La congresista nacionalista Juana Huancahuari pidió ampliar a cien millones de nuevos soles el presupuesto del próximo año del Plan Integral de Reparaciones a las regiones afectadas por la violencia política.

El Tribunal Constitucional declaró improcedente un recurso de hábeas corpus que presentó el ex teniente EP Collins Collantes contra la sentencia que le impuso la Sala Penal Nacional de 14 años de prisión por el delito de desaparición forzada de autoridades del poblado ayacuchano de Chuschi en 1991.

La ira vuelve a desatarse contra el monumento edificado para la reflexión. El viernes último un grupo de aproximadamente 500 fujimoristas, liderados por el congresista Carlos Raffo y Kenyi Fujimori, ingresaron al memorial El ojo que llora con el pretexto de marchar por la liberación del extraditado, Alberto Fujimori, y exigir el retiro de los nombres de sus familiares de las piedras que integran el monumento. Pero no contentos con ello, ocasionaron daños en el mismo.

Hasta fines de setiembre, la Defensoría del Pueblo ha registrado 1,253 casos nuevos de desaparición forzada perpetrados durante los años de violencia política en el país. Esto confirma que, en términos de cifras, se ha establecido una cantidad que supera las 8,558 personas desaparecidas que reportó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

El director del Instituto de Medicina Legal (IML), Luis Bromley, sustenta hoy ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, los recursos que requiere su institución para ejecutar un plan nacional de investigaciones forenses que permita atender la deuda con los familiares de los cientos de víctimas por desaparición forzada durante los años del conflicto interno.

El titular de la Tercera Fiscalía Provincial en lo Penal de Huancayo, Juan Pacheco Gallupe, ordenó la exhumación de dieciséis cadáveres, que fueron asesinados el 14 de enero de 1992, por terroristas de Sendero Luminoso, en la masacre de Alto Villa Victoria, en el distrito de Río Negro.

El presidente argentino, Néstor Kirchner, consideró "ejemplar" la condena a cadena perpetua impuesta al sacerdote católico Christian Von Wernich por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El Juzgado Penal Supraprovincial de Ayacucho abrió proceso al ex jefe del destacamento de la Marina en Huanta, Gustavo Silva Santisteban Larco, como autor intelectual del delito de tortura, en agravio de José Navarrete Cabrera y Celestino Yaranga Pozo, campesinos que fueron objeto de golpes, ahogamientos y colgaduras en 1984.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado peruano proseguir y concluir las investigaciones de la matanza del penal “El Frontón” ocurrida en 1986.