la provincia de Huanta, entre los que destacan: la desaparición forzada del periodista del diario La República Jaime Ayala Sulca, la matanza de 43 comuneros de Culluchaca, entre otros).
“Varios de los casos que patrocinamos se ven afectados por este decreto. Esperamos el buen criterio de los jueces. Asimismo, esperamos que los jueces superiores inicien de inmediato los juicios orales en los casos Accomarca y Cabitos 1983”, afirmó la letrada.
Lima, 03 de setiembre de 2010
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