La representante legal de la Asociación Para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR), Karim Ninaquispe, informó que interpondrán un recurso de nulidad luego que la Sala Penal Nacional, a cargo de la doctora Rosa Bendu Gomez, absolviera a dos oficiales del Ejército  y tres miembros de la Policía Nacional, acusados de ser los autores de la detención y posterior desaparición de cuatro campesinos de la localidad de Matero - Cangallo, en Ayacucho.

 

"No se ha tenido en cuenta todas las pruebas. Los familiares de las víctimas están muy consternados y afectados por el fallo que es completamente injusto debido a que existen suficientes evidencias que demuestran que los procesados son los responsables de la desaparición forzada de Albino Quino Sulca, Martín Escriba, Melchor Tineo y Seferino Quispe ", afirmó Ninaquispe Gil.

La abogada de la familia Quino Sulca se mostró confiada en que la Corte Suprema revocará la sentencia y emitirá un nuevo fallo en el que ordenará un nuevo juicio.

Precisó que la fiscal superior Luz Ibáñez Carranza ha interpuesto un recurso de nulidad correspondiente.

Fueron absueltos el capitán PIP Hugo Sartor Espinoza, el teniente coronel del Ejército Carlos Armando Bardales Angulo, el mayor PNP Teodoro Maraví Gómez y el teniente Marino Nemesio Ambía Vivanco y el mayor PIP Javier Culquicóndor Díaz (se encuentra en EE.UU.).

Ayuda memoria:

El 25 de julio de 1986, un grupo de efectivos del Ejército, incursionó en la localidad de Matero, buscando a Albino Quino Sulca, Tineo Pérez Melchor y Martín Escriba Pillaca, acusados de ser "presuntos colaboradores de Sendero Luminoso".

Al no hallarlos, los agentes detuvieron al menor Severino Quispe Pillaca y a Francisca Janampa Pillaca, esposa de Albino Quino. Tras ser trasladados a la Base de Cangallo, sólo se liberó a la señora Janampa, bajo la condición de que su esposo y demás víctimas acudan al cuartel.

A los días siguientes, los tres campesinos acudieron, primero, a la Fiscalía y la Prefectura, para que les brindasen garantías. Ahí les dijeron que acudan a la antigua Policía de Investigaciones del Perú (PIP), donde les citaron para el 30 de julio.

Llegada la fecha, los tres comuneros retornaron a la PIP, en compañía de varios miembros de su comunidad y con un memorial para que liberaran al menor Severino Quispe; pero fueron sorprendidos por los agentes, quienes detuvieron a los tres comuneros y los ingresaron a la fuerza al recinto militar.

Aquella fecha fue la última vez que se vio a los tres comuneros y al menor. Pese a los reclamos de los testigos y familiares los agentes adujeron que los detenidos fueron trasladados al cuartel de Cangallo. Sin embargo, en ese recinto negaron la detención y reclusión de las víctimas.

En virtud de las Recomendaciones de la CIDH, la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho, a cargo de la doctora Cristina Olazábal, reabrió el caso en el 2002, y formalizó denuncia penal en el 2005, en contra del Jefe de la Base de Cangallo y otros oficiales de la Policía de Investigaciones.