Es justo reconocer que ad portas del Día Internacional de los Derechos Humanos, que el mundo conmemora desde hace 61 años, es muy poco lo que hay que celebrar, como ha expresado acertadamente en entrevista con El Comercio, Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ex relator especial para la libertad de expresión de la OEA.

Y es que si bien América Latina muestra algunos avances en esta materia, sigue arrastrando pobreza y legitimando violaciones flagrantes que vulneran los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, irónicamente, de los más desvalidos. Ni la extendida consolidación de gobiernos democráticos en la región, ni el crecimiento macroeconómico que exhiben algunos países —incluido el Perú— tienen correlato en las políticas de Estado que se necesitan para defender y promover de manera sostenida y sistemática el respeto a las libertades individuales.

En principio, flaco favor hacen aquellos gobiernos que se niegan a redistribuir las riquezas para reducir las ostensibles desigualdades sociales que nos siguen separando como colectividad. Como dice Cantón, un país pobre no tiene recursos ni capacidad productiva, y por lo tanto podría estar condenado a vivir en la pobreza. ¿Pero qué decir de los ricos o en crecimiento pujante, que cuentan con recursos y capacidad productiva, pero viven en exclusión por una directa e injustificable deficiencia estatal?

En el Perú, es claro que el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación marcó un antes y un después en nuestra postergada —y siempre deficitaria— agenda pro derechos humanos. Puso en blanco y negro los alcances y las obligaciones del Estado con los peruanos que directa o indirectamente vieron menoscabadas sus libertades fundamentales, producto de la insania terrorista y la violencia política. Además, permitió establecer metas para reparar a las víctimas y atender los procesos judiciales por transgresiones perpetradas en su contra.

La realidad, no obstante, nos confronta con una tarea inconclusa. Seguimos en deuda con un conglomerado no incluido que aún vive en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos indispensables. También con los derechos de minorías olvidadas, como la indígena, amazónica, asiática y la afroperuana a la que ayer mismo el Gobierno pidió un simbólico perdón por los abusos, discriminaciones, intolerancia e injusticias del pasado.

En otro plano, aún no hemos valorado en su real dimensión que en el Perú los problemas ambientales ya son un tema de derechos humanos, no solo por las amenazas de los fenómenos globales que se ciernen sobre la población, sino por los atentados y daños ecológicos provocados por la mano del hombre que mellan el derecho de las personas a vivir sanamente, sin contaminación que frene su desarrollo o mine sus vidas mortalmente.

Por eso, este 10 de diciembre, cuando el Estado Peruano conmemore el Día Internacional de los Derechos Humanos debería explicar qué hará para hacerlos respetar. Creemos, como Cantón, que los derechos humanos no son una cuestión ideológica ni tampoco una dádiva. Simbolizan libertad, tolerancia, justicia y solidaridad. Son prerrogativa que el Gobierno cautela para prevenir y sancionar cualquier abuso en su contra, venga de donde venga.

Fuente: El Comercio