La Sala Penal Nacional, a cargo del doctor Pablo Talavera, viene retrasando el juicio oral contra 7 ex militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos, registrados en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho, en 1983, denunció Karim Ninaquispe, representante legal de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR).

La abogada de la familia de Eladio Quispe Mendoza (secuestrado por agentes de las Fuerzas Armadas el 15 de setiembre de 1983 y luego torturado y desaparecido en el cuartel Los Cabitos) precisó que la acusación fiscal emitida por la Fiscal Superior, doctora Carmen Ibañez Carranza, se encuentra desde inicios de febrero de este año en la Sala Penal Nacional, pero pese a que ya transcurrieron más de 7 meses, la Sala Penal no ha realizado pronunciamiento alguno.

"Desconocemos por qué hasta la fecha la Sala Penal viene retrasando el juicio en contra de los ex militares. Nosotros, como defensa de las víctimas, hemos presentado un escrito en agosto último solicitando el pronunciamiento de la Sala Penal Nacional, pero hasta ahora no ocurre nada", aseveró Ninaquispe Gil.

En ese sentido, adelantó que tomarán las medidas legales pertinentes para que la Sala Penal cumpla con emitir su pronunciamiento sobre este caso. "Ya son 26 años de impunidad y discriminación por lo que atraviesan las familias de las víctimas y hasta la fecha la justicia solo les ha dado la espalda", finalizó la representante de ADEHR.

Los siete ex militares incluidos en el proceso son:

• Briceño Zevallos (ex presidente del Comando Conjunto de las FFAA en 1983)

• Pedro Paz Avendaño (Jefe de la Casa Rosada- Inteligencia)

• Humberto Bari Orbegoso (Personal Militar de la 2da División de Infantería de Ayacucho)

• Julio Carbajal DAngelo

• Carlos Millones Destefano

• Roberto Saldaña Vásquez

• Arturo Moreno Alcántara (personal de Inteligencia).

Datos del proceso

La Segunda Fiscalía Penal Superior, a cargo de la doctora Carmen Ibáñez Carranza, presentó su acusación en contra de 7 ex miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), quienes ejercían el control político - militar en la zona de Ayacucho, durante el año 1983.

La Fiscalía ha encontrado suficientes elementos de prueba que establecen la responsabilidad penal de los acusados, para quienes exigió 30 años de cárcel y el pago de 10 millones de nuevos soles por concepto de reparación civil a favor de los familiares directos de las víctimas.

A los procesados se les imputa la autoría mediata de detenciones arbitrarias, secuestros, torturas y desapariciones forzadas de 54 personas durante el año 1983, en el departamento de Ayacucho.

Hasta la fecha se han encontrado más de 80 cuerpos en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho, recinto que fue el principal centro de reclusión, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada durante los primeros años de la violencia sociopolítica.

Lima, 12 de setiembre de 2009