No existe voluntad política del Gobierno Central para llevar adelante el proceso de judicialización de las desapariciones, torturas y asesinatos realizados en el cuartel Nº 51 del Ejército, conocido como “Los Cabitos” (Huamanga), pues existe una pila de restos óseos exhumados que no son objetos de estudio de laboratorio por falta de instrumentos, aseguró Nolberto Lamilla, coordinador del Grupo de Trabajo Jurídico de Ayacucho de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

 

“Hacemos un llamado al Ministerio Público para que se pueda hacer las acciones y se dote de la instrumentalidad necesaria y también hacemos un llamado al Gobierno Central para que exista voluntad política (en el caso “Cabitos”). Creemos que no hay voluntad política en el tema de judicialización (de este y otros casos)”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Se ha instalado aquí (Ayacucho) un laboratorio del Instituto de Medicina Legal (IML), hermoso físicamente, pero cuando uno visita este edificio no encuentra maquinaria, ni siquiera para las pruebas de ADN. Entonces se tiene una pila de restos que no son objeto de estudio de laboratorio, por la falta de instrumentos”, agregó.

Pide investigación seria

El también director de la Asociación Paz y Esperanza, afirmó que ya es hora que las autoridades que forman parte de la administración de justicia realicen investigaciones serias que permitan determinar a los responsables de esta y otras ejecuciones extrajudiciales, que representan una brutalidad sistemática realizada durante la década del 80.

“Estamos a estas alturas en capacidad de que nuestras autoridades de la administración de justicia puedan hacer investigaciones serias, responsables, profundas, determinar responsabilidades y sancionar a quien corresponde, sino estaremos condenados a la repetición periódica de hechos sangrientos que vamos a lamentar y nunca superar”, apuntó.

Explicó que concluida ya la octava etapa de las investigaciones y exhumaciones en la zona conocida como “La Hoyada”, se han podido hallar 33 restos óseos íntegros y un centenar de fragmentos de personas que fueron cremadas y posteriormente colocadas en fosas comunes.

“Utilizaron cal para los entierros, esto para una mayor degradación del cuerpo, lo cual evidencia que existían grupos preparados para poder borrar las evidencias”, dijo.

Entre 500 y 1500 víctimas

Lamilla Aguilar detalló además que también ha quedado evidenciado que las personas asesinadas fueron previamente torturadas, pues muchos de los restos ubicados presentan una serie de fracturas.

El coordinador del Grupo de Trabajo Jurídico de Ayacucho de la CNDDHH reveló que hasta la fecha no se ha podido determinar el número exacto de personas, cuyos restos estarían enterrados en las fosas ubicadas en la zona de “La Hoyada”, pero indicó que el número de víctimas oscilaría entre 500 y 1500 personas.

“Esta base militar peinaba una área geográfica tan grande, casi toda la provincia. Durante esta época, una de las estrategias del Ejército, fue el intercambio de detenidos y se sabe por informaciones testimoniales directas y confesiones que la base que operaba en Cangallo utilizaba el helicóptero para trasladarlos a otras zonas y también a la ciudad de Huamanga”, mencionó.

“El universo es incalculable por ahora y además se sabe que muchos restos fueron removidos y llevados al horno crematorio, se trató de pulverizar y luego se regaron en esta zona y en otros lugares”, finalizó.