La acusación fiscal a Alberto Fujimori por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro fue contundente durante la primera audiencia del juicio por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, tanto que el acusado perdió el control y, falto de argumentos de defensa, no tuvo otra alternativa más que responder a gritos, para luego sufrir la elevación de su presión arterial. Esto provocó la suspensión de la sesión.

"La conciencia jurídica del país espera un debido proceso y una sentencia justa. Fujimori formó el grupo Colina. Él aprobó y ordenó ejecuciones en aplicación de una guerra sucia que sembró dolor y derramó la sangre de inocentes", afirmó el fiscal supremo José Antonio Peláez.

El acusador dijo que Fujimori se comunicaba con las Fuerzas Armadas a través de Montesinos, por eso no participaba directamente en asesinatos ni tenía por qué conocer a los asesinos directos ni, probablemente, a las víctimas que ordenó ejecutar.

Anotó que durante el gobierno de Fujimori funcionaron dos estrategias de lucha contra la subversión. "Una oficial, visible y convencional a través de directivas públicas. Otra secreta, clandestina consistente en la detención, ubicación y eliminación física, sin intervención de los organismos competentes, de aquellos supuestos miembros subversivos", aseveró.

El fiscal subrayó que, en ese contexto, "Fujimori ordenó la creación del grupo Colina y aprobó los planes operativos para ejecuciones clandestinas. Fujimori operó en una estructura de mando, donde él daba las órdenes sabiendo que estas serían cumplidas".

Adicionalmente, el fiscal refirió que Fujimori ordenó la detención ilegal de periodistas y opositores a su gobierno durante el autogolpe del 5 de abril, otro de los temas que se debatirán en este juicio.

Al terminar su intervención, el fiscal reiteró su pedido escrito para que se imponga a Fujimori una pena de 30 años de prisión y el pago de 100 millones de soles a las víctimas.

Por su parte, los abogados de la parte civil, Gloria Cano y Carlos Rivera, señalaron que durante las próximas audiencias de este juicio probarán la responsabilidad de Fujimori en los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos.

DESCONTROL Y TENSIÓN

Fujimori escuchó en silencio mientras lanzaba una mirada dura y rabiosa al fiscal. Un par de minutos después, aprovechó que debía indicar al tribunal si estaba de acuerdo o rechazaba la acusación, para responder a gritos. Una respuesta preparada en la que, aunque rechazó los cargos y se declaró inocente levantando la voz, no desvirtuó las pruebas en su contra.

Fujimori reiteró que en 1990, al asumir su gobierno, recibió al país en crisis y con el 50% del territorio en manos de los grupos terroristas, un hecho que el mismo fiscal reconoció en su intervención.

"Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente y no acepto esta acusación fiscal. Si se cometieron algunos hechos graves, los condeno, pero no fueron orden de quien habla. El Perú avanza porque hubo reformas...", decía cuando el doctor San Martín lo interrumpió para recuperar el orden en la sesión.

"Acusado Fujimori, aquí mando yo. Tiene usted que respetar las directivas del tribunal. Hemos sido sumamente amplios. Usted va a tener la oportunidad de responder todas las preguntas y al final hacer toda la exposición que tiene por conveniente, pero este no es el momento", expresó San Martín.

El tribunal también llamó la atención a los familiares y colaboradores de Fujimori que aplaudieron su intervención. Les advirtió que podía ordenar el desalojo del público por crear desorden.

Hasta ese momento la audiencia había avanzado con mucha normalidad y con ambas partes, abogados de las víctimas y del acusado, respetándose mutuamente. Como estaba previsto, la audiencia comenzó a las diez de la mañana en punto.

Medio minuto antes, Fujimori ingresó a la Sala de audiencias sonriente y con buen semblante, todo lo cual fue cambiando conforme la parte civil presentaba sus pruebas y tuvo su punto crítico durante la intervención del fiscal.

Al ingresar a la Sala, Fujimori saludó a sus hijos: Keiko, Sachi y Keiji y a los congresistas fujimoristas que acudieron a la Sala de Audiencias. El tribunal tenía previsto un intermedio y que a partir de las 3 de la tarde el fiscal comience a interrogar a Fujimori.

Sin embargo, durante el receso Fujimori sintió dolores en el pecho. Al parecer a causa de su exaltación, sufrió una "crisis hipertensiva", que los médicos del INPE que monitorean su salud no pudieron controlar.

PELIGRO PROCESAL

Los médicos recomendaron que descanse por 24 horas, por lo que el tribunal debió suspender la audiencia para el miércoles, a partir de las 9.30 de la mañana, claro que si para entonces Fujimori sigue mal, la audiencia volverá a postergarse.

"Se ha concluido que tiene un problema de crisis hipertensiva, por lo tanto, por el antecedente que tiene el paciente, es un hipertenso crónico. Se recomienda el reposo por hoy, hasta la evaluación del día de mañana", señaló el médico del Inpe.

Si Fujimori no llegara a recuperarse, es probable que hoy se deba suspender la lectura de sentencia a Fujimori por ordenar al comandante Manuel Tolentino Ubillús que se haga pasar por fiscal para allanar la casa de Vladimiro Montesinos, en noviembre del 2000.

DEFENSA MILITAR

En tanto, César Nakazaki, abogado de Fujimori, presentó como testigos a un conjunto de militares que supuestamente le permitirán probar que no hubo una política de violación de derechos humanos durante el gobierno de su cliente.

Sin embargo, llamó la atención que la mayoría de sus testigos son militares procesados o sospechosos de violar derechos humanos, como los jefes del grupo Colina, Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe, el general Nicolás Hermoza Ríos, José Valdivia Dueñas y otros.

Nakazaki anotó que, en el peor de los casos, las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos pudieron ser un exceso de las Fuerzas Armadas, y que no se puede probar que Fujimori ordenara detenciones ilegales durante el autogolpe del 5 de abril de 1992.

Los jueces postergaron para la siguiente audiencia el definir si Fujimori puede tener una laptop en su centro de reclusión y durante las audiencias del juicio público.

Entre el público, los familiares de las víctimas de Fujimori observaron está primera audiencia en silencio, pero atentos a todo lo que sucedía, seguramente recordando a sus seres queridos y esperando que, al final de este trance, se haga justicia.

DATOS

CONDENA. Agremiados a la CGTP, encabezados por su secretario general Mario Huamán, realizaron una marcha a la sede judicial de la DIROES, en Ate Vitarte, para exigir el máximo peso de la ley para Fujimori.

APOYO. Unos 50 seguidores de Alberto Fujimori embanderaron las calles aledañas a la DIROES con pancartas y coreando la canción de "El Chino", así expresaron su apoyo al extraditado. La policía les cerró el paso a 3 cuadras de la sede policial.

PRENSA. 220 periodistas nacionales y extranjeros acudieron a cubrir las incidencias de esta primera audiencia del juicio a Fujimori. A diferencia de eventos anteriores relacionados con el extraditado, ayer solo se vio a un par de periodistas japoneses.



A pedido de Carlos Rivera, abogado de una de las víctimas, el primer ministro Jorge del Castillo Gálvez será citado para declarar en este juicio en calidad de testigo. Del Castillo deberá declarar sobre el intento de detención del presidente Alan García durante el autogolpe del 5 de abril de 1992.

El abogado de Fujimori, César Nakazaki, llamó como testigo de descargo al jefe y subjefe del grupo Colina, Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara. El propósito de su citación es para que desmientan la entrevista que concedieron al periodista Umberto Jara, en la que reconocen que actuaron por orden de Alberto Fujimori.

El ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos no fue trasladado a esta primera audiencia del juicio a Fujimori "por medidas de seguridad". Montesinos será llevado a la sede de la DIROES el día que le corresponda declarar. Hasta ahora, el ex asesor presidencial ha guardado silencio en los juicios por los casos La Cantuta y Barrios Altos.

Entre los testigos que sí acudieron estuvieron Máximo San Román, Ketín Vidal Herrera, Luis Pérez Documet, Alberto Cubas Portal, y los ex agentes de Colina Marcos Flores, Julio Chuqui, Isacc Paquiyauri y otros.


Al empezar la audiencia, los integrantes del tribunal, los vocales César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, expresaron que este es un juicio penal y no político. "Los cargos imputados tienen su fundamento en la ley penal. La Sala será ajena a cualquier motivación contraria a la Ley", indicaron.

Además, reafirmaron la independencia del tribunal frente a cualquier poder constituido o fáctico, y dejaron en claro que se harán respetar en todo momento y ante cualquier circunstancia.

"La Sala ratifica el pleno respeto a los principios y las garantías del proceso penal. Insiste en que las partes tienen el rol fundamental en la aportación de la prueba, y que el juicio se llevará con celeridad", subrayaron los magistrados.