Pese a haber transcurrido diez años, la Fiscalía aún no ha determinado ni menos sancionado a los responsables por las más de 400 mil esterilizaciones forzadas ejecutadas durante el régimen de Alberto Fujimori.

Así lo denunció la especialista en derechos humanos Giulia Tamayo, quien a través de la CNR indicó que muchas de las estructuras de poder de la dictadura no han sido tocadas y eso impide que víctimas reciban justicia y reparación.

"Nadie ha respondido ante la justicia por estos abusos, que están marcados adicionalmente por la discriminación hacia las mujeres indígenas y quechuahablantes, que en esta sociedad son de los grupos más vulnerables y para las que habría que reclamar no sólo que se les pida disculpas", sostuvo.

Indicó que las sanciones no sólo deben alcanzar a los médicos o personal de salud que ejecutaron estos actos, sino particularmente a Alberto Fujimori, de quien dijo estaba al frente de la aplicación y diseño de este programa gubernamental.

Agregó que la situación no sólo implica la falta de consentimiento informado de parte de las víctimas, sino además las pésimas condiciones sanitarias es que se ejercieron estos abusos. "El desprecio por el cuerpo y la salud es evidente, y es otro de los grandes pendientes", anotó.

En los casos que la especialista pudo documentar, quedó evidenciado que a las mujeres "se les coaccionó, engañó o simple y llanamente como en muchos de los centros de salud del país, son tratadas las mujeres quechuahablantes, pobres, andinas: es decir, sin tener en absoluto en cuenta su opinión".

Así mismo, Tamayo lamentó que muchos de los ejecutores y responsables de estos vejámenes sigan sus actividades como si nada hubiera pasado; entre ellos, citó al entonces ministro de Salud y hoy congresista fujimorista, Alejandro Aguinaga.

"La impunidad en nuestro país es no sólo por la influencia que tienen los que perpetraron estos abusos, sino también porque hay otros grupos políticos que de alguna u otra manera prefieren apostar por la impunidad que por hacer justicia a las víctimas", concluyó.

Durante el segundo gobierno de Fujimori se promocionó indiscriminadamente la esterilización en poblaciones indígenas o de extrema pobreza, bajo el nombre de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV).

El Ministerio de Salud (MINSA) desarrollaba campañas y ferias para difundir la AQV cual si fueran vacunas. Incluso, algunos centros de salud imponían metas a su personal para captar un número mínimo mensual de personas. (Con información de CNR)

Fuente: La republica