Imagínese usted que una persona, que ha sufrido encarcelamiento injusto y que tras su liberación ha rehecho su vida, ahora tenga amenazada su ya ganada libertad y se le quiera volver a procesar por un delito no cometido.

Esta es la situación de cientos de personas inocentes que, encontrándose libres gracias al trabajado que realizó la Comisión encargada de proponer al presidente de la República la concesión de indulto a personas condenadas por delitos de terrorismo y traición a la patria (La llamada Comisión Ad Hoc de Indultos) ahora corren el riesgo de ver revisados sus casos.

El asunto es serio y real: El Órgano de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia, ha iniciado investigaciones contra los letrados que trabajaron en la conmutación de penas e indultos a sentenciados por terrorismo, esto ha pedido del presidente del Congreso, Luis Gonzáles Posada, a quien un diario local envió las presuntos indicios de irregularidades. (Mediante oficio 173 del 2008 del 5 de febrero, la titular de Justicia, Rosario Fernández dispuso iniciar un proceso de investigación).

El problema para los indultados se generaría si se comprueba una actuación irregular de los abogados, porque la consecuencia sería la revisión de los procesos en los que participaron.

El caso ha generado una seria preocupación en el sistema internacional. Para Diego García Sayán, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tema pasa por un asunto político en contra de quienes defienden los derechos de las personas, en este caso inocentes que fueron liberados.

“Esta es una patraña que tiene 7 u 8 años y que naturalmente es cien por ciento política. Lo vienen haciendo para deslegitimar, golpear desde el punto de vista político a quienes impulsaron o impulsamos la dinámica anticorrupción. Han pasado los años y han sido absolutamente incapaces de dar un nombre de un sólo terrorista liberado. El Congreso ha tenido que declarar que estas denuncias no tenían fundamento. Entonces, a falta de una vía para poder golpear por ese camino ahora están inventando este recorrido que es decir que había un conflicto de interés, lo cual tampoco tiene fundamento. De ninguna manera hay un conflicto de interés porque se trata de la prevalencia de los derechos fundamentales hecho por parte de personas que primero no eran funcionarios públicos eran personas que trabajaban ad honoren en estas comisiones y que finalmente eran simples propuestas que eran presentadas a quien de acuerdo a la Constitución es quien tiene la facultad de dictar los indultos o no hacerlo que es el presidente de la república” detalla el jurista.

Por su parte, Santiago Canton, secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informo que han pedido información al gobierno peruano sobre el tema.

“Nosotros también recibimos noticias y es sumamente preocupante. Lamentablemente estamos recibiendo informaciones de que en este momento se está persiguiendo judicialmente a algunas de estas personas que tuvieron un trabajo extraordinario para lograr la libertad de estas personas (indultados). La Comisión (CIDH) ha solicitado información al Estado de Peruano y estamos a la espera de una respuesta para ver de que manera proceder”.

En el Ministerio Público, la 55° Fiscalía Provincial de Lima había iniciado las investigaciones contra los abogados pero el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no ratificó a la fiscal provincial Frecia Junchaya Vera, cuyo despacho investigaba el caso. Ahora los actuados se encuentra en el subsistema anticorrupción quien deberá designar que despacho continúa las investigaciones. A los abogados de la Comisión Ad Hoc se les acusa de los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública. Y en el Congreso se promueve la conformación de una Comisión Investigadora Multipartidaria para ver el caso de los indultos una serie de indicios se habrían dictado en medio de actos irregulares.

Luis Guillermo Manunta Calienes, abogado que trabajó con la Comisión Ad Hoc junto al Padre Hubert Lansiers, recuerda que el indulto tiene valor de cosa juzgada por tanto es inmutable, es decir, no tiene lugar una investigación parlamentaria.

“Qué podría hacer el Congreso he ahí el tema, formar una comisión investigadora ¿Para qué?, ¿Para cuestionar la Comisión de Indultos? Evidentemente, esto comenzó cuando era presidente (Alberto) Fujimori que fue uno de los mandatarios que un solo día sacó a 120 o 130 personas y en ese momento nadie cuestiono nada y creo que el medio de comunicación que más está atacando no dijo absolutamente nada y la persona que dirige ese diario tampoco. ¿Por qué ahora después de tanto tiempo sucede este tipo de cosas? Al margen de ello, no conozco y no existe hasta donde sé ningún caso de indultado detenido en delito fragrante ni siquiera investigado ni nada por el estilo. Entonces, a que se debe esto ¿Cuál es el fin de esto? Cortinas de humo ya tenemos bastante.

Pero abrir investigación a quienes sacaron a inocentes de las cárceles no parece ser la única maniobra utilizada por algunos sectores que buscan desacreditar el trabajo de los organismos de derechos. Walter Albán Peralta, ex defensor del Pueblo, así lo señala.

“A mí lo que me preocupa es eso, que algunos puedan estar considerando que esta es una buena manera de tratar de recuperar la imagen ante la opinión pública. Como sabemos en el pasado (Alberto) Fujimori recurrió mucho a los temas del terrorismo para tratar de levantar su imagen y hay quienes probablemente crean que en esta oportunidad se pueda hacerlo mismo. Hay un cierto sesgo autoritarista que se viene evidenciando en el comportamiento que tienen algunos sectores o algunas autoridades del gobierno. No olvidemos por ejemplo lo que ha ocurrido con la detención de estas personas que fueron a un evento en Quito. Ojala que esto no prosiga y que haya un poco de paso a la cordura para que lo temas que haya que manejar en serio se hagan en la proporción que corresponde y de ninguna manera se ponga a gente inocente o vulnerable a un maltrato que a todas luces resulta injusto y no se condice con un Estado de Derecho.”

El asunto ha causado también indignación en personas como Pilar Coll Torrente, fundadora y primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que continua visitando y apoyando a personas encarceladas.

La también galardonada con la medalla Defensoría del Pueblo 2008, dice que se trata de una vergonzosa campaña.

“Toda es campaña me parece absolutamente vergonzosa. Decir que han hecho negocio los abogados que defendían a estas personas y después han formado parte de las Comisiones (Ah Hoc). Además, eso no es posible, el indulto tiene la calidad de cosa juzgada, entonces no es posible revisarlo pero tiene efecto de inquietar mucho a las personas que fueron indultadas y eso me consta porque he hablado con algunas de ellas.”

El interés de investigar a quienes laboraron en la Comisión Ad Hoc resulta entonces ser más un ataque contra algunas personas, pero que lamentablemente tendrá repercusión sobre los procesos y por ende en las personas inocentes que fueron liberadas.