En una severa sentencia, la 1ª Sala Penal Especial de Lima condenó ayer al ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) general EP (r) Julio Salazar Monroe a 35 años de cárcel por ordenar al destacamento Colina que ejecute la matanza de La Cantuta.

Además, sentenció a 15 años de cárcel a los ex agentes Colina José Alarcón Gonzales, Orlando Vera Navarrete y Fernando Lecca Esquen. Otros nueve ex agentes ya fueron condenados antes entre cinco y 16 años de cárcel por sentencia anticipada y colaboración eficaz.

Mientras, por mayoría, el tribunal absolvió a los ex oficiales de la División de Fuerzas Especiales (DIFE) Carlos Miranda Balarezo, Julio Rodríguez Córdova y Aquilino Portella, al considerar que ellos no participaron en los crímenes y la desaparición de los estudiantes.

También se absolvió al agente Manuel Hinojosa Sopla.

SECUESTRO

El voto en minoría de la vocal Hilda Piedra consideró que los oficiales absueltos sí eran responsables de secuestro, pues pudieron impedir los crímenes si hubieran dado legalidad al operativo en La Cantuta, universidad que tenía bajo custodia. Sin embargo, las doctoras Villa y Tello consideraron que en dichos crímenes no había secuestro, sino homicidio y desaparición forzada, pero que los citados agentes no intervinieron.

La doctora Piedra es de la idea que sí hay secuestro y que al contrario no existe desaparición forzada continuada, por lo que también se opuso a la pena de 35 años a Salazar Monroe.

Ella decía que el jefe del SIN solo debió recibir 25 años de cárcel por secuestro. Por los demás, la doctora Piedra estuvo de acuerdo con los fundamentos de la sentencia.

La decisión permite que Miranda, Rodríguez y Portella recuperen su libertad de inmediato. Hinojosa Sopla seguirá detenido porque tiene juicio pendiente por Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri.

Este veredicto pone punto final a la impunidad que rodeó la muerte y desaparición de los nueve estudiantes y el profesor de la universidad La Cantuta, la madrugada del 18 de julio de 1992.

Adicionalmente, la sentencia anuló el fallo del Consejo Supremo de Justicia Militar que impedía juzgar por este crimen a los jefes de Colina, Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingüe Guevara y el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) Juan Rivero Lazo y a otros ex agentes.

En este sentido, la Sala dispuso remitir copias de este veredicto a la fiscalía para que denuncie a dichos oficiales. Hace unos meses la fiscalía ya formuló denuncia por este caso contra Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza y Luis Pérez Documet que también estaban protegidos por un fallo absolutorio del fuero castrense.

FUJIMORI

Aunque este juicio no incluyó al ex dictador Alberto Fujimori ni a los altos mandos militares, las conclusiones del tribunal indican que ellos aprobaron la creación del destacamento Colina y sus asesinatos.

Los principales fundamentos de la 1ª Sala Penal para su drástico veredicto son:

El Destacamento Colina estaba adscrito al SIN y dependía de la presidencia de la República, con la misión y objetivo de eliminar a presuntos subversivos y opositores al régimen. Formaba parte de un grupo organizado de poder en el Ejército que era controlado por Alberto Fujimori.

Colina cumplió una política de Estado de lucha antisubversiva que usó métodos de eliminación, secuestro, desaparición forzada, tortura y otros actos ilícitos.

Vladimiro Montesinos era el representante y hombre de confianza del presidente Alberto Fujimori. Apenas este tomó el poder, Montesinos buscó y ofreció a Salazar Monroe la jefatura del SIN. Lo mismo sucedió con Víctor Silva Mendoza en el SIE.

El jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, general EP (r) Julio Salazar Monroe, formó el Equipo de Análisis, bajo el mando de Rodríguez Zabalbescoa, para evaluar los documentos incautados a Sendero Luminoso con el objetivo legítimo de capturar a los jefes de los grupos subversivos.

El SIN intentó copar el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la policía antiterrorista para conocer o controlar la información que manejaba esa unidad, a través del Equipo de Análisis de documentos incautados a Sendero. Al no lograrlo, nace el destacamento Colina.

El destacamento Colina formó parte del Ejército, del que recibió financiamiento, hombres, equipos y armas. Se creó en el SIN con la misión de responder con violencia a los grupos subversivos, en cumplimiento del Plan Cipango, aunque se aclara que la copia que existe de este documento no sería la misma que se aprobó.

Existen documentos oficiales del Ejército que desde agosto de 1991 se refieren al destacamento Colina. Los oficiales de la División de Fuerzas Especiales del Ejército (DIFE) reconocen que ellos apoyaron un operativo en La Cantuta realizada por un equipo especial de inteligencia.

La felicitación presidencial a los jefes del destacamento Colina, mayores Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe, tuvo como objetivo recompensar y motivar a los oficiales para el logro de la misión encomendada.

La matanza de la universidad La Cantuta fue una respuesta al atentado terrorista en la calle Tarata, por orden de las altas esferas militares y del gobierno que promovieron y protegieron a Colina.

La ejecución y desaparición de los estudiantes de La Cantuta no fue un operativo aislado ni un exceso de los jefes operativos del destacamento Colina Tarata. Se realizó por orden de las altas esferas militares y del poder político en coordinación con el SIN y la DIFE.

Nicolás Hermoza Ríos declaró, a nivel de juzgado, que Vladimiro Montesinos le dijo que Alberto Fujimori estaba enterado del operativo en La Cantuta y que estudiaría con él los pasos a tomar para no afectar la lucha antisubversiva. A nivel del juicio público, Hermoza se negó a declarar.

La desaparición forzada es un delito permanente de la mayor gravedad porque afecta más allá del derecho a la vida y la libertad y niega incluso la muerte. La persona es tratada menos que una cosa al negarse su identidad. La desaparición forzada persistió hasta julio del 2007 cuando científicamente pudo identificarse a dos víctimas y tenerse la plena certeza de que el resto fue asesinado.

De las 10 víctimas de La Cantuta solo fue posible identificar plenamente a Bertila Lozano y Luis Ortiz Pérez. El resto lamentablemente no se puede identificar a partir de los restos encontrados en las fosas de Cieneguilla y el local de tiro de la policía ubicado cerca de La Atarjea. En 1994, restos de las víctimas fueron llevados a Inglaterra para pruebas de ADN por el doctor Aníbal Escalante, pero se desconoce el paradero de esas muestras y el resultado de los análisis. Se dispuso que la fiscalía investigue esta situación.

La sentencia fue apelada por Salazar Monroe y los tres ex agentes condenados, por lo que será revisada por la Corte Suprema de Justicia, que si la confirma permitirá que siente un importante precedente en el Perú en la investigación y sanción de violaciones de derechos humanos desde el Estado.

LA CLAVE

Víctimas. Las víctimas del destacamento Colina en La Cantuta fueron el catedrático Hugo Muñoz Sánchez y los estudiantes Juan Mariños Figueroa, Heráclides Pablo Meza, Robert Teodoro Espinoza, Armando Amaro Cóndor, Luis Enrique Ortiz Pereda, Dora Eyague Fierro, Felipe Flores Chipana, Bertila Lozano Torres y Marcelino Rosales Cárdenas. Nunca se han presentado pruebas de que alquno tuviera relación con Sendero, salvo sospechas respecto del profesor y una estudiante.


"Esto no es venganza, es solo justicia"

"Después de casi 16 años se hace justicia. Mi hijo allá arriba sabe que esto es solo la mitad, que faltan los que dieron las órdenes. Esto no es una venganza, es solo la justicia que busqué durante todos estos años y por la que seguiré luchando", afirmó Raida Cóndor, madre de uno de los estudiantes asesinados y desaparecidos de La Cantuta.

"La sentencia que ha dictado la sala de la vocal Inés Villa es histórica y trascendental porque tendrá una consecuencia jurídica en el proceso de Alberto Fujimori, porque habrá una declaración judicial, no una presunción, de que el destacamento Colina existió y que cometieron crímenes que fueron parte de una política dirigida y liderada por Alberto Fujimori", afirmó el abogado de IDL Carlos Rivera.