La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha encontrado mérito suficiente en los reclamos de algunos de los familiares de los periodistas asesinados en Uchuraccay en 1983 y ha dispuesto ver el caso.

Todos con seguridad recuerdan el drama de los ocho colegas que fueron muertos con crueldad por un grupo de campesinos que esperaban ser recompensados como lo habían sido sus paisanos de la comunidad de Huaychao, unos días antes. Esta es la versión formal, oficial del caso que conmovió al mundo entero.

Pero han quedado sombras en la investigación, aspectos oscuros no aclarados por las Fuerzas Armadas que fueron, sin duda alguna, autores intelectuales del crimen en que los campesinos fueron meros ejecutores de un error que meses después pagarían con su vida y la práctica desaparición de su comunidad.

Por ejemplo, apenas conocida la noticia y cuando un grupo de periodistas asediaba al general Clemente Noel Moral, se hizo evidente que el Gobierno había armado la versión de que los periodistas llevaban una bandera roja –que incluso mostraron los militares. Y lo mismo repitieron hasta el cansancio los asustados comuneros que hasta llegaron a decir que “traían bandera roja… símbolo de Rusia”.

La historia fue desbaratada porque era sencillamente inverosímil pero era un buen pretexto para justificar la aparente confusión de los comuneros.

Luego la Comisión Vargas Llosa enfrentó dificultades para cumplir con el encargo de investigación que le hizo el Gobierno del presidente Belaúnde y no pudo avanzar más allá de la Historia Oficial que negaba además que había personal militar en Uchuraccay el día de la masacre.

La Comisión de la Verdad tuvo acceso a más y mejor información que la Comisión Vargas y su informe nos dio valiosos datos sobre el complejo proceso que culminó con las muertes. Pero no hemos visto allí esta parte de la sentencia del Octavo Tribunal Correccional, publicada el 10 de marzo de 1987 en el diario “Hoy”:

“Los periodistas fueron asesinados en Uchuraccay por haber descubierto entre los campesinos a sinchis e infantes de Marina. Ese fue el móvil, porque ha quedado descartada totalmente que la tesis de la confusión con terroristas nunca existió y mucho menos hubo banderas con la hoz y el martillo”.

Dicha sentencia, que condenó a cárcel a solo tres comuneros sobrevivientes, fue suscrita por los jueces Serpa Segura, César Tineo, y Arsenio Oré, magistrados que sin duda tienen mucho para contar sobre el caso.

Como fuere, los periodistas y las familias de los asesinados no están satisfechos con las explicaciones vigentes; y quieren que se agote la búsqueda de la verdad. Están en su derecho.

Fuente: Diario La Primera.