Fiscalía solicitó 20 años de prisión para ex militares por el asesinato de 7 personas en Huanta.  También el pago de una reparación civil de 100 mil nuevos soles.

El abogado César Nakasaki recusó a la vocal Jimena Cayo, solicitando que se inhiba del juicio oral iniciado el último miércoles 30 de junio contra 3 ex oficiales del Ejército peruano procesados por el asesinato a 7 pobladores de la provincia de Huanta, en Ayacucho, el 7 de agosto de 1985 (Caso Pucayacu 2).

La recusación se resolverá en tres dias informó Karim Ninaquispe, abogada de los familiares de las víctimas y representante legal de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR).

"El pedido del abogado Nakasaki se debe a que la doctora Jimena Cayo resolvió con anterioridad 2 incidentes planteados por la defensa de uno de los militares acusados, referidos a la prescripción y cosa juzgada, los cuales fueron declarados infundados. Y para Nakasaki ello sería un adelanto de opinión. Lamentamos que la defensa de los acusados hagan que este proceso se prolongue por más tiempo con estas acciones. La doctora Jimena Cayo debería continuar en el juicio. Ella ha demostrado durante estos años que es imparcial", afirmó la letrada.

La Sala está conformada por los Jueces Superiores, Jimena Cayo, María Vásquez Vargas y Teófilo Salvador Neyra.

El juicio oral se desarrolla en las instalaciones del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, hasta donde son conducidos el ex Teniente EP Enrique De la Cruz Salcedo y el Suboficial EP José Gutiérrez Herrada, quienes se encuentran recluidos en el penal de Chorrillos. En tanto, el ex Teniente Coronel EP David Lama Romero se encuentra con orden de captura..

Fiscalía pidió 20 años de prisión para ex militares

Karim Ninaquispe precisó que el Ministerio Público solicitó en agosto de 2009 20 años de prisión para los acusados y el pago de 100 mil nuevos soles de reparación civil a favor de los familiares de las 7 víctimas: Alejandro Cunto Yaranga, Gregorio Cunto Guillen, Faustino Cunto Tincopa, Claudio Palomino Curo, Gerardo Palomino Ricra, Dionisia Villarroel Villanueva y Esperanza Ruiz Soto.

Los hechos: Pucayacu 2

El 7 de agosto de 1985, 7 personas fueron asesinadas extrajudicialmente por miembros del Ejército de la Base Contraguerrillera de Castro Pampa, en una zona denominada Pucayacu, situada en la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho.

Estos civiles fueron detenidos arbitrariamente entre el 31 de julio y 04 de agosto de ese mismo año.

Los detenidos fueron conducidos a la Base Militar de Castro Pampa, donde permanecieron hasta el 07 de agosto de 1985. Durante ese lapso, los detenidos fueron golpeados y sometidos a tratos crueles y a condiciones que no se ajustaron a las normas de un procedimiento regular, pues fueron detenidos sin causa aparente, sin mandato judicial preexistente y se les negó el acceso a las garantías fundamentales de protección de sus derechos constitucionales.

El 07 de agosto, los detenidos fueron conducidos en un camión UNIMOG afectado a la Base Castro Pampa a un lugar denominado Pucayacu, en las afueras de la provincia de Huanta. La acción policial estuvo al mando del Teniente EP Enrique De la Cruz Salcedo. Tras llegar al lugar, 7 soldados cavaron una fosa. Luego, el Suboficial de Tercera EP José Gutiérrez Herrada ejecutó a las víctimas de dos disparos en la cabeza a cada uno. Finalmente, los enterraron en la fosa común.

El 28 de agosto de 1985 se ubicó una fosa con restos humanos, y el Fiscal Provincial remitió un oficio al Juez Instructor de Huanta, solicitando disponga el levantamiento de los cadáveres de la fosa de Pucayacu.

El 29 de agosto de 1985 se realizó la exhumación y levantamiento de cadáveres, con la presencia del Juez Instructor de Huanta, el Fiscal Provincial, efectivos de la entonces Policía de Investigaciones del Perú (PIP) y los familiares denunciantes. En el lugar se halló una fosa con 5 cadáveres de sexo masculino y 2 de sexo femenino.

Lima, 03 de julio de 2010