DOUGLAS CASSEL • Experto en derecho internacional, ex asesor de la CVR y director del Centro Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Northwestern (Chicago) • Visitó Lima para dictar una conferencia sobre derechos humanos y lucha antiterrorista a pedido del Idehpucp.

–¿En qué casos el Estado debe defender a los militares acusados de violaciones de derechos humanos que participaron en un conflicto interno como el que vivió Perú a partir de los años 80?

–Me parece justo que el Estado asegure la defensa adecuada a los militares acusados, pero también tiene la obligación de defender a las víctimas del conflicto, sobre todo si se trata de personas pobres que no tienen acceso al poder y la comunicación. No importa si un militar o un ciudadano cualquiera es el defendido. Lo más importante es que el Estado actúe con un principio de la equidad para ambos grupos.

–¿Qué mensaje se da a la población civil que sufrió la violencia, cuando el Presidente solo reivindica públicamente a los militares?

–En este tema, importa mucho cómo se plantea una política. Si el Estado dice: queremos que en el Perú haya juicios justos para todos, lo cual significa que todos merecen defensa adecuada, tanto los acusados como las víctimas, habrá un mensaje de justicia. Obviamente, si el Estado se inclina para un lado, se pierde esa intención.

–¿Cómo se ha manejado el tema en otros países de la región?, ¿de qué casos debemos aprender?

–El caso de Chile es un buen ejemplo, porque además de darles atención a los militares, el ex presidente Patricio Aylwin pidió en su momento perdón a las víctimas de violaciones y cuando salió el informe de la segunda comisión de la verdad, Lagos también hizo lo mismo. El Estado acogió a las víctimas.

–Aquí se ha preferido centrar el debate en la indemnización. Hay una resistencia a este tipo de reparaciones simbólicas.

–A pesar de eso, según mi experiencia, las víctimas priorizan tres cosas: conocer la verdad de las violaciones, que el Estado asuma su responsabilidad con ellos públicamente y pida perdón. No siempre se detienen en reparaciones económicas (indemnizaciones) aunque jurídicamente es importante al igual que la realización de un adecuado proceso judicial para sancionar a los culpables.

–¿Diría usted que la exigencia de reparaciones simbólicas es más común en nuestros países?

–En América Latina tendría que ser un hecho generalizado porque los Estados de este continente (como el Perú) tienen la responsabilidad jurídica de hacerlo al pertenecer al sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene mucha jurisprudencia al respecto y es de carácter vinculante. Cuando la Corte determina que el Estado ha violado los derechos humanos, una de las formas de reparación que exige es que acepte su responsabilidad y pida perdón. En otros países de Europa, Africa y Asia, los deseos de las víctimas son los mismos porque quieren recuperar su dignidad, pero es en América Latina donde existe mayor jurisprudencia al respecto.

–Un escenario tan polarizado como el Perú, donde los militares ven a los defensores de derechos humanos como enemigos, no resulta propicio para el cumplimiento de estas exigencias.

–La polarización no se limita al Perú. En El Salvador cuando salió el informe de la comisión de la verdad (a la que asesoró Douglas), los militares empezaron a decir que era impertinente, antiético, parcializado, a pesar de que los miembros de la comisión no tenían ninguna vinculación política con el país: estaba integrada por un ex presidente de la derecha de Colombia, un ex canciller de Venezuela y un jurista norteamericano, Thomas Buergenthal, actual juez de la Corte Internacional de Justicia. Pero hasta hoy los militares no tienen pruebas para desmentir por lo menos una palabra del informe.

–¿Cómo debe tomarse esto?

–Que los acusados, sobre todo cuando han gozado de amplia impunidad como en el Perú y El Salvador, no van a aceptar fácilmente su responsabilidad. Eso significa que es mayor el deber moral y jurídico del nuevo gobierno. Al Jefe del Estado le corresponde ponerse por encima de esa polarización y hablar en nombre de la nación, de la justicia y la paz. No se puede construir un futuro mejor en base a versiones distintas de la verdad, con una sociedad (civil y militar) que no entiende su propia historia y no se compromete a superar las causas de la violencia del pasado.

Publicado el martes 26 de setiembre de 2006, en diario La República.