La lista preliminar de personas desaparecidas que elaboró la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) podría quedar corta. Según estimados de la Defensoría del Pueblo, serían más de 8.558 los peruanos desaparecidos a raíz del conflicto interno vivido en el país entre 1980 y el 2000.

 

De acuerdo con su informe "El Estado frente a las víctimas de la violencia", la Defensoría del Pueblo ha recibido, desde enero del 2006 hasta octubre del 2007, 2.267 solicitudes de "constancia de ausencia por desaparición forzada".

El defensor adjunto para Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, refirió que solo 1.310 de estos casos están registrados en la lista de la CVR. Los otros 957 son casos nuevos, que nunca han sido registrados.

¿Y qué significa esto? "Quiere decir que ese número de personas (los 8.558 reportados por la CVR) podría aumentar", aseguró Vega. Esto se explica --añadió-- en que los familiares de estos peruanos nunca antes denunciaron las desapariciones y, al enterarse de esta nueva ley de reparaciones, quieren verificar la situación de sus seres queridos.

El funcionario de la defensoría precisó que la lista de la CVR era preliminar. Es decir, no se verificó la autenticidad de todas las desapariciones y, por otro lado, la comisión advirtió que podía haber más desaparecidos.

Vega también indicó que de las 2.267 solicitudes de constancia de ausencia por desaparición, 900 de los casos son atribuidos a las Fuerzas Armadas; 846 a grupos subversivos; 60 a fuerzas combinadas (militares y policías); 62 a las fuerzas policiales; y 51 a rondas campesinas. En otros 348 casos, no se ha podido determinar la causal.

"El tema de la desaparición en el caso peruano tiene esta característica. En América Latina los casos son principalmente atribuidos a las FF.AA., pero en el Perú también hay un grupo importante (atribuido) a grupos subversivos", puntualizó Vega.

Hasta el momento, de los 2.267 casos que ha recibido la defensoría, ya se han resuelto 730: En 620 de ellos, se emitió constancia de ausencia por desaparición; en 90 se descubrió que las personas estaban muertas, y en 20 casos, se produjo una "reaparición".

CUMPLIMIENTO PARCIAL
El informe de la defensoría también establece que el Estado ha cumplido de manera parcial las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues solo ha pagado las indemnizaciones en 11 casos (lo cual costó S/.46'501.797 y US$934.188). Queda pendiente el pago en otros 11 casos, lo que representa S/.26'954,035.53.

También está pendiente, entre otros muchos puntos, entregar seis restos de víctimas a sus familiares e investigar y sancionar a los responsables de 17 casos.