OSCAR AYZANOA • El ex agente del Estado por el caso Castro Castro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explica por qué recomendó al Estado reconocer su responsabilidad en el asesinato a procesados por terrorismo, perpetrado en mayo de 1992 en el gobierno de Fujimori.

–¿Qué diferencias reconoce que existen entre lo que usted recomendó al Estado ante la demanda de la CIDH por el caso Castro Castro y lo que finalmente aprobó el grupo consultivo?

–Más que diferencias, hay precisiones. El global de la propuesta fue aceptado, de lo contrario, no hubiese seguido como agente.

–Pero el ex ministro de Justicia Tudela ha dicho que no se hace responsable de cualquier "desviación" de la estrategia oficial que usted haya ejercido

–Yo solo partí del hecho de que en los sucesos del 6 al 9 de mayo se produjeron violaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. Y las precisiones que hace el grupo consultivo es básicamente en función de las actuaciones que se hagan en el mismo proceso en la Corte, no se condiciona el reconocimiento de la responsabilidad a lo que diga el fuero interno sobre los hechos, o sea, el Poder Judicial.

–¿Y por qué no se optó por condicionar los medios probatorios del caso a lo que señalara el fuero interno?, ¿no cabía esa posibilidad legal como dice el Apra?

–Porque para la Corte la determinación de responsabilidades individuales, que son las que se establecen en un proceso penal en el fuero interno, no es necesaria para precisar la responsabilidad del Estado que ve la Corte.

–Es otro nivel de jurisdicción

–Exacto, en el caso Castillo Petruzzi la Corte establece claramente la diferencia. Pero, además, en otros casos del Perú la Corte ya había determinado violaciones del Estado sin necesidad de proceso previo en el Perú.

–¿No había garantías procesales con Fujimori para que se hallara justicia en la jurisdicción interna?

–Es verdad, no existían garantías. Pero también cuando yo empecé a ver el caso Castro Castro en noviembre de 2005 ya no había oportunidad de invocar el agotamiento de la vía interna porque ya estaba planteada la demanda ante la Corte. No había nada que hacer...

–El Premier asegura que podía haberse insistido en que la matanza de Castro Castro se produjo durante una dictadura y que ahora, en democracia, el Estado había adoptado medidas para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. ¿Esto tiene sentido?

–Hay un elemento fundamental en el derecho internacional público y de los derechos humanos, también en la jurisprudencia de la Corte: la responsabilidad continua del Estado. El Estado no se exime de sus responsabilidades aun cuando sus funcionarios actuaron más allá de la Constitución en un gobierno de turno como lo hizo Fujimori. No tenía sentido apelar a eso. Incluso aducir eso nos hubiese puesto en una situación de confrontación con la Corte.

–Y entonces, ¿cómo toma la reacción del gobierno aprista?

–No me corresponde pronunciarme sobre temas políticos, lo que sí creo es que el Estado debe prepararse más para entrar en esto porque falta mayor coordinación entre las instituciones involucradas en el tema y apoyo económico.

–Usted asegura que no contó con todo el apoyo para su labor, ¿en qué medida esto afectó a la defensa del Estado?

–Hay que partir del hecho de que no desempeñé el cargo de agente a exclusividad, fui contratado en el Ministerio de Justicia para otras funciones. Faltó, digamos, emitir oficios a las instituciones, tener un equipo de apoyo para cotejar toda la información posible sobre el caso.

–¿Qué le faltó cotejar?

–Quizás corroborar el nivel de las secuelas en los reclusos después de los hechos, pero hay un asunto de fondo: la contundencia de los hechos sobre graves violaciones de los derechos humanos. Si tú aceptas responsabilidad en los hechos, ya entrar en el detalle es una labor accesoria, no determinante.

–¿Usted también cree que no acatar el fallo de la CIDH es defender a Fujimori como señala el ex presidente de la CVR?

–El gobierno, no con afán de venganza sino como resultado de un análisis serio de lo que sucedió en el país en la época de la violencia, debe reconocer el fallo porque eso es lo que le corresponde a un Estado democrático. El gobierno debe acatar el fallo, creo que un sector del Ejecutivo lo quiere hacer.

Estado puede cobrarles a Fujimori y a los terroristas

 -¿Realmente es posible que el monto de las indemnizaciones a favor de los subversivos que le ordena ejecutar la CIDH al Estado pueda reducirse con un recurso de aclaración?

-Es difícil saberlo pero creo que en esta etapa lo que hay que hacer es un trabajo fino. El nombramiento del nuevo agente del Estado, el doctor Salgado, es una buena señal de que se puede hacer, pero con mayor coordinación y apoyo. Ojo, apelar a la figura de la compensación es posible, es decir, si algunos sentenciados por terrorismo deben al Estado y el Estado les debe a partir del fallo de la CIDH por el caso Castro Castro, se puede compensar. Eso se ha hecho antes. Sé que se está trabajando en eso.

-Así como apelar al derecho de repetición, es decir, exigirles a los funcionarios responsables, como Fujimori, para que le paguen al Estado.

–Claro, como Fujimori, Briones. No sé en qué situación está el caso en el Poder Judicial, pero como Estado siempre estamos cojeando. Tenemos 18 meses para lograr esto. Hay que ver que todos estos problemas no surgen por una mala defensa, el asunto de fondo es la irresponsabilidad de la clase política que no quiere retomar las enseñanzas del pasado.

-Algunos insistirían en decirle que no se hubiera llegado a este punto si se hubiese contextualizado de mejor forma el daño que ocasionó Sendero al país.

–Nosotros solo nos allanamos parcialmente y presentamos, en la contestación de la demanda respecto a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre las garantías procesales, que había una contradicción porque el Estado estaba implementando, a través de sus órganos regulares, mecanismos que permiten asegurar el derecho a la justicia de las víctimas. Para explicar eso, declaró ante la Corte el juez (Omar) Pimentel (del Segundo Juzgado Supraprovincial de Lima que tiene a su cargo el caso Castro Castro). En algún momento, la Corte lo valora, pero lo que resultó determinante fue el paso del tiempo, trece años, para alcanzar justicia.
 
Publicado el martes 16 de enero de 2007, en diario La República.