A pedido de la congresista Juana Huancahuari, la Comisión de Justicia acordó conformar una subcomisión encargada de dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la ejecución de los programas de la Ley de Reparaciones y el impacto de las medidas aplicadas por el Gobierno en esta materia.

Huancahuari, quien encabezará dicha subcomisión, destacó la importancia para que desde el Congreso se acompañe e insista en la ejecución de los seis programas que comprende la Ley 28592, destinados a reparar a los afectados por la guerra interna y aplicar las políticas inclusivas de las regiones devastadas.

Mientras grupos vinculados con el poder corrupto atacan a defensores de derechos humanos, avivan la violencia, son intolerantes con los contenidos de textos escolares y empañan el Informe Final de la CVR, es necesario que el Congreso se comprometa institucionalmente a dar cumplimiento y difundir las recomendaciones en todos los ámbitos de la sociedad, dijo.

La parlamentaria, quien desarrolla una intensa actividad en defensa de los derechos humanos y las comunidades campesinas, señaló que luego de instalar la subcomisión, se formará una mesa de trabajo integrada por organizaciones de la sociedad civil.

Deficiencias a cinco años del Informe Final CVR

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel adolece de una programación multianual que permita implementar las reparaciones de manera integral y mantiene débil coordinación con las entidades regionales para asegurar la inclusión de las reparaciones.

El Programa de Reparaciones Colectivas solo ha priorizado 463 comunidades de un total de 3,560, es decir, tiene un avance del 13 por ciento. Falta de consulta en la selección de las comunidades que reciben las reparaciones, así mismo, de la adecuada ejecución de los proyectos aprobados.

El Programa de Reparaciones en Salud no existe. La cobertura que brinda el SIS es insuficiente. Dificultades en la atención de las víctimas en el Sistema Integral de Salud y mayor difusión de las normas y sensibilización al personal.

El Registro Único de Víctimas demora en el otorgamiento de reparaciones individuales por atraso en la implementación del registro. Escaso presupuesto y dilación en su otorgamiento al Consejo de Reparaciones, por parte del gobierno. Dificultades en el registro de las víctimas que se encuentran en zona alejadas por falta de presupuesto y de documentos de identificación. Poca información para las víctimas y población en general del proceso de elaboración del RUV.

En el Libro 1 del Registro Único de Víctimas se han registrado 13,227 personas.