Las esperanzas de justicia de los familiares de las victimas de la violencia política, entre los años 1980 y el año 2000, aún siguen vigentes. Algunos han esperado 27 años que los responsables de crímenes de lesa humanidad paguen por sus delitos.

 

Hace 4 años, cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregó su Informe Final revivieron las expectativas de dejar atrás la impunidad. Pero desde hace un año el asunto parece dar marcha atrás.

 

Jhonny Jurado Boza, presidente de la Coordinadora Nacional de Victimas de la Violencia Política (CONAVIP), y también representante de la Federación Regional de Afectados Victimas de la Violencia Política de Huancavelica narra esta preocupación.

“El gobierno nacional no quiere asumir las responsabilidad de ver nuestro problema si bien hay una defensa de los militares, es el caso que han puesto incluso abogados para ellos, pero para las victimas no hay nada”, dice el representante de la victimas.

Los familiares sostienen que existen diversas barreras que le impiden alcanzar justicia como dinero, jueces que hablen su idioma, conozcan su cultura y lleguen hasta donde viven. Para ellos, en las 14 regiones afectadas por la violencia una forma de acabar con la impunidad sería contar con la participación de los Jueces de Paz para los procesos judiciales.

El 28 de agosto del 2003, la CVR entregó información preliminar sobre 47 casos de delitos contra los derechos humanos para que sean investigados penalmente de los cuales se han judicializado 25. Otros 20 casos, entre ellos 12 presentados al Ministerio Público por la Defensoria del Pueblo esperan aún trámite. El Caso “Castillo Páez” sobre desaparición forzada es la primera y única sentencia que se ha dictado sobre estos casos.

A Eduardo Vega Luna, Adjunto para la Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo, le inquieta la lentitud de los procesos en el último año y recuerda que hay 29 casos que están en el Ministerio Público que ya deberían haber pasado al Poder Judicial.

“Sólo sea abierto un proceso penal que es en el caso de los campesinos de Sancaypata, en Ayacucho, este único caso que se abierto se suma a otros 28 casos que ya tenían una instrucción abierta, estamos hablando entonces de 29 casos de esta lista de 59 que tienen una instrucción abierta, y eso son habla nos llama a una preocupación”, señala el funcionario de la Defensoria del Pueblo.

Según el abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, la llegada del gobierno aprista del presidente Alan García comprometido junto con su primer vicepresidente el Almirante Luis Giampretri en crímenes de lesa humanidad en el caso El Frontón, que justamente ha sido declarado prescrito por la Sala Penal de Lima, contraviniendo las resoluciones internacionales, pone en riesgo la judicialización de los procesos.

“Recordemos que una primera campaña del gobierno fue justamente atacar de una manera furibunda este tipo de procesos, cuestionar decisiones del sistema interamericano, y atacar de manera sistemática a los miembros y al Informe de la Comisión de la Verdad, y ese mensaje político se ha escuchado, yo diría perfectamente, en el sistema de justicia y así como en los primeros tres años de la presentación del Informe de la CVR hemos tenidos cerca de 50 casos que se han judicializado en el primer año del presidente (Alan) García solamente tenemos uno que significa no solo un estancamiento sino un retroceso de lo que ya se avanzado” dice Rivera Paz.

En el 2004 se creó un Sub Sistema Penal de Derechos Humanos a nivel del Poder Judicial y el Ministerio Público pero sólo funciona en Lima y Ayacucho. En regiones como Huancavelica, Huánuco, y en Junín, donde los magistrados manteniendo su carga procesal llevan casos de derechos humanos, es necesario que existan jueces y fiscales capacitados para encargarse de estos procesos.

Un asunto vinculado a los procesos judiciales es la detención de los denunciados que en muchos casos son miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. En este tema los abogados de las organizaciones de derechos humanos opinan que se avanzado muy poco desde el inicio de los procesos. La Policía Nacional encargada de ejecutar los mandatos de detenciones ha reconocido que no ingresarán a las vías militares para cumplir con los mandatos por eso esta tarea no se cumple.

El ministro de Defensa Alan Wagner ha garantizado que su portafolio pondrá a disposición del Poder Judicial a cualquier militar en actividad que esté con una orden de detención y aclaró que su sector, cumple con atender los pedidos de información que son solicitados por el Ministerio Público. Esperemos que ello se cumpla.

Pero ese no es el único problema sino también son las irregularidades en los casos. Una muestra de ello es la reciente denuncia del IDL ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) contra el juez Cristóbal Rodríguez, titular del Tercer Juzgado Penal de Huancayo, por disponer irregularmente el interrogatorio del general EP (r) Manuel Delgado Rojas en su propia casa pese a que el ex militar tiene un mandato de detención efectiva y se encuentra en calidad de "no habido". Este militar esta implicado en el caso de los estudiantes desaparecidos de la Universidad del Centro y la matanza de Pucará, que se tramitan en el mismo juzgado y en manos del mismo magistrado.

Miguel Huertas, director de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) cuestiona este tema y las resistencias del Ministerio de Defensa para facilitar la información a los órganos jurídicos lo cual genera una situación de impunidad y dilación de los procesos. “Lo primero es importante que se consoliden procesos en el subsistema de derechos humanos y es importante también que acompañado a esto se establezca un sistema de protección de victimas y testigos”.

Negarse a dar los nombres verdaderos de los militares, publicar o acceder a las hojas de servicio y otras formas de reconocimiento de sus miembros son los principales problemas que obstaculizan las investigaciones y demuestran una clara complacencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Defensa, opina Gloria Cano abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

“Hemos visto casos en que se han iniciado las investigaciones judiciales incluso se señala claramente dentro de las investigaciones judiciales como fueron los operativos judiciales y cual era la responsabilidad de los institutos donde tomaban las decisiones de la eliminación de algunos ciudadanos, sin embargo, nada de esto parecer importar a algunos determinados jueces y lo que señalan es que a pesar de las evidencias cualquier pretexto que se coloquen a los procesado señalan e invocan el principio de in dubio prorreo y simplemente archivan el caso”, opina la defensora de victimas.

Un tema también pendiente y que permitirá avanzar en los procesos judiciales es el Plan Nacional de Exhumaciones propuesto por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que no sólo encontrará fosas y exhumará cuerpos sino identificará a las victimas para que se conviertan en pruebas para los procesos judiciales en curso.

A decir de Luis Bromley, Jefe del Instituto de Medicina Legal, del Ministerio Público esto no se concretará sino se cuenta con los recursos necesarios. Señala que nunca tuvieron un presupuesto asignado y demandan un millón de soles anuales para cumplir con las tareas pendientes.

“En cuatro años solo hemos recuperado mil cuerpos y estamos hablando de 15 cuerpos que significa esto que vamos a demorar 10 años 0 20 años mas y todo esto significa que el gobierno central vía Congreso y (el ministerio de) Economía y Finanzas destine una partida especial para continuar con este trabajo”, dijo.

La ausencia de un Plan de Intervenciones Antropológicas Forenses, el acceso del Ministerio de Defensa para identificar, investigar y procesar a militares perpetradores de delitos contra los derechos humanos y el lento avance de los procesos judiciales en el Ministerio Público y el Poder Judicial son los principales problemas que urgen solución para que los familiares de las victimas de las violencia política alcancen por fin la tan ansiada justicia.

Publicado el martes 04 de setiembre de 2007, en web de Ideeleradio.