Luego de cerca de 21 años los familiares del desaparecido Albino Quino Sulca y otros tres campesinos de la comunidad de Matero, en la provincia ayacuchana de Cangallo, volvieron a ver a los responsables de sus traumas y sufrimientos.

 

Se trata del capitán PIP Hugo Sartor Espinoza, el teniente coronel del Ejercito Carlos Armando Bardales Angulo, el mayor PNP Teodoro Maraví Gómez y el teniente Marino Nemesio Ambía Vivanco y el mayor PIP Javier Culquicóndor Díaz (no asistió, se encuentra en EEUU), todos ellos denunciados por secuestro y posterior desaparición forzada de los cuatro pobladores de Matero.

Con pancartas en mano y en medio de escenas de dolor, los familiares de las exigieron justicia y sanción a los responsables del lamentable suceso, registrado el 30 de julio de 1986.

Ello ocurrió el último martes, durante la instalación de la audiencia pública por el Caso Matero (desaparición forzada de Albino Quino Sulca y otros tres campesinos), a cargo de  la magistrada Mirtha Bendezú Gómez, en las instalaciones de la Sala Penal Nacional.

Al respecto, la abogada de los hijos de Albino Quino Sulca, Karim Ninaquispe Gil, precisó que la instalación de la audiencia pública duró menos de 20 minutos, debido a la falta de coordinación entre los vocales. Por ello, el proceso se suspendió hasta este jueves 21 de junio.

"El interrogatorio a los militares acusados continuará este jueves 21, desde las 10 de la mañana, en la sala Penal Nacional", agregó la representante de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR).

Datos:

·    El 25 de julio de 1986, un grupo de efectivos del Ejercito, incursionó en la localidad de Matero, buscando a Albino Quino Sulca, Tineo Perez Melchor y Martín Escriba Pillaca, acusados de ser “presuntos colaboradores de Sendero Luminoso”.

·    Al no hallarlos, los agentes detuvieron al menor Severino Quispe Pillaca y a Francisca Janampa Pillaca, esposa de Albino Quino. Tras ser trasladados a la Base de Cangallo, sólo se liberó a la señora Janampa, bajo la condición de que su esposo y demás víctimas acudan al cuartel.

·    A los días siguientes, los tres campesinos acudieron, primero, a la Fiscalía y la Prefectura, para que les brindasen garantías. Ahí les dijeron que acudan a la antigua Policía de Investigaciones del Perú (PIP), donde les citaron para el 30 de julio.

·    Llegada la fecha, los tres comuneros retornaron a la PIP, en compañía de varios miembros de su comunidad y con un memorial para que liberaran al menor Severino Quispe; pero fueron sorprendidos por los agentes, quienes detuvieron a los tres comuneros y los ingresaron a la fuerza al recinto militar.

·    Aquella fecha fue la última vez que se vio a los tres comuneros y al menor. Pese a los reclamos de los testigos y familiares los agentes adujeron que los detenidos fueron trasladados al cuartel de Cangallo. Sin embargo, en ese recinto negaron la detención y reclusión de las víctimas.

·    En virtud de las Recomendaciones de la CIDH, la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho, a cargo de la doctora Cristina Olazábal, reabrió el caso en el 2002, y formalizó denuncia penal en el 2005, en contra del Jefe de la Base de Cangallo y otros oficiales de la Policía de Investigaciones.