No escucha a nadie. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Benedicto Jiménez, desconoció las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo de mantener cerrado el penal de Challapalca (en Tacna) y anunció que esta prisión será reabierta a fines de marzo.

Aseguró que se realizarán las refacciones necesarias a fin de subsanar las críticas que le hacen estas instituciones y que obligaron a cerrar el establecimiento penitenciario. La CIDH y la Defensoría han cuestionado la ubicación, altura y aislamiento del penal.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2000 dice expresamente que Challapalca no reúne "las condiciones mínimas para la supervivencia humana" por encontrarse en una zona inhóspita, a 4,600 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas bajo cero grados centígrados.

"Ignora compromisos"

"Reabrir Challapalca es ignorar los compromisos que tiene el Estado peruano con el sistema interamericano. Es un hecho grave que involucra nuestras obligaciones en materia de derechos humanos", dijo enérgicamente ayer la defensora del Pueblo, Beatriz Merino.

Recordó que el penal fue clausurado hace dos años por las recomendaciones de la Comisión Interamericana y la propia Defensoría del Pueblo, que en las nueve visitas que realizó a la cárcel comprobó la infrahuma-na condición en que estuvieron los presos.

Merino dijo que un equipo de la Defensoría visitará este penal de máxima seguridad para verificar las condiciones en que se encuentra, y que hicieron que sea calificado como un "penal de castigo".

Presentarán queja ante CIDH

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresará su preocupación por el anuncio de reabrir Challapalca, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El secretario ejecutivo de la coordinadora, Pablo Rojas, sostuvo que a principios de marzo, cuando se inicie el nuevo período de sesiones de la CIDH, la alertarán sobre la posible apertura del penal.

"Reabrir el penal de Challapalca volvería a poner a nuestro país en el escrutinio de la comunidad internacional que defiende los derechos humanos, porque se estaría incumpliendo una recomendación de la Comisión, que está sujeta a la Convención Americana de los Derechos Humanos", manifestó Rojas.

Publicado el miércoles 28 de febrero de 2007, en diario La República.