Luego de la reconstrucción judicial del motín del penal El Frontón (1986), donde los testigos ratificaron su versión de que el ex ministro Agustín Mantilla se presentó en el lugar “por expresa disposición del presidente Alan García” para encargarse de las acciones para su debelamiento, la abogada de las víctimas, Gloria Cano, afirmó que el Ministerio Público está en la obligación de incluir al ex aprista como inculpado.

“Agustín Mantilla debe ser incluido como inculpado dentro del proceso. Si el Poder Judicial y el Ministerio Público deciden eso, sería un gran paso en nuestro afán de conseguir justicia. Aparte de las evidencias, todos saben que Agustín Mantilla estuvo en El Frontón. Él afirmó que venía por disposición presidencial y dictó órdenes y acciones para el debelamiento. Entonces es justo que Mantilla esté dentro de los implicados”, dijo Cano a LA PRIMERA.

En ese sentido, la abogada sostuvo que el actual fiscal que ve el caso tiene “y desde hace bastante tiempo”, los elementos necesarios para incluir al ex secretario personal de Alan García como inculpado. “Incluso no necesita siquiera que la parte civil lo solicite sino que de oficio podría ampliar la denuncia”, agregó.

Sin embargo, Cano afirmó que tras veinte años de ocurrida la matanza y las posteriores investigaciones, Mantilla Campos no ha sido tocado en lo absoluto, pues según dijo, han existido “presiones” para protegerlo. 

“Por ejemplo, en el Ministerio Público. En cierto momento el proceso cayó en manos de un fiscal que se señaló había sido en su juventud del Partido Aprista, para luego pasar a manos de otra fiscal que no sabía nada del tema, y no sé qué pueda pasar mañana”, agregó.

Anotó que se ha dado una serie de situaciones que a la larga lindan prácticamente con una complicidad para mantener la impunidad en este caso. “En veinte años la Fiscalía no ha hecho nada para investigar de forma efectiva”, concluyó la abogada.
 
TAMBIÉN GIAMPIETRI

Para Gloria Cano es primordial que también se incluya como inculpado al almirante Luis Gampietri. “Las evidencias señalan que hubo disposiciones de la presidencia de la República para que se eliminara a los sobrevivientes. El debió haber tomado acciones para prevenir la matanza”, agregó la abogada. 

Publicado el domingo 18 de febrero de 2007, en diario La Primera.