Debido a un ‘pedido’ del general en situación de retiro, Adrián Huamán Centeno, la Sala Penal Nacional aplazó esta mañana, a último minuto, la audiencia pública por el caso Huanta, que engloba diversos casos de violación a los derechos humanos, registrados entre julio y agosto de 1984, en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.

Karim Ninaquispe, abogada de los deudos del desaparecido periodista Jaime Ayala y los ciudadanos Juan Medina Garay, Cirilo Barboza Sanchez y Graciela Lopez Medina, mostró su extrañeza ante dicha decisión, puesto que no recibió ninguna notificación sobre la suspensión.

Afirmó que este aplazamiento dilata de manera alarmante el inicio del proceso penal contra el entonces jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, general Adrián Huamán Centeno, el jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, Alberto Rivero Valdeavellano, y el jefe de la base contrasubversiva de Huanta, Augusto Gabilondo García del Barco, sindicados como los principales responsables de la desaparición forzada de Jaime Ayala y otras 16 personas, así como la ejecución de 50 campesinos (fosas de Pucayacu) y la matanza de seis evangélicos de la comunidad de Callqui.

“La suspensión de la audiencia es una estrategia dilatoria y obstruccionista planeada por la defensa de los acusados, que atenta contra el derecho a la verdad de las víctimas. El general en retiro Huamán Centeno primero solicitó su derecho a pronunciarse, y ahora, extrañamente, se suspendió la vista de la causa porque el señor está fuera de Lima…Él tenía pleno conocimiento del día y hora de la cita, incluso se acercó con su abogado hasta hace cinco días a la Sala Penal para leer los expedientes del caso. Es una burla ausentarse justo este día”, declaró la representante de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR).

Ninaquispe Gil precisó que la nueva fecha para la audiencia sería programada a partir del próximo lunes 16 de julio, debido a que Huamán Centeno refirió, en su pedido, que retornaría a Lima el 15 de julio.

Por su parte, Rosa Pallqui Medina, esposa del periodista desaparecido Jaime Ayala Sulca, lamentó la medida y exigió más respeto para las víctimas. “Es una burla para todos nosotros. Decenas de familiares han tenido que invertir lo poco que tienen para venir a Lima a presenciar la audiencia para que ésta se haya suspendido sin previo aviso. No es posible que pese a que ya pasaron siete meses aún no se haya decidido si se apertura o no el proceso contra los responsables de la desaparición de mi esposo y otras víctimas”, denunció.

En tanto, Cipriana Huamaní, esposa del profesor Rigoberto Tenorio Roca,  quien fue desaparecido el 07 de julio de 1984 en la provincia de Huanta, a manos de los infantes de la Marina, cuestionó la decisión de la Sala Penal Nacional y exigió mayor objetividad a los magistrados a cargo de la audiencia. “Ya han transcurrido más de 23 años desde que se llevaron a mi esposo, es injusto que se siga dilatando el proceso”, sentenció.

La desaparición forzada de Jaime Ayala y demás víctimas del Caso Huanta fue investigada y denunciada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho formalizó la denuncia en setiembre del 2006, pero el juez del Segundo Juzgado Supranacional, Omar Pimentel, archivó el caso en diciembre del mismo año. Luego de siete meses de espera, la sala Penal Nacional debe emitir un pronunciamiento final sobre el caso.

Lima, 09 de julio de 2007