Los restos de los 92 féretros que contienen a los comuneros masacrados en la comunidad campesina de Putis, en diciembre de 1984, fueron por fin enterrados ayer, entre llantos de madres, viudas, huérfanos, cientos de deudos que llegaron hasta ese paraje olvidado de la puna ayacuchana, donde el Estado, 25 años después, parece nunca haber llegado.

El canto melancólico del arpa, el violín y los saxos acompañaron el recorrido fúnebre de los 92 ataúdes blancos que descendieron del cerro, circundando la escarpada, para llegar hasta su última morada, en un camposanto dispuesto especialmente para la ocasión en la comunidad de Rodeo, capital del centro poblado de Putis.

Las ofrendas fueron lágrimas, miradas al límpido cielo del mediodía, plegarias en quechua, y también velas, flores y sonrisas, todo revestido de un aire ceremonioso, taciturno, mientras los ataúdes ingresaban a su última morada, unos nichos pequeños, de unos 90 centímetros de altura, dispuestos en tres filas, a las faldas del cerro.

Previamente, los homenajes del viernes concluyeron en el distrito de San José de Secce —escenario del último atentado narcoterrorista, el pasado 2 de agosto— donde por la tarde se hizo un recibimiento a los féretros en la plaza de Armas, justo frente al local del municipio, todavía derruido tras la arremetida subversiva.

Pero en el entierro de ayer no están todos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reporta 123 pobladores asesinados, pero hay testimonios que aseguran que el número de fallecidos superaría los 400.

Por lo pronto, de los 92 restos sepultados, 25 son reconocidos con nombre y apellido y 3 con apellido; los demás son restos no identificados, por lo que a los pies del ataúd figura sólo un código.

‘No sé mi edad’

Leonilda Corosoto, pobladora sobreviviente de la masacre, no recuerda qué edad tiene y tampoco sabe el paradero de su madre, desde el día que ocurrió la matanza. Denuncia que hasta hoy no encuentra apoyo del Estado. “De mí sola depende la chacra y los estudios de mis hijos”, relata en quechua.

El presidente de la comunidad campesina de Putis, Fidel Quicaña Gutiérrez, es también el único profesor de la única escuela que tiene el lugar, justo detrás de las fosas que los agentes del Ejército Peruano obligaron a cavar a los pobladores hace 25 años.

Quicaña informó que en el lugar donde se cavaron las fosas que el Ejército, con engaños, dijo que se harían piscigranjas, se levantará un monumento de homenaje a las víctimas, que estará listo para el 13 de diciembre del próximo año, al cumplirse el 26 aniversario del horror. La obra se hará, según dijo, por gestión del alcalde provincial de Huanta, Edwin Bustíos.

Nery Contreras y Victoria Fernández son dos de las casi 60 personas que habitan esta comunidad, en campamentos provisionales y chozas deslucidas, sin agua potable ni luz eléctrica. Ellas cuentan que si bien se ha hecho la exhumación de las fosas de la misma comunidad, faltan por encontrar otras, en poblados como Putaqa, Pampahuasi, Muyurqu, Mayupampa y Kisurimi, donde habría unas 5 fosas de las familias de Putis, con alrededor de 30 personas cada una.

La ceremonia de entierro estuvo repleta de discursos. El secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jesús Aliaga, anunció que a partir del próximo año se entregarán reparaciones individuales a los afectados por la violencia política, y Putis, al ser una de las poblaciones más vejadas, tendrá un trato prioritario.

El siguiente paso

El alcalde del centro poblado de Putis, Gerardo Fernández, agradeció en quechua, mientras el presidente de la Asociación de Afectados por la Violencia en Putis, Lorenzo Quispe, lamentó que pese a la paz que encuentran las almas de Putis, aún no informe de los responsables de la masacre.

De la misma opinión fue el director nacional de la organización Paz y Esperanza, Germán Vargas, quien emplazó a que el Ministerio Público haga las investigaciones para hallar a los autores de una de las más atroces matanzas de la guerra interna. “Hoy cerramos un capítulo importante, pero abrimos una puerta para alcanzar plenamente la justicia”.

Rafael Goto, del Consejo de Reparaciones, entregó tres certificados simbólicos de reparaciones colectivas. Fernando Carvalho, en representación del ex presidente de la CVR, Salomón Lerner, invocó a que el Museo de la Memoria no debería construirse sólo en Lima sino en otras provincias del país.

También hablaron Renol Pichardo, alcalde de San José de Secce, Edwin Bustíos, burgomaestre de Huanta, y Jhony Jurado, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Afectadas por la Violencia.

El viento helado de Putis rasguña las mejillas, pero ese frío no es suficiente para apagar la esperanza que desde ayer late en cada corazón de los hijos de este poblado, que aún reclaman justicia.

Fuente: CNR.