Este martes 14 de julio comenzará un nuevo juicio oral contra tres militares por la desaparición forzada de cuatro campesinos, registrada el 30 de julio de 1986, en la comunidad de Matero, en la provincia de Cangallo (Ayacucho), informó Karim Ninaquispe Gil, representante legal de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR).

Se trata de los efectivos militares Carlos Armando Bardales Angulo, Marino Nemesio Ambia Vivanco y el efectivo policial en retiro Javier Augusto Culquicondor Díaz, quienes son acusados por la desaparición forzada de los campesinos Albino Quino Sulca , Tineo Perez Melchor, Martín Escriba Pillaca y Severino Quispe Pillaca.

El proceso, que se iniciará a las 9:00 horas, se realizará en la sede de la Sala Penal Nacional, situada en la primera cuadra del jirón Uruguay, en el Cercado de Lima.

La representante de ADEHR y abogada de los deudos de la víctima Albino Quino Sulca, precisó que la Corte Suprema de Justicia anuló el primer juicio, en el que la Sala Penal Nacional absolvió a los efectivos militares, y ordenó que se realice un nuevo proceso, con el objetivo de establecer la responsabilidad de los acusados, para quienes la Fiscalía ha solicitado 20 años de prisión.

La sala estará compuesta por las vocales María Jimena Cayo Rivera Shereiber, Clotilde Cavero Nalvarte y Enma Rosaura Benavides Vargas, quien la preside.

Ayuda Memoria:

El 25 de julio de 1986 una patrulla del Ejercito de la base militar de Cangallo, en Ayacucho, al mando del oficial ‘Ruben o Robin’, incursionó en la localidad de Matero, buscando a Albino Quino Sulca, Tineo Perez Melchor, y Martín Escriba Pillaca, quienes en ese momento trabajaban en un canal de irrigación. Al no hallarlos, los agentes detuvieron al menor Severino Quispe Pillaca y Francisca Janampa Pillaca, esposa de Albino Quino Sulca.

Ellos fueron conducidos a la Base de Cangallo, de la cual sólo fue liberada, la señora Janampa, con la condición que su esposo y las demás víctimas se presenten al Cuartel.

El 30 de julio los tres pobladores acudieron a la PIP, en compañía de varios miembros de su comunidad y con un memorial para que liberaran a Severino Quispe Pillaca. Ase día, el Jefe de la PIP, Javier Culquicondor, les indicó que esperaran en la puerta de la unidad. Instantes despues, el Ejercito realizó una batida y con lista en mano, detuvo a los tres comuneros y los ingresó a un recinto militar.    

Los familiares y demás comuneros esperaron por varias horas en la plaza sin  información alguna sobre la situación de los detenidos. Al día siguiente, los comuneros y familiares retornaron a dicha unidad a exigir información sobre la situación de los detenidos. Los agentes del orden comunicaron que ellos habían sido trasladados al Cuartel de Cangallo; sin embargo, en ese cuartel  negaron la detención y reclusión de las víctimas.

Los familiares de las víctimas interpusieron varias denuncias y recursos ante las autoridades nacionales, sin embargo, el Ejercitó negó la detención. Hasta la fecha se desconoce el paradero de los tres detenidos.